Chile: Asesinados por carabineros en Plaza Dignidad.

El informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la revuelta social estableció que las violaciones a los Derechos Humanos ocurrieron “debido a las falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros”. Amnistía Internacional, por otro lado, fue enfática: “Los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no tenían precedentes en tiempos de democracia”. 

Además de los homicidios, las familias han enfrentado la falta de justicia. Y los motivos son múltiples. Lentitud en los procesos, información parcializada, falta de colaboración, incautaciones de aparatos defectuosos, falta de testimonios. Y gran parte de los elementos tienen un factor en común: el lento actuar de Carabineros de Chile.

Según la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, “en la medida que esas constancias no sean lo suficientemente completas, en que no sean inmediatas, en que no expresen con claridad la información, dificulta el hallazgo” de los responsables de los hechos investigados.

Y en tanto no haya culpables, las historias de estas tres personas no serán, así como sus vidas, más que deudas inconclusas. 

Tres caídos en Plaza Dignidad

Mauricio Fredes (33), Abel Acuña (29) y Cristian Valdebenito (48) fueron tres hombres que se manifestaron constantemente en la zona de Plaza Dignidad. Cada uno desde sus espacios. Pero todos con un mismo objetivo: conseguir mejores pensiones, mejor educación, mejor salud. Un Chile, un pueblo, más digno. 

Fredes era un joven maestro yesero oriundo de La Pintana. Acuña, joven maipucino, se había titulado recientemente de técnico laborista y trabajaba en un laboratorio clínico y banco de sangre. Junto a sus compañeros y su bandera asistía los viernes después del trabajo a expresar la necesidad de mejoras en las condiciones de vida de chilenos y chilenas. Valdebenito, por su parte, era padre de Cristian y Fernanda. Obrero de la construcción de La Pintana y, además, formó parte de la Primera Línea, organización popular fundamental para el desarrollo de las manifestaciones.

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El 15 de noviembre, a las 2:20 de la madrugada, los presidentes de los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Horas después, cayó Abel Acuña, el primer luchador que perdió la vida en Plaza Dignidad. 

Aproximadamente a las 21:00 horas, la plaza se iluminó con fuegos artificiales que los manifestantes lanzaban al cielo. Abel Acuña y su amigo Rodrigo Vergara estaban emocionados. Las luces se podían ver a pesar de la densa capa de gas lacrimógeno que cubría la zona. Debido a este manto tóxico, Abel comenzó a sentirse mal, por lo que, junto a su amigo, decidieron retirarse. Minutos más tarde Abel empezó a convulsionar; Rodrigo y otros manifestantes llevaron a Acuña al puesto de la Cruz Roja para que le hicieran maniobras de RCP. 

Rápidamente funcionarios del Samu Metropolitano se encargaron de los trabajos de reanimación y de contactar una ambulancia para su traslado a un recinto hospitalario. Para que el vehículo pudiera llegar hasta Abel, los manifestantes abrieron paso, pero “se metió un carro lanzagases, que afectó a la gente que estaba ahí. Aprovecharon el espacio para seguir agrediendo”, relata el padre de Abel, Anselmo Acuña.

A las 21:22 horas, cuando el móvil N°124 -que corresponde a una ambulancia nivel M3 de alta complejidad- se acercó hacia donde estaba el paciente, Carabineros lanzó una bomba lacrimógena que cayó junto al personal médico, lo que imposibilitó el procedimiento. 

La Circular Nº 1.832 -protocolo policial de mantenimiento del orden público vigente a la fecha del fallecimiento de Acuña-, restringía el uso de gases lacrimógenos o elementos disuasivos en presencia de infancias, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes o notorios problemas de salud. Sin embargo, la represión no se detuvo.   

A pesar de que el personal de salud encendió las balizas de la ambulancia, fueron invadidos por gases lacrimógenos, la acción del carro lanza agua número 50 y la utilización de escopetas antidisturbios, hechos que ralentizaron la acción médica. Subieron a Abel al carro para trasladarlo a la ex Posta Central. 

Cuando se retiró la ambulancia, el personal de salud recibió disparos de perdigones -“que en lugar de detenerse se intensificaban”, según se sostiene es una de las querellas- por parte de Carabineros, junto a chorros de agua que también impactaron al paciente, que ya se encontraba en la camilla. Cuando intentaron entubar a Abel, se percataron que, debido a la acción del carro policial, la cánula aérea se encontraba llena de agua. 

Según un estudio realizado en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, si las maniobras de reanimación inician “pasados dos minutos del colapso puede condicionar una reducción de la supervivencia a la mitad”.El ataque directo al equipo médico y Abel provocó seis minutos de retraso.

Al llegar al Hospital de Urgencias de Asistencia Pública continuaron las maniobras de reanimación, pero estas no dieron fruto. Abel Acuña falleció a las 21:45 horas del 15 de noviembre. Una vida desprendida que, sencillamente, pudo no haberlo sido. 

El funeral se realizó en su natal Villa Los Héroes en Maipú. Llegaron cerca de dos mil personas. Vecinos, manifestantes y barristas. “Fue la barra de la U y del Colo, no se peleó nadie porque él era amigo de todos. Él era un punto de unión”, recuerda su padre, quien aún busca justicia.

A tres años del homicidio de su hijo, aún espera justicia. 

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A metros del lugar donde cayó Abel, 42 días después murió Mauricio Fredes.

El 27 de diciembre, como todos los viernes, Mauricio asistió a manifestarse junto a sus amigos a Plaza Dignidad. Ese día Carabineros aplicó por segunda vez -según la querella penal interpuesta por su abuela, Sara Soto Valenzuela- la técnica de “copamiento preventivo” para disuadir a los manifestantes, lo que se tradujo en un aumento de aproximadamente 1.000 uniformados, bajo la política de “tolerancia cero” propugnada por el entonces General Director de Carabineros, Mario Rozas. Según Hiram Villagra, abogado querellante en el caso de Fredes, “la táctica de copamiento preventivo claramente no iba por el resguardo del orden público, sino que iba a impedir la manifestación”.

Al momento de retirarse del lugar, Fredes, sus amigos y otros manifestantes sufrieron una encerrona por parte de la policía, por lo que comenzaron a correr delante del carro lanza agua que los perseguía. Al momento de arrancar, Mauricio cayó en una fosa de 1.80 metros. Ubicada en la intersección de Irene Morales con la Alameda, el pozo contenía cables electrizados e inmediatamente fue inundado por el agua del vehículo policial.

—¡Guatón Lambi, Guatón Lambi!— gritaban sus amigos buscando a Mauricio. 

No hubo respuesta. Debido a la imposibilidad de comunicarse, el grupo de amigos se retiró del lugar esperando encontrar a Mauricio en el camino. Fredes no apareció.

Al día siguiente les informaron a sus amigos que Mauricio Fredes había fallecido a metros de ellos en la jornada anterior. Personal de salud, entre lluvias de agua y gases lacrimógenos, pudo sacar a Mauricio de la fosa. Fredes fue trasladado a la ex Posta Central sin signos vitales y, al llegar al recinto hospitalario, el equipo médico confirmó su deceso. Eran las 23:20 horas. La causa de muerte, especifica el certificado de defunción, fue sumersión por asfixia. El proceso judicial, a dos años y once meses, recién se encuentra en búsqueda de los primeros testimonios. 

El último día de 2019, su familia, amigos y compañeros, le dieron el último adiós a Mauricio Fredes. “El Lambi”, como era conocido por sus cercanos, fue despedido por cientos de personas. Entre ellos se encontraba Cristian Valdebenito, uno de los manifestantes con quien, sin saberlo, tantas veces compartió lucha. Y también destino.

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El viernes 6 de marzo de 2020, Ximena Valdebenito se encontraba en la playa disfrutando los últimos días de verano. Al terminar el día, recibió una llamada. 

—Ximena, a Cristian le pegaron los pacos. 

Inicialmente no le dio gran importancia. No era la primera vez que le pegaban a su hermano. Cristian era combativo, estoico. Había enfrentado la injusticia su vida entera. Y en nombre de eso, se convirtió en un icónico miembro de la Primera Línea. 

En el primer viernes de manifestaciones del año entrante se reactivó la movilización en Plaza Dignidad. Pero la represión fue cruenta. Según un reporte general del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ese día las acciones judiciales por violencia estatal aumentaron en relación a los primeros meses del año y, además, la agresión de agentes del Estado a observadores de Derechos Humanos aumentó en un 200% entre el 6 y 8 de marzo. Aun así, Cristian no cedió espacio a la duda.

“El Conejo”, como era llamado por sus cercanos, tal como en muchas otras jornadas, estuvo presente. Cuando cayó la noche, la represión policial se ensañó con los manifestantes aún presentes en la intersección de la Alameda con Ramón Corvalán. Las bombas lacrimógenas eran lanzadas directamente a la cabeza de quienes se movilizaban. 

De pronto, Cristian cayó al suelo. Fue atendido por sus compañeros, quienes lo llevaron a la zona del Museo Violeta Parra para ser asistido con tranquilidad. Producto de la gravedad de la herida fue trasladado a un centro asistencial, donde se constató una “herida contusa en zona occipital con dos paros cardiorrespiratorios”. 

Cuando Ximena tomó conocimiento del estado de salud de Cristian, llegó alrededor de las dos de la mañana a la ex Posta Central. Al encontrarse con el médico de turno, le preguntó por el estado de su hermano. El doctor fue enfático. 

—Yo te voy a decir la verdad, él nunca llegó aquí vivo. Sufrió dos paros cardíacos. Murió con el impacto, murió en el acto. 

Cristian sufrió muerte cerebral esa noche y tenía escasas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, el certificado de defunción establece que falleció a las 13:06 horas del sábado 7 de marzo, por una “laceración de la arteria comunicante anterior derecha y traumatismo cérvico cráneo encefálico por impacto con objeto”. Lo mató la bomba lacrimógena. La misma que -transcurridos los años, una investigación en curso y omisión de información- aún no se sabe quién la disparó. 

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Según el protocolo de mantenimiento del orden público vigente a la fecha de los tres fallecimientos, Carabineros contaba con cuatro principios para el empleo de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. De las 339 observaciones que registró el INDH en las jornadas de manifestación hasta marzo de 2020, en el 54% de ellas Carabineros usó gases lacrimógenos de manera indiscriminada; en el 40% utilizó fuerza excesiva; en el 49% hubo falta de focalización; y en el 60% de las ocasiones hubo falta de gradualidad. 

Las transgresiones a los protocolos dejaron víctimas como Abel, que observaba la manifestación junto a su amigo. Como Mauricio, que arrancaba del carro lanza aguas completamente desarmado. Como Cristian, que se encontraba entre la multitud de manifestantes. Ninguno representaba una amenaza a la integridad de Carabineros. No eran enemigos.

¿Enemigo interno? 

El 20 de octubre de 2019, a días del inicio de la revuelta social, el en ese entonces Presidente Sebastián Piñera salió en cadena nacional. Con las Fuerzas Armadas (FF.AA) desplegadas en el territorio, el mandatario se refirió a la situación que vivía el país. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que no respeta a nada ni a nadie”, dijo. 

Casi un mes después -y con al menos 24 personas fallecidas a la fecha- caía Abel Acuña. Pasó el tiempo y Fredes y Valdebenito también fallecieron por el actuar de agentes del Estado. Según cifras de Fiscalía, entre 2019 y 2020 se registraron 13.566 delitos relacionados a violaciones a los Derechos Humanos. La “guerra” dejaba su estela. Y algunas instituciones del Estado actuaron en nombre de ella. 

El hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto (EMCO) en septiembre pasado, reveló información sobre seguimientos que las FF.AA y policías realizaban a organizaciones sociales durante y después de la revuelta de 2019. El Colegio de Profesores, estudiantes secundarios, colectivas feministas, grupos de ciclistas, ollas comunes y demás movimientos eran monitoreados por organismos de inteligencia policial. 

En los documentos también se reveló que la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JENAINPOL) hacía informes en los que calificaba el nivel de “conflictividad social” que presentaban los eventos programados para los días entrantes. Los niveles de riesgo podían variar desde bajo hasta alto. Con el nivel máximo de peligrosidad, figuraban, por ejemplo, cacerolazos. Además, algunos informes elaborados por las FF.AA contenían interpretaciones políticas sobre la contingencia.  

