Más que Piñera: 500 días de militarización en «macro zona sur» bajo gobierno de Boric.

La noche del 16 de mayo del 2022, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, informaba a la ciudadanía la decisión de decretar Estado de excepción de Emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Bìo Bío y Arauco en la Región del Bìo Bío como respuesta al aumento de delitos en la zona.

Al día siguiente, en el Diario Oficial se promulgaba el primer decreto de estado de emergencia presentado por el gobierno de Gabriel Boric (CS), a 66 días de iniciado su mandato. Una medida que fue resistida por La Moneda las primeras semanas pero que no fue capaz de contener. 

La luna de miel se había acabado y el relato de ‘no seguir con las mismas recetas’ para resolver conflictos de base social se desfondaba a pocos días de asumido Boric. 

Con todo, el Ejecutivo decidió impulsar la medida bajo el eufemismo de ‘acotado’, pues la colaboración de las Fuerzas Armadas estaba restringida a rutas y caminos en la zona. En paralelo, se impulsó el Plan Buen Vivir que buscaba mantener el diálogo con las comunidades dispuestas a deponer las armas y ‘parlamentar’. 

Desde ese entonces, hasta la fecha, han pasado 500 días.

Pero no solo ha sido el Ejecutivo el que ha impulsado la medida, pues si bien es el encargado de presentar cada 15 días la renovación de dicho estado constitucional, es el Congreso, el encargado de aprobar la renovación. En ese entendido, ambas corporaciones -Senado y Cámara- han prorrogado en más de 30 veces la solicitud presidencial.

La última votación fue el 13 de septiembre; con 76 votos a favor, 19 en contra y 19 abstenciones fue aprobado en la Cámara. En el Senado, 19 votos a favor y 2 abstenciones fueron suficientes para mantener la medida. 

Pese a que la medida ha sido aprobada de manera sostenida en el tiempo, hay sectores dentro del oficialismo que no se han sentido cómodos respaldándola, como el Partido Comunista (PC), pues sus representantes en el Congreso han votado de manera distinta cada una de las prórrogas, absteniéndose o votando en contra, aunque algunos también lo han hecho a favor.

También está el caso de la diputada Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD) quienes desde un comienzo han mostrado reticencias respecto a la medida. Ambas son mapuche.

En contraparte, los sectores del Partido Republicano y la UDI han apostado por endurecer las medidas y han solicitado decretar Estado de sitio, incluso amenazando con que no votarán favorablemente al decreto presidencial. De hecho, en votaciones pasadas, la UDI en bloque (23 diputados) rechazó la medida del Ejecutivo a modo de presión. 

Boric 2021: «Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas»

En el pasado, los actuales inquilinos de La Moneda tuvieron declaraciones contrarias a los decretos de estados de excepción impulsados por el ex presidente Sebastián Piñera, quien el 12 octubre del 2021 impulsó su primer Estado de excepción de Emergencia  (sin considerar los estados de catástrofe producto de la pandemia ni los decretados por el estallido social, pues abarcaron más regiones y corresponden a hitos particulares). Específicamente, se trató de una medida aplicada en las provincias de Arauco y Bío Bío, en la Región del Bío Bío, y en Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía.

En ese entonces, la oposición leyó la decisión del mandatario como una forma de sacar réditos políticos, pues se estaban definiendo las presidenciales que semanas después enfrentarían a Gabriel Boric con José Antonio Kast (Republicanos) en segunda vuelta. 

En ese contexto, Boric en calidad de diputado y candidato presidencial, señaló el 24 de noviembre que “nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur […] La solución no es más violencia, la solución es la reorganización de las policías, perseguir a quienes delinquen, que son una minoría, estén donde corresponde, que es tras las rejas”.

En efecto, el carácter acotado de la medida que impulsó Boric sentaba una diferencia menor con la de Piñera, no obstante, el uso de las Fuerzas Armadas para labores de orden y seguridad seguía siendo la misma, algo que tampoco acomoda al propio Ejército y a su comandante en Jefe, Javier Iturriaga, quien sostuvo en enero de este año que «todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de nuestro rol principal». 

La tesis de el Estado de excepción como herramienta para generar un determinado clima político fue algo que vino desde la propia oposición. El actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), señaló en noviembre de 2021 que «es evidente que el presidente Sebastián Piñera no quiere resolver los problemas de seguridad en Arauco o en La Araucanía. Lo que busca, al forzar la extensión de la medida, es influir en el proceso electoral”. 

Misma tesis que sostuvo el senador Juan Ignacio Latorre (RD) quien afirmó en el mismo período que «el presidente Piñera decide decretar un estado de excepción para la Macrozona Sur, que básicamente es militarizar La Araucanía. Yo creo que ese camino ya está más que demostrado y hay múltiples recomendaciones de organismos nacionales, internacionales, de derechos humanos, de que no es el camino para enfrentar los conflictos históricos que tiene el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche. Lo único que va a generar esto es escalar los conflictos, va a generar más violencia, más inestabilidad y eso no le conviene a nadie». 

La actual ministra de Gobierno, Camila Vallejo (PC), opinó sobre la medida en sus redes sociales. «El Gobierno, al declarar Estado de excepción en la Araucanía, repite una estrategia fracasada que solo aumenta el espiral de violencia. Con esto demuestran que no quieren dialogar, ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, solo aumentar la polarización», escribió la entonces diputada. 

Por otra parte, la diputada Nuyado mantenía su opinión al respecto. «Es una demostración que este Gobierno y al presidente, Sebastián Piñera, no le interesa para nada el diálogo político y tampoco quieren resolver el tema de las restitución de tierras. Lo que están anunciando no es novedoso, la militarización en La Araucanía lleva años y no soluciona nada, solo contribuirá a más enfrentamientos», sostuvo la parlamentaria.

El actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), señaló en noviembre de 2021 que «es evidente que el presidente Sebastián Piñera no quiere resolver los problemas de seguridad en Arauco o en La Araucanía. Lo que busca, al forzar la extensión de la medida, es influir en el proceso electoral”.

Las cuentas positivas del Ejecutivo

Pese a las críticas que figuras del actual Gobierno realizaron sobre la medida en el pasado, lo concreto es que en el Ejecutivo sacan cuentas positivas del despliegue militar. 

En los informes que acompañan el decreto presidencial para prorrogar los estados constitucionales, se indica que hasta el 3 de septiembre hubo una disminución del 11 % en eventos de violencia rural en comparación al 2022, si se considera el 2021, el porcentaje asciende a un 39 %. 

Dicha variación se explica por una disminución de un 38 % en el Bío Bío y un aumento del 14 % en La Araucanía. A nivel de provincias, Arauco registra una disminución con un -37 % mientras que en Malleco hubo un aumento del 12 %. 

Por otra parte, en el período 2022-2023 los ataques incendiarios se redujeron en un 22 % y en Lumaco y Arauco no hubo registros de este tipo de atentandos en lo que va de 2023. En cuanto a detenidos por violencia rural, hubo un aumento que supera el 300 %, cuadriplicando la cifra de detenidos en 2022. También hubo una disminución en los delitos con armas de fuego en un 27 %. 

El ministro de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien representó al Ejecutivo en el último debate por la prórroga, sostuvo que «se renovará las veces que sea necesario”.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/500-dias-bajo-estado-de-excepcion-boric-supera-pinera-en-despliegue-militar-en-provincias