Chile constitucional: los aprietos que afectan a «noviembristas» y a la izquierda confiada.

Queda menos de un mes para que el excongreso deje ser el centro de operaciones del proceso constituyente y se van agotando las instancias para llegar a acuerdo transversales. Por un lado, desde Republicanos y Chile Vamos han afirmado que, con la redacción actual del texto, impulsarán la opción “A favor” en el plebiscito del 17 de diciembre. Sin embargo, desde la izquierda ese anuncio no es fácil. Insisten en que la redacción actual no los representa, pero tampoco tienen margen para llamar a votar “En contra” sin conocer el texto final. Hasta que el texto no esté listo no van a llegar a ninguna definición, pero mientras esperan, la derecha aprovecha de competir solitariamente en la campaña para diciembre.

La Comisión Experta despachó sus observaciones al Consejo Constitucional para que el lunes vote sobre las mismas. Las observaciones que consigan 30 votos se imprimirán en el proyecto de nueva Constitución, las que obtengan 33 votos negativos se rechazarán y todo lo que se quede corto pasará a una Comisión Mixta, que integrarán seis consejeros y seis expertos y donde volverán a ser mayoría las derechas.

Las esperanzas en el oficialismo para que se aprueben sus observaciones son bajas y, con la fecha de término a la vuelta de la esquina -7 de noviembre- los consejeros de izquierda están en un complejo momento, pues están a medio camino con sus determinaciones: no pueden abandonar un proceso en el que poco se ven representados y tampoco pueden llamar a votar “En Contra” antes de conocer el texto definitivo. Esto, cuando la campaña por el “A favor” ya está instalada y liderada por José Antonio Kast.

“Lo que resultó después de la votación de los expertos conserva intacto el corazón del proyecto aprobado por el Pleno. Y por lo tanto, nuestra posición respecto del texto que está quedando es prácticamente la misma que teníamos cuando se cerraron las votaciones en el Pleno”, sostuvo el consejero y jefe de la bancada republicana, Luis Silva. Esa frase, resonó entre consejeros oficialistas como un mal augurio.

Había esperanza desde el oficialismo y de diferentes partidos políticos -incluso de oposición- que en base a las observaciones de la Comisión Experta se generara un “amplio acuerdo” entre ambos sectores políticos que “modere” el texto emanado del Consejo Constitucional, pero pese a esfuerzos esto nunca ocurrió. Si bien existe una lista de observaciones que podrían ligarse más con ideas progresistas, el hecho de que Silva confirmara que el corazón de la propuesta no se haya tocado, significa, para los oficialistas, que en definitiva no se movió la aguja y el texto no cambió sustantivamente.

Dentro de las observaciones que impulsa el oficialismo están, por ejemplo, suprimir la objeción de conciencia individual e institucional, el cambio del “derecho al acceso al agua” por “derecho al agua”, eliminar la “grave amenaza terrorista” como causal en estado de sitio, quitar la mención la justicia militar y reponer la norma transitoria de “equilibrio de género” (paridad) que asegura un 40% de los escaños para ambos sexos en las próximas dos elecciones parlamentarias.

Hay que tener en cuenta que estas observaciones, para que se materialicen, deben ser aprobadas con 30 votos. Número con el que el oficialismo no cuenta y el partido Republicano tiene derecho a veto. Sin el visto bueno de los consejeros del partido de José Antonio Kast ninguna de estas normas llegará al texto constitucional. Además, las esperanzas de que estas observaciones se aprueben son bajas y poco afectan al eje central de la propuesta constituyente: salud, educación, pensiones, derechos reproductivos, entre otros, ni siquiera recibieron observaciones de fondo de la Comisión Experta por falta de acuerdo y ya no existe opción de modificarlo.

Tampoco sufrió cambios la norma que le otorga la posibilidad a toda persona privada de libertad con enfermedades terminales que cumpla el resto de su condena en su domicilio, independientemente de si cometió violaciones contra los DD.HH. o no. La misma suerte corrió la norma que busca eximir “de responsabilidad penal” a las policías por “el uso racional de la fuerza” (Naím Retamal), la reducción de diputados a 138 y el derecho a la vida de “quien” está por nacer. 

Además, el Partido Republicano ya anunció que buscará, por ejemplo, enviar a la Comisión Mixta la norma que pretende eximir del pago de Contribuciones a los propietarios de su primera vivienda. Artículo que los expertos proponen suprimir pero que ha sido un eje de campaña del partido Republicano para llamar a votar “A favor” en el próximo plebiscito de diciembre.

En definitiva, aún cuando se aprueben todas las observaciones que nacen desde el oficialismo, difícