General Yáñez es imputado e investigado por la Fiscalía y las implicancias de «La Manada» el club de fiestas con fines sexuales de Carabineros.
por Josefina Barraza Diaz/ El Ciudadano.
General de Carabineros esta imputado por incumplimiento de deberes militares y desacato. Durante esta investigación se descubrió la existencia de “La Manada”, un grupo de oficiales de Carabineros que organiza fiestas con fines sexuales, quienes actualmente son investigados por presunto abuso sexual y laboral.
En mayo de 2019, el cabo segundo Francisco Monroy, fue acusado de amenazar de muerte al capitán José Saavedra. En la investigación criminal en su contra, se reveló falsificación de documentos siendo el fiscal militar de la causa, Felipe Arias Stange -nieto de Rodolfo Stange-, abogado de Saavedra en la misma causa. A pesar de que estas irregularidades fueron denunciadas a Ricardo Yáñez, el General Director omitió la información a los tribunales de justicia, por lo que actualmente está imputado en la Justicia Militar por incumplimiento de deberes militares y desacato. Además, durante esta investigación se descubrió la existencia de “La Manada”, un grupo de oficiales de Carabineros que organiza fiestas con fines sexuales -entre ellos Saavedra-, quienes actualmente son investigados por presunto abuso sexual y laboral.
Mediodía del 29 de mayo de 2019, y el cabo segundo Francisco Monroy se encontraba de servicio junto al sargento segundo Roby Muñoz y la cabo segundo Rocío Salazar, en el supermercado Unimarc -ubicado en avenida Teniente Cruz con San Pablo-. De pronto, una comunicación radial proveniente del capitán José Saavedra Carrasco, interrumpe el momento provocando alerta en el cabo Monroy, quien contestó raudo sin titubear. Minutos después y en la entrada del lugar, apareció Saavedra, caminando rápidamente, con rostro molesto.
“(Saavedra) Se notaba que venía enojado y nos comenzó a gritar a viva voz, diciendo de forma prepotente y descortés “ustedes qué hacen aquí” a lo que nosotros respondimos que mi sargento se encontraba en el baño, lo que provocó un mayor enojo a mi capitán, diciendo de forma despectiva “ustedes siempre hacen lo mismo, ustedes son simples cabos y deben hacer lo que se les ordena”, todo esto con gritos delante de los civiles (…) acto seguido me devolvió la hoja de ruta, se iba retirando, se dió la vuelta y nos señala “ya me aburrí, ustedes están pasados al parte de novedades y al sargento le pediré cuenta por escrito””, se lee en la declaración de Monroy ante la Fiscalía Militar, el 30 de mayo de ese año.
Según antecedentes del caso, al interior del supermercado, Saavedra golpeó -en el chaleco antibalas- al cabo con la antena de su radio portátil, lo que provocó sorpresa en los civiles. Incluso, aquella escena fue corroborada por la cabo 2° Salazar, Christopher Rojas, guardia del supermercado Unimarc, y otros trabajadores del local.
Respecto a Monroy, declaró que 45 minutos después de lo ocurrido, y estando en la 26° Comisaría de Pudahuel, recibió una llamada en su celular de la Central de la Comisaría, quienes le notificaron que había pasado al parte de novedades, sintiendo impotencia, mientras buscaba a algún superior para explicarle lo ocurrido. Pero, en el patio de la unidad policial solo encontró a Saavedra, quien le preguntó qué pasaba. Monroy le respondió que él los había humillado y tratado mal delante de civiles, lo que en ese momento era negado por el capitán, por lo que llamó a la cabo Salazar para preguntarle si los había tratado mal, a lo que ella dijo “sí, nos humilló frente a los civiles”.
“Con esta respuesta mi capitán se ofusco y me dijo cálmate, ponte firme, y pega las manos, de lo contrario te tomaré detenido por insubordinación (…) en los casilleros comencé a llorar nuevamente para poder desahogarme, estando en ese lugar llegó mi mayor Chávez, quien es el subprefecto Administrativa de la Prefectura Occidente y me preguntó qué había pasado, contándole todo lo sucedido (…) además llegó a este mismo lugar el subprefecto de los servicios comandante Neira, quien me notificó de mi detención (…) a las 22 horas fuí notificado de mi baja institucional”, explicó Monroy, en la investigación en su contra.
El capitán Saavedra denunció al cabo de amenazas de muerte con un arma de fuego, por lo que Monroy fue privado de libertad, y pasado a control de detención ante la Segunda Fiscalía Militar de Santiago. El abogado del cabo, Marcos Herrera, aclara que no existía una orden previa que autorizara la detención.
Por lo anterior, se inició una investigación criminal en contra del cabo Francisco Monroy, por los delitos de amenaza de muerte y ofensa a un superior, mientras que el 24 de junio de 2019, el abogado Marcos Herrera, interpuso una denuncia criminal en contra de José Saavedra Carrasco, por el delito de maltrato de obra a inferior, por lo ocurrido al interior del supermercado.
Sin embargo, este caso recién comenzaba.
Red de protección
En un informe policial emitido por la Policía de Investigaciones -el 6 de agosto de 2019-, se detalla que el oficial aprehensor y que confeccionó el parte policial fue el cabo 1° Diego Pereira, siendo firmado por el sargento 1° Juan Manuel Caffarena; es decir, ninguno de los dos funcionarios estaba presente en los hechos, por lo que incurrieron en el delito de omisión, al no adoptar un procedimiento flagrante, lo que también se contradice por lo declarado por José Saavedra.
En otro informe policial de la PDI -del 29 de agosto de 2019-, se menciona la declaración del subteniente Mario Zambrano, quien afirmó que respecto al parte de detenidos, desconoce el porqué se menciona que es testigo presencial, y que cuando facilitó su declaración para confeccionar dicho documento, lo realizó un tercero, quien le entregó el documento para que lo firmara.
“Tampoco se señala si algún testigo presencial, habría visto tal acción (amenaza de muerte), lo que hace al oficial investigador, dudar de los hechos narrados en el parte con detenidos (…) el mismo subteniente declara no haber confeccionado su declaración, si no que ésta debió solo ser firmada por él y confeccionada por el capitán (Saavedra)”, concluye el informe de la PDI.
No obstante, a pesar de estos resultados, el fiscal militar a cargo de la causa, el mayor Patricio Palacios (de la Segunda Fiscalía Militar), no consideró las conclusiones expuestas en los informes de la PDI. Por lo que, el 15 de febrero de 2021 -y tras dos años de investigación sin esclarecimiento-, Marcos Herrera interpuso una queja disciplinaria ante la Corte Marcial, en contra de Palacios y su secretaria, Monserrat Navarro, por proteger a José Saavedra Carrasco, impidiendo la defensa de Monroy, a través de la dilatación del proceso. Lo anterior fue aprobado por la Corte, siendo inhabilitados del caso.
Sin embargo, en agosto de 2021 entró a la causa un nuevo fiscal: Felipe Arias Stange, nieto del ex general director de Carabineros (1985-1995) y miembro de la Junta Militar, Rodolfo Stange.
El 13 de agosto de 2019, y apenas ingresó a la causa, Arias Stange cerró el sumario criminal con el objetivo de no realizar más diligencias, y condenar a Francisco Monroy.
Respecto a esto, el 20 de agosto (2019), Marcos Herrera presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio ante la Corte Marcial, puesto que, Arias Stange cerró el proceso de manera ilegal y arbitraria, a pesar de existir diligencias pendientes. Cinco días después, Arias Stange respondió dicho recurso, afirmando que “no ha lugar, toda vez que las diligencias solicitadas, no son trascendentes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.
Pero, la Corte decidió reponer el estado de la causa, practicando las diligencias pendientes, siendo un duro revés para Arias Stange. Por esto, el 21 de octubre de 2021, el abogado de Monroy, interpuso una queja disciplinaria en contra del fiscal militar, el capitán Felipe Arias Stange, por no cumplir el fallo de la Corte Marcial, sobre las diligencias solicitadas, y por ser abogado de José Saavedra en la misma causa.
“Esta Corte procediendo de oficio declara inhabilitado a Felipe Arias Stange, fiscal militar de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, toda vez que consta que hizo una defensa letrada (de Saavedra) (…) por los mismos hechos que son materia de investigación”, se lee en la resolución de la Corte Marcial del 25 de noviembre de 2021.
-Lo inhabilitaron de la causa, pero debieron sancionarlo, y sacarlo como fiscal militar. No lo sacaron y sigue trabajando como fiscal militar en la Segunda Fiscalía Militar, por ser hijo de general y nieto del General Stange, lo que da cuenta del tráfico de influencias y corrupción que hay en Carabineros-, comenta Herrera, en conversación con El Ciudadano.
El imputado Ricardo Yáñez
El 14 de diciembre de 2020, Marcos Herrera, abogado de Francisco Monroy, concurrió a la Oficina de Partes de Carabineros, con el propósito de que el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, conociera una denuncia en contra del coronel Oscar Figueroa y el mayor Rodrigo Mansilla, por una serie de inconductas durante el sumario administrativo de la Prefectura Santiago Occidente, en contra del cabo Monroy.
En las conclusiones de aquella investigación interna, Figueroa determinó que Francisco Monroy sí amenazó de muerte a Saavedra, siendo testigos de ello, el subteniente Nicolas Araneda y suboficial Mario Zambrano (lo que fue desmentido por la PDI).
“Se pone en conocimiento del General Director que la resolución dictada por el coronel de Carabineros Oscar Figueroa, fue realizada con exiguos medios de pruebas, y se montó con antecedentes falsos los que fueron fabricados por el capitán de Carabineros José Saavedra, quien le imputo a Francisco Monroy los delitos de insubordinación, amenaza de muerte (…) el capitán de Carabineros José Saavedra y el coronel Oscar Figueroa, cometen los delitos de falsedad ideológica, perjurio, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa”, se lee en la denuncia criminal del 12 de marzo de 2021, en contra de Yáñez, Figueroa, Mansilla y Alejandro Casanova (general jefe Zona Oeste), interpuesta ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago.
En cuanto al rol del mayor Rodrigo Mansilla, se le acusa de obtener información sensible de Monroy de manera clandestina e ilegal, y que fue enviada al Ministerio Público. Marcos Herrera insiste en que todos estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de Ricardo Yáñez.
“El General Director Ricardo Yáñez, tomó conocimiento de estos hechos, que son constitutivos de delitos por parte de oficiales subalternos de la institución, no solo omitió denunciar estos hechos a los tribunales de justicia, sino también no dio respuesta a la petición del abogado (Herrera) (…) Sin embargo, el General Director de manera ilegal remite los antecedentes al jefe de Zona Oeste, coronel Alejandro Casanova, quien teniendo conocimiento de los hechos no da cuenta de ellos a los tribunales”, detalla la denuncia, la que revela que tanto Yáñez como Casanova cometieron los delitos de incumplimiento de deberes militares y omisión de denuncia, mientras que Figueroa y Mansilla, prevaricación administrativa y abuso de poder.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2021, Herrera pidió vía solicitud de Transparencia el sumario administrativo en cuestión, recibiendo como respuesta que no hay registro de dicho sumario, lo que revelaría un extravío del documento -según lo explicado por Transparencia-. De este modo se habría ejecutado un nuevo delito por parte de Yáñez: Infidelidad en la custodia, por no resguardar una investigación interna.
Además, Marcos Herrera también denunció a Yáñez por el delito de desacato, ya que, el 17 de junio del año 2021, el juez militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago, Rocco Lancellotti, determinó que se remitieran todos los antecedentes (de la denuncia del 12 de marzo, incluyendo el sumario administrativo) a la unidad policial que corresponda a través de la Segunda fiscalía Militar letrada de Ejército y Carabineros de Santiago. Pero, el sumario administrativo no fue enviado a ningún departamento policial, lo que revelaría que Yáñez quebrantó cumplir una orden judicial.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2022, el Segundo Juzgado Militar de Santiago, determinó iniciar una investigación criminal en contra de Ricardo Yáñez por los delitos de incumplimiento de deberes militares y desacato -encontrándose en calidad de imputado-, siendo designado como fiscal militar, el coronel de Carabineros Alberto Veloso.
Respecto a esto, Herrera solicitó revocar a Veloso como fiscal de la causa, puesto que, no es correcto ni imparcial que investigue a su superior jerárquico.
En cuanto a lo anterior, Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, afirma que en la práctica los generales de Carabineros parecieran considerarse a sí mismos funcionarios públicos especiales, es decir, no tendrían que asumir responsabilidad de mando, ni tampoco responder de sus propios actos.
Desde el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, confirmaron que Ricardo Yáñez es investigado por la Fiscalía Militar por los hechos anteriormente descritos. También se solicitó la versión del General Director respecto a este tema. No obstante, hasta el cierre de este reportaje sigue sin emitir respuesta.
La Manada de Carabineros de Chile
A pesar de lo ocurrido entre el cabo Monroy y el capitán José Saavedra, este último fue ascendido a mayor -quien solo fue amonestado por el maltrato verbal a Monroy-. Sin embargo, su nombre se encuentra involucrado en otra causa: La Manada.
El 5 de marzo de 2021, el abogado de la Defensoría Policial, Esteban Infante, presentó una denuncia ante la unidad de Asuntos Internos de Carabineros de Chile, revelando la existencia de un grupo de oficiales de Carabineros de la Prefectura Oriente, quienes durante la pandemia realizaron fiestas con fines sexuales.
“(Un capitán llamó) señalándome que en la Prefectura Oriente, en la cual trabaja, había un grupo de alrededor de 15 oficiales de Carabineros, liderados por su Prefecto el coronel Sólis, quien frecuentemente realizaban concentraciones (reuniones) de Oficiales de sexo masculino, en donde obligaban a asistir a estas reuniones a personal femenino de la institución, tanto del grado de subteniente como carabinero. En caso de que estas mujeres no quisieran acudir, eran acosadas laboralmente (…) (un ejemplo) el caso de la carabinero N.A, quien habría denunciado al mayor Casas-Cordero, y que debido a este hecho fue trasladada a la 18° Comisaría, en circunstancias que ella era víctima de delito”, relató Infante a Asuntos Internos.
En los antecedentes expuestos en la denuncia, se especifica que el cabecilla de este grupo es el Prefecto Raúl Sólis -actualmente director de la Escuela de Suboficiales de Carabineros-, junto al comisario de la 43° Comisaría de Peñalolén, mayor Christian Bichett; en tanto otros integrantes son el comisario de la 46° Comisaría de Macul, mayor Hernán Casas-Cordero, el comandante Rodrigo Soto, capitán Pérez de la 46° Comisaría de Macul, capitán Sánchez de la 43° Comisaría de Peñalolén, y el capitán de la 43° Comisaría de Peñalolén -y ahora mayor-, José Saavedra Carrasco.
El modus operandi de este grupo consistía en invitar a carabineras y subtenientes a fiestas, para luego “emborracharlas, agredirlas sexualmente, a cambio de beneficios institucionales” -se detalla en los documentos del caso-. Incluso, las funcionarias de menor antigüedad eran obligadas a asistir, o de lo contrario serían trasladadas o tendrían recarga de servicio.
-Este grupo de oficiales, ellos mismos se autodenominaban “La Manada”, como ese grupo que violó a la joven en España (…) según lo que me informó este capitán, estas reuniones terminaban en orgías, por lo tanto aquí hay delitos de abuso sexual y laboral (…) Cuando le informé al General Director (Ricardo Yáñez), como estaba alineado con él, le informaba todas estas denuncias, y así lo demuestro en los WhatsApp de registro que tengo, él al principio lo tomó de forma seria (…) pero durante todo este tiempo ha existido una especie de encubrimiento, porque otros funcionarios ya habrían sido dados de baja o removidos de sus funciones. Yo denuncié este caso al General Director y al Ministerio Público-, comenta Esteban Infante a este medio, quien insiste en el encubrimiento del alto mando institucional.
Este medio tuvo acceso a los mensajes vía WhatsApp entre Ricardo Yáñez y Esteban Infante, en el que se corrobora lo dicho por Infante. Incluso, Yáñez dice que respeta a las personas, por lo que no se referirá con apodos tales como “La Manada u otros”. En tanto el defensor policial, enfatiza en el encubrimiento del General Director en este caso.
Desde el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, confirmaron la existencia de un sumario administrativo por el caso “La Manada”, el que hasta la fecha sigue vigente.
Respecto al mayor José Saavedra Carrasco, actualmente es alumno de la Academia de Ciencias Policiales, preparándose para ejercer cargos de alto mando en Carabineros.
Para Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, esto es muy extraño, ya que, un funcionario que es investigado en un sumario administrativo, no debiese ser admitido en la academia de acuerdo con el Reglamento del Instituto Superior Nº 28 que regula esto.
-Un oficial sometido a sumario debería estar en Lista de Selección N° DOS y, por tanto, no cumpliría con los requisitos de postulación a la Academia de Ciencias Policiales. El artículo 41 letra a) del Reglamento del Instituto Superior de Carabineros, N°28, establece que para optar a su ingreso, los capitanes deben estar clasificados en Lista N° UNO y los mayores en Lista N° DOS porque se supone que se trata de su primera calificación y no porque están sumariados-, dice Soto.
El Ciudadano contactó al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría de la misma cartera, para conocer sus versiones sobre la investigación en contra de Ricardo Yáñez y el caso del cabo Monroy. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no han emitido respuesta.
Actualmente, sigue vigente en la Fiscalía Militar la causa judicial en contra del cabo Francisco Monroy, y Ricardo Yáñez; en tanto el sumario administrativo por el caso Manada sigue en etapa de diligencias.
Fuente: https://www.elciudadano.com/portada/general-yanez-es-imputado-e-investigado-por-la-fiscalia-y-las-implicancias-de-la-manada-el-club-de-fiestas-con-fines-sexuales-de-carabineros/02/28/
No me extraña el comportamiento de este Alto Mando de Carabineros. Quien tiene Poder, puede, y este Poder, en una Institución donde trabajan mujeres, jóvenes y bien parecidas, se presta para que se cometan crímenes sexuales contra estas personeras que también representan dicha Institución. El Poderoso, tapa y encubre, esas acciones, encubriendo a quienes las cometieron, y haciéndose él, CULPABLE DE HECHO….
Es el Patriarcado, presente en Carabineros, como lo está en todas las Instituciones del Estado