A tres años del 18-O: Al menos 28 carabineros han sido dados de baja por hechos vinculados al estallido social.
Por Ignacia Velasco.
Sólo 18 funcionarios de menor rango han sido desvinculados por hechos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, mientras que cinco fueron dados de baja por participar en robos o desórdenes y otros cinco por asistir a manifestaciones o criticar a la institución. Representan sólo el 3% de las bajas reportadas por Carabineros entre octubre de 2019 y mediados de este año.
Coronel, 22 de octubre de 2019. Han pasado tres días desde el comienzo de las protestas y un hombre es detenido por su presunta responsabilidad en algunos de los robos y saqueos que se han producido en la ciudad: se trata de Carlos Vidal, quien hasta ese momento se desempeñaba como cabo primero de la Subcomisaría de Villa Mora. Según los antecedentes de la investigación en su contra, en alianza con un gendarme, Vidal emitió salvoconductos para concurrir a los saqueos en un supermercado y una cadena de artículos de construcción en pleno toque de queda. Después de descerrajar las rejas del cierre perimetral de ambos establecimientos, Vidal esperó en un vehículo mientras su compañero robaba distintas especies.
Según un análisis realizado por Documenta, Vidal se convirtió en el primero de 28 carabineros que fueron dados de baja de la institución por hechos relacionados con el estallido social. La información se obtuvo gracias a la Ley de Transparencia y en ella se detallan todos los motivos de las bajas del Personal de Nombramiento Institucional (que incluye a funcionarios con grados desde carabinero hasta suboficial mayor) entre octubre de 2019 y mediados de este año. Si bien en el documento no se revela la identidad de los funcionarios, información entregada sobre las comisarías donde prestaban servicio, las fechas y los detalles de las acciones por las que fueron dados de baja permitieron rastrear los casos gracias al cruce con bases de datos del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a publicaciones de prensa, información que posteriormente se corroboró en el Poder Judicial.
En total son 920 las bajas cursadas por Carabineros en el periodo analizado. De acuerdo con la revisión de los datos, el motivo de desvinculación que más se repite entre los ex funcionarios es el consumo de alcohol con 265 casos, que representan un 29% del total. Otras causas de sanciones recurrentes son la violencia intrafamiliar o maltrato a parejas o ex parejas, con 76 bajas, y el consumo o posesión de drogas, con 66.
Para identificar los casos vinculados al 18-O se consideró el periodo entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020, además de las conmemoraciones de ese hito en los años siguientes. Si un caso coincidió en fecha pero no fue posible corroborar su contexto se excluyó de la selección. De los 28 casos identificados, sólo 18 funcionarios fueron desvinculados por hechos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, que a tres años de su inicio registra un saldo de más de 3 mil querellas presentadas por el INDH. Según el ultimo reporte de la institución, apremios ilegítimos es el delito más denunciado con 2.232 causas, seguido por violencia innecesaria con 660 y tortura con 551. También se observa que la cifra de condenas sólo llega a 13 y que Carabineros lidera en la cantidad de denuncias (2.987) y formalizados (179). Además hay 448 causas que ya finalizaron sin culpables.
Las otras bajas identificadas por Documenta fueron cinco desvinculaciones por la participación de funcionarios en robos o desórdenes públicos y otros cinco uniformados que asistieron a las manifestaciones o fueron críticos de la institución. La mayoría de los sancionados identificados tienen rango de carabinero (12) y cabo segundo (10), es decir, los dos grados más bajos. Otros tres funcionarios llegaron al grado de cabo primero antes de la baja y tres eran sargentos.
El cabo primero Carlos Vidal fue desvinculado de Carabineros el 23 de octubre de 2019, el día siguiente a su detención en Coronel. Dos años y medio después, el 14 de marzo de 2022, se le condenó a 61 días por robo en lugar no habitado, 61 días y una multa por receptación, 541 días por tenencia ilegal de municiones y a una multa por una infracción a la ley 20.000 o Ley de Drogas. Estos dos últimos delitos surgieron tras encontrar los proyectiles y una planta de marihuana y 0.28 gramos de cocaína en su domicilio cuando fue detenido. De acuerdo con su sentencia, gran parte de su condena la cumplió por los días en que estuvo con las medidas cautelares de prisión preventiva, arresto domiciliario parcial y total. La baja de Vidal fue una de las que más rápido se concretó, según el análisis de Documenta: el promedio de desvinculación de los funcionarios fue de siete meses desde el momento en que protagonizaron faltas graves.
