Chile transición: oda a la indolencia y la impunidad.

La semana pasada, poco antes de lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, admitió en una entrevista radial que la relación con las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura ha sido “dura”, algo que desde el mundo de estas organizaciones reconocen como lógico, dado el historial de problemas, falta de interés y negligencia que –acusan– han visto en todos los gobiernos democráticos, aunque señalan que de parte de la actual administración han observado una actitud distinta, especialmente de parte del Presidente Gabriel Boric.

El historial de negligencias es largo, pero quizá la que más duele aún, por lo reciente, es la que quedó en evidencia en febrero de este año, cuando la ministra especial para causas de derechos humanos, Paola Plaza, se reunió con ellos en Calama, informándoles acerca de lo que había sucedido con 89 cajas con osamentas y restos culturales que, el año 2001, fueron enviadas en custodia al Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sin que se hicieran mayores diligencias en torno a ellas sino hasta inicios de este año. Es decir, pasaron 22 años en un casi total abandono.

Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), describe ese momento como un “horror”, destacando la actitud de la jueza que, luego de enterarse de lo acontecido con ellas, no solo inició los peritajes del caso, sino que, además, “inmediatamente informó a la Corte Suprema y eso llevó a que se hiciera el encuentro allá en Calama, con los familiares de Calama, y lo bueno que no solamente fue con directiva de las agrupaciones, sino que también con familiares directos (de personas desaparecidas) y ahí se nos informó que llevan 20 años estas cajas y que incluso en 2019 las habían trasladado porque están llenas de hongo, además se están humedeciendo por filtraciones”.

Por ello, Lira no duda en decir que “hay una indolencia, una desprolijidad, una falta de empatía” y, aunque le cuesta hacerlo, critica a jueces icónicos en el mundo de los DD.HH., explicando que “el ministro Juan Guzmán debió haber tenido la deferencia” de informar sobre lo que pasaría con las cajas: “Debería haberles avisado a los familiares, a sus abogados” sobre lo que pensaba hacer. Asimismo, señala que “siendo el juez Alejandro Solís tan excelente en la empatía, en el trabajo juicioso, tampoco nos informó que esas cajas estaban ahí”.

Las historia de las cajas

El 8 de mayo de 2001, el entonces ministro en visita extraordinario para causas de derechos humanos, Juan Guzmán Tapia, envió un oficio al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, ubicado en avenida La Paz, a fin de “solicitar que sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile”. 

Las razones exactas por las cuales el ministro ordenó aquello no son conocidas, aunque varias fuentes señalan que ya en aquellos años este desconfiaba de las competencias del SML –algo que quedó en evidencia en 2006, con los errores cometidos en la identificación de los cuerpos hallados en el Patio 29 del Cementerio General– y, ante ello, decidió que era mejor almacenar dichos restos en la Universidad de Chile (ubicada a pocos metros del SML).

Se trataba de 89 modestas cajas de cartón obtenidas quizá en algún almacén de Independencia: las imágenes difundidas hace un par de semanas por ‘Informe Especial’, de TVN, muestran cajas de fideos Carozzi, otras de duraznos en conservas, también de aceite vegetal, así como algunas de papel de fotocopia, seguramente las que se iban desocupando en las fotocopiadoras del SML. 

En las cajas, al interior de bolsas de papel kraft en su mayoría –que es el procedimiento estándar para la conservación de muestras biológicas–, había osamentas y restos culturales obtenidos en diversos hallazgos hechos en sitios en que se presumía estaban los cuerpos o lo que quedaba de ellos, prisioneros políticos, en lugares como cerro Chena (San Bernardo), una fosa común del Cementerio Municipal de Concepción, Rahue Alto (Osorno), Pampa Dolores (Calama) y otros sitios.

Pasaron 11 años sin que nadie pareciera siquiera acordarse de las cajas, como lo refleja una minuta al respecto confeccionada por el SML, a la cual El Mostrador tuvo acceso. La misma indica que el 29 de mayo de 2012, el entonces ministro en visita Alejandro Solís “instruye al Dr. Luis Ciocca Gómez disponer el retorno de los restos óseos que el Ministro Juan Guzmán enviara para custodia a la Universidad, y la documentación asociada a éstas a dependencias del Servicio Médico Legal”. 

Ciocca, entrevistado por TVN, explicó que por aquellos años no existía el concepto de “cadena de custodia” y que “era muy poca la gente que sabía de la existencia y ubicación de las cajas”. Sin embargo, el director del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la U. de Chile, Julio Cárdenas, dijo a Ciper que en realidad las cajas no fueron recepcionadas por la institución,  “sino que fue el académico de la universidad, Luis Ciocca. Y no informó al resto de los académicos. Las dejó en un lugar donde él tenía acceso, pero no hay un ingreso oficial, ni un recuento, que como departamento, existiera en esa época”. 

Solo dos peritos de confianza del juez Juan Guzmán trabajaron con las osamentas en todo ese periodo, asegura el reportaje del señalado canal de TV, el cual también dice que en 2014 cuatro cajas fueron solicitadas por otros jueces que indagaban violaciones a los DD.HH.

Para esas fechas, por cierto, los restos deberían haber ya estado en poder del SML, pero la transferencia solicitada por el juez Solís demoró al menos un par de años y, en 2014, se produjo una inundación en la bodega donde se encontraban las cajas y varias de ellas terminaron cubiertas de hongos y en pésimas condiciones, por lo cual se inició un trabajo de restauración que –según indicó Cárdenas– tomó de tres a cuatro años. De ese modo, las cajas recién fueron devueltas al Servicio Médico Legal en enero de 2019.

En enero de 2021, el SML había logrado revisar solo 20 de las 89 cajas y el 25 de agosto de 2022 “se concurrió a la casa del Dr. Ciocca Gómez con el fin de revisar y requisar especies de relevancia para investigaciones sobre Derechos Humanos que se encontraban bajo su custodia”.

A inicios de 2023, cinco muestras de la caja rotulada “Calama” se remitieron al Laboratorio GMI de Innsbruck (Austria), para efectuar el análisis genético de las mismas. “Los resultados fueron informados mediante oficio el 25 de mayo del año en curso y, producto de estos resultados, se realizó un segundo envío informado a la Ministra Paola Plaza durante junio de 2023”, detalla el informe del SML, según el cual también hay otras cinco cajas a las cuales se les está efectuando datación por medio de carbono 14 –o radiocarbono–, pues “el contenido de cada una de las cajas debe ser evaluado a fin de determinar si corresponden o no a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y, por eso, se ha comenzado con la fechación para establecer si los restos corresponden al período de interés”. 

Por cierto, a raíz de todo lo ocurrido, se instruyó un sumario administrativo en el SML, el cual aún no arroja resultados.

Los familiares

Alicia Lira expresa que “es realmente lamentable el daño que hubo en este caso”, agregando que lo acaecido “fue un retroceso no solamente para las víctimas de la violación de derechos humanos”, sino también para todos quienes se atienden en el SML, razón por la cual –a su juicio– deberían dejar su cargo el director del mismo, Gabriel Zamora, así como Marisol Intriago, encargada de identificación forense en el Servicio Médico Legal, entre otras razones porque las muestras fueron enviadas a Austria sin conocimiento de las agrupaciones de familiares, en circunstancias que “siempre se avisa a la dirigencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.

Agrega que lo anterior revela una enorme “indolencia, falta de empatía y de respeto, por haber metido en cajas cualesquiera las osamentas de los seres queridos que se buscan, que se lloran, que se luchan, y ver ahí un montón de cajas amontonadas sabiendo lo que pasa… es terrible”. Sin embargo, enfatiza que lo sucedido “no es un problema solamente de nosotros los familiares, las víctimas: es un problema de la sociedad en su conjunto”.

Desde el Parlamento, en tanto, el senador Francisco Chahuán (RN), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, señaló que “estamos frente a una indolencia completa del Estado. Hoy se requiere más que nunca ir cerrando heridas y generando reencuentro entre los chilenos. Por supuesto que no ayudan las palabras del Presidente Boric y su apología del desencuentro. Acá se requiere ir comenzando a construir juntos una mirada colectiva con miras a los próximos 50 años”, asegurando, además, que el Servicio Médico Legal debe pedir disculpas por todo lo ocurrido, a la vez que criticó tanto al ministro de Justicia como a las autoridades del señalado servicio, debido a la inasistencia que han registrado en sesiones de la comisión a las cuales han sido invitados, justamente, para exponer sobre este y otros temas.