En un contexto de alta tensión política y movilización social, las Fuerzas Armadas y de Orden Público operaban, aparentemente, bajo la lógica del enemigo interno. En medio de seguimientos -además del actuar de FF.AA e inteligencia policial, Carabineros se infiltró en las movilizaciones a través del equipo Intramarchas-, represión y homicidios, los ciudadanos se manifestaban a pesar de la violencia estatal que tenía consecuencias concretas.

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Un informe emitido por Amnistía Internacional sostiene que Carabineros no solo usó fuerza de manera excesiva, “sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intención de causar sufrimiento o sabiendo que podían causarlo”. Estas acciones, continúa el documento, “habrían sido la consecuencia de una práctica premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a las personas manifestantes y dispersarlas a toda costa”.

Según Gabriel Aguirre Luco, abogado del INDH y quien lleva la causa de Abel Acuña, “el nivel de caos de los primeros días del estallido parecía similar al de casos en dictadura. Hubo patrones en el uso de escopetas antidisturbios y uso de carabinas lanza gases que eran utilizadas al tercio superior de las personas”. Carlos Margotta, presidente de la CChDDHH, sostiene que durante la revuelta hubo “no violaciones constitutivas de excesos de algunos integrantes de las fuerzas policiales, sino que hubo una política”. 

Durante la revuelta, Mario Rozas sostuvo que los uniformados involucrados en violaciones a los Derechos Humanos contaban con “todo el apoyo y todo el respaldo” del Alto Mando de Carabineros. “A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, a nadie. Aunque me obliguen no lo voy hacer”, le aseguró a sus subordinados. Las afirmaciones del actual imputado en al menos 36 casos por delitos de lesa humanidad se enmarcaron en un contexto de generalizados casos de violencia estatal. 

Según un balance realizado por el INDH, hasta mayo de 2021 se registraron 504 denuncias de violencia sexual, 1.082 por tortura y tratos crueles, 2.133 personas heridas por armas de fuego, 460 personas con pérdidas oculares y 34 víctimas de homicidio. A la fecha, la mayoría de los delitos denunciados no cuenta con sentencia.

Y los caídos en Plaza Dignidad tampoco.

En búsqueda de verdad y justicia

La familia Fredes, Anselmo Acuña y Ximena Valdebenito están extenuados. Han sido extensos procesos judiciales, sin hallar respuestas. Diligencias, búsqueda de evidencia, peritajes, reconstituciones de escena y demás trámites que, a tres años de iniciados los procesos, aún mantienen las respectivas causas en tramitación.

En el caso de Abel Acuña, la Fiscalía Metropolitana Oriente busca la identificación de quienes obstruyeron la atención médica del joven maipucino. La querella penal interpuesta el 21 de noviembre de 2019 continúa sin responsables. 

En el caso de Mauricio Fredes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte trabaja para identificar quién conducía el camión policial y quién maniobraba el chorro que inundó la fosa donde perdió la vida. El caso judicial abierto el 12 de febrero de 2020 continúa sin responsables. 

En el caso de Cristian Valdebenito, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, liderada por la fiscal Ximena Chong, investiga quién de los múltiples tiradores le quitó la vida al “Conejo”. La querella criminal interpuesta el 13 de mayo de 2020 continúa sin responsables. 

Del total de 13.566 delitos por violaciones a los Derechos Humanos que registra el Ministerio Público entre enero de 2019 y septiembre de 2020, solo un 7,11% (956 causas) se encuentran con imputados conocidos. El 92,8% restante (12.601 causas) están con los responsables sin identificar.

Las cifras en materia de condenas son aún más reducidas. De los aproximadamente 14 mil delitos por violaciones a los Derechos Humanos registrados entre 2019 y 2020, 10.813 fueron cometidos durante la revuelta, según información de la Fiscalía. Del total, solo 14 (0,1% de los casos) han tenido condena.

La Fiscalía Centro Norte, por ejemplo, que concentra dos de los tres casos y la mayor cantidad de denuncias a nivel nacional, acumuló aproximadamente 3.500 causas del total de 10.813. A la fecha no hay ninguna sentencia. 

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Desde que iniciaron los procesos en búsqueda de responsables, las familias se han encontrado con dificultades para acceder a la justicia. 