Como Vidal, otros dos policías fueron dados de baja por participar en robos cometidos en fechas coincidentes con el estallido social. El único que habría cometido un delito estando de servicio y no de franco fue un ex cabo primero perteneciente a la 20ª Comisaría de Puente Alto. De acuerdo con la información de Transparencia y publicaciones de prensa sobre el caso, mientras estaba de turno en un supermercado mantenía contacto telefónico con una banda de delincuentes para avisarles cuando el local estuviera despejado para poder robar un cajero automático. Los delincuentes fueron atrapados por una patrulla mientras huían y posteriormente involucraron al cabo primero, quien fue formalizado el 26 de octubre de 2019. Durante la audiencia, la jueza no permitió que su nombre se divulgara en los medios, por lo que Documenta no pudo obtener información en el Poder Judicial sobre el resultado de la investigación.
El alcance de la sanción
“La baja en sentido estricto es llamar a retiro al personal en servicio activo. Si el retiro es absoluto, te deja sin posibilidad de regresar a la institución”, explica el abogado Sebastián Salazar, quien ha estudiado la regulación interna de Carabineros.
El retiro absoluto por baja se materializa tras un proceso de sumario o investigación simple. Según el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros Nº8, entre las acciones que motivan esta acción está la intemperancia alcohólica, conducta inmoral o impropia, faltas graves y responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción ordinaria o militar.
En la información entregada por Carabineros se detectó la ausencia de algunas bajas que fueron anunciadas en el contexto de la investigación de casos de violaciones a los Derechos Humanos conocidas públicamente. Por ejemplo, la desvinculación de dos funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo por el caso de la hoy senadora Fabiola Campillai. Uno fue dado de baja por no verificar su estado de salud, ni prestar auxilio y omitir el procedimiento legal correspondiente, mientras que el otro funcionario , sabiendo de lo sucedido tampoco la asistió, y declaró hechos contradictorios sobre lo ocurrido. Tampoco se encontró la causa de Gustavo Gatica, en donde un funcionario fue dado de baja por descargar imágenes captadas por la Cámara GoPro que portaba el día de los hechos en su computador antes de entregarlas a la Policía de Investigaciones (PDI) y sin dar debida cuenta de ello.
Estos casos no están en la lista porque se trata de funcionarios de Carabineros que tenían mayores rangos, pertenecientes al escalafón de Personal de Nombramiento Supremo, cuyo proceso de desvinculación es la “separación de servicio”. Según explicó Salazar, esta distinción radica principalmente en que se trata de escalafones distintos, ya que mientras para el Personal de Nombramiento Institucional sus destinaciones, ascensos y retiros son una atribución legal del general director de Carabineros, en el caso del Personal de Nombramiento Supremo, las atribuciones legales anteriores, incluidos los nombramientos, se autorizan formalmente mediante un decreto supremo firmado por el Presidente de la República. Sea una baja o una separación por servicio, el académico de las universidades Alberto Hurtado y O’ Higgins enfatiza en que ambas medidas terminan con los funcionarios fuera de la institución.
Documenta consultó a Carabineros por la información sobre el Personal de Nombramiento Supremo separado del servicio. Desde la institución manifestaron que los datos sólo pueden ser obtenidos a través de una solicitud de Transparencia y aclararon que “dar de baja” solo se aplica al Personal de Nombramiento Institucional, lo que explica que no se hayan incluido a todos los funcionarios en la respuesta entregada.
Bajas por violencia estatal
De las 18 desvinculaciones encontradas que tienen relación con las violaciones a los derechos humanos, uno de los casos con mayor grado dentro del Personal de Nombramiento Institucional dado de baja es el de Juan Maulén Báez, quien se desempeñaba como sargento primero en las Fuerzas Especiales de Cachapoal, Rancagua. El 13 de diciembre de 2019, cerca de las 11 de la noche y en el contexto de una manifestación en la zona, el ex policía se arrodilló, apuntó y disparó una bomba lacrimógena directamente a la cabeza de un hombre de 32 años que le daba la espalda a unos 8.5 metros de distancia. El impacto le generó un traumatismo craneoencefálico con fractura y pese a su lesión no fue auxiliado por su agresor ni por otro carabinero.
Desde el 3 de agosto de 2020 Juan Maulén cumple una condena de cinco años de libertad vigilada por el delito de homicidio frustrado y se convirtió en uno de los primeros funcionarios en ser condenado por violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Su baja se oficializó el 7 de marzo de 2020, dos días después de que se emitió la orden de detención en su contra y más de dos meses después de la agresión.
Una de las desvinculaciones que tardó más tiempo fue la de los cabos segundo de la 51º Comisaría de Pedro Aguirre Cerda Alexis Sepúlveda y Rubén Gajardo. Ambos fueron sentenciados el 13 de agosto de 2021 a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por dos apremios ilegítimos cometidos el 20 de octubre y 19 de noviembre de 2019. De acuerdo con el documento, los dos ex policías golpearon a jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones.