Ximena y su familia, cuenta, sufrieron amedrentamiento. “Salíamos de la casa y había carabineros en la esquina. O venían por cualquier cosa, buscando a personas que ellos sabían que no estaban. Querían ver cómo se movía el entorno”, narra. La familia de Fredes, según la defensa, también vivió amedrentamientos. Por otro lado, Anselmo Acuña ha recibido amenazas de muerte por redes sociales. 

Además, han debido sortear otro tipo de interrupciones. El entorpecimiento en las diligencias también ha formado parte de las dificultades. 

Según la fiscal Ximena Chong, las investigaciones por delitos de Derechos Humanos han enfrentado demoras en ciertos casos. Los motivos son diversos: información parcializada, “omisiones” en los registros de la institución y “vacíos informativos que no es posible llenar, sino con declaraciones de testigos”. 

Además, la no utilización de parches identificatorios, falta de obligatoriedad -hasta el 17 de julio de 2020- en el uso de cámaras corporales y desprolijidad en los registros radiales al momento de usar armamento antidisturbios, también formaron parte de los procesos, asegura la magistrada. 

En el caso de Valdebenito, por ejemplo, la Fiscalía Centro Norte incautó un dron que contenía información sobre la investigación. El aparato estaba defectuoso, la información almacenada no estaba disponible en un inicio, y solo fue a través del trabajo de criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) que se pudo acceder y recuperar las imágenes requeridas.

Desde la defensa de Abel también han lidiado con informaciones parcializadas. Demoras en la entrega de diligencias y falta de voluntad para esclarecer los hechos. “No ha habido colaboración genuina de Carabineros y el resto de instituciones. Si no, sabríamos perfectamente quiénes fueron. Hay cooperación a cuenta gota, porque la información que se pide se entrega, pero parcializada”, asegura Aguirre Luco.

Dificultades también han sido las que ha enfrentado la familia de Mauricio, que, a casi tres años del homicidio, el caso prácticamente no cuenta con avances. La justicia recién recopila relatos de testigos. “Más que diligencias no hechas, es la extremada lentitud de las diligencias. Hay un ritmo excesivamente pausado”, asegura Villagra.

La lentitud u omisión de las diligencias exigidas por las partes querellantes extiende, según las familias, un manto de impunidad sobre los responsables. Anselmo afirma que “quienes permiten impunidad es la política misma. Un Estado que no los va a encarcelar. Y aquí las directrices las dio el entonces director de Carabineros, Mario Rozas”.

Según el INDH, en el 92% de los casos registrados funcionarios de Carabineros figuran como imputados. En las querellas penales de Fredes y Valdebenito, Mario Rozas aparece en calidad de querellado. Nos comunicamos con el despacho de Carlos Cortés Guzmán, abogado del ex uniformado, y, hasta la publicación de este reportaje, no obtuvimos respuesta.  

Las investigaciones, por mientras, abogan por llegar a la verdad. En un contexto de entorpecimientos a los procesos judiciales, hay quienes aún investigan en nombre de la justicia. La fiscal Chong asegura que el deber de la Fiscalía es “agotar todos los medios para poder superar esas coyunturas y hacerse de la información de manera tal que podamos establecer” la verdad. 

Las familias, en tanto, esperan. Y hasta que no haya respuestas, lidiarán con la injusticia. 

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El vacío que dejaron los crímenes fue inconmensurable. El espacio que dejó Mauricio Fredes. La mitad del alma que perdió la familia de Cristian. El silencio que habita en los muros de la casa de Abel. Desde entonces, sus familias buscan algo. 

Anselmo Acuña, día tras día, enciende una vela a los pies del memorial de su hijo Abel que se encuentra a metros de su hogar. Y, de vez en cuando, recurre a la escritura. En uno de sus textos publicados, afirma: “Los deseos que tenemos son justicia y libertad. Queremos un país donde se respete el estado de derecho. Y no se nos encarcele, y menos se asesine a nuestros hijos por dar esta lucha”.

Por su lado, Ximena, a pesar de que la justicia que puedan encontrar -como dice- “no nos va a devolver nada”, asiste jueves por medio al memorial de su hermano, en Irene Morales con Alameda. Un acto de respeto, un rito incansable; alzar la memoria viva de Cristian. Ella -junto con las familias de Mauricio y Abel- busca a los responsables de la muerte de su hermano y hacer justicia por su familia. Porque, al igual que “El Conejo”, no parará hasta “vencer o morir”.