A diferencia de otras bajas, que se produjeron directamente por las formalizaciones o agresiones de los funcionarios involucrados, esta desvinculación se generó porque ni Sepúlveda ni Gajardo presentaron su solicitud de renuncia al empleo a su superior jerárquico dentro del plazo legal de 10 días desde que fueron condenados, lo que fue sancionado con la destitución de la institución. La baja se materializó el 30 de agosto de 2021, más de un año y medio después de la agresión.
Otros de los funcionarios dados de baja en relación con causas judicializadas por violaciones a los Derechos Humanos detectadas por Documenta, son tres cabos primeros que participaron en la golpiza que dejó postrado a Mario Acuña en Buin; tres carabineros y dos cabos segundo por agresiones a un joven en Puente Alto que quedaron grabadas en la cámara de una vivienda del sector; y dos cabos segundo y un carabinero actualmente imputados por torturas en la 43ª Comisaría de Peñalolén, entre otros.
Participación en manifestaciones y desmanes
Entre las bajas de Carabineros hay cinco ex funcionarios cuya desvinculación de la institución se originó por participar en protestas, mientras que otros dos ex funcionarios estuvieron involucrados en la elaboración de barricadas y en desórdenes públicos, respectivamente.
Quienes participaron en manifestaciones mantienen en común que criticaron en redes sociales a la institución. Uno de ellos es un ex sargento segundo proveniente de Arica que haciendo uso de su feriado publicó fotos y videos en Facebook participando de las manifestaciones y refiriéndose con términos despectivos hacia sus pares. Una situación similar derivó en la baja de un ex cabo segundo de San Pedro de la Paz que criticó la labor de Carabineros a través de una red social vistiendo su uniforme el 14 de septiembre de 2020 y que participó de manifestaciones del 18 de octubre de 2019. En una tercera baja se apunta como motivo a críticas realizadas al general director por Facebook y Whatsapp.
En la lista también está la desvinculación de un ex funcionario de la comisaría de Calama que “participó activamente en una marcha social realizada en la ciudad de Santiago siendo reconocido mediante redes sociales”.
En cuanto a los desmanes, la institución policial incluye entre sus bajas a un ex carabinero de Santiago que fue desvinculado luego de lanzar combustible a una barricada el 26 de noviembre de 2019 en Talca. De acuerdo a los cruces de información, el ex policía es Felipe González, quien enfrentó un proceso judicial por el delito de desórdenes públicos, por el cual fue sobreseído después de pasar por un procedimiento simplificado y firmar durante un año.
Las otras desvinculaciones
La respuesta de Transparencia entregada por Carabineros muestra que 892 carabineros han sido dados de baja por hechos sin relación al estallido social entre octubre de 2019 y finales de julio de este año. La más reciente tiene como fecha el 14 de julio de 2022 y se generó porque un sargento segundo proveniente de Los Ángeles golpeó a un compañero en el rostro con su puño y con una pala mientras se encontraba de franco.
Las causas de baja que más se repiten son los hechos relacionados con el consumo de alcohol, con 265 casos. En los detalles de las sanciones se observa que muchos de estos ex funcionarios fueron descubiertos conduciendo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, situaciones que en varias ocasiones derivaron en accidentes de tránsito. También se encontró que algunos consumieron alcohol durante el servicio o antes de llegar a él.
Aunque no es la mayor causa de desvinculación, la pandemia también impactó como uno de los motivos de término de las carreras, según los datos analizados. Hubo más de 30 sanciones relacionadas con funcionarios que no respetaron sus cuarentenas, el toque de queda y que incluso falsificaron permisos colectivos de desplazamiento.
En cuanto a sustancias ilícitas, hay 66 bajas de la institución por consumo, posesión o tráfico. La marihuana es la droga que más se repite, en su mayoría por resultados positivos en pruebas de detección o por posesión. Incluso se hallaron sustancias dentro de los casilleros de algunos funcionarios.
Otros delitos que fueron motivo de desvinculaciones y se reiteran son la violencia a parejas a través de malos tratos y amenazas (75) y los abusos sexuales y violaciones (36). En 19 de esos casos las víctimas son menores de edad. Robo, hurto, receptación y cohecho son otros de los delitos identificados y que generaron algunas de las eliminaciones.
18 de octubre, 2016
Fuente:https://documenta.labot.cl/a-tres-anos-del-18-o-al-menos-28-carabineros-han-sido-dados-de-baja-por-hechos-vinculados-al-estallido-social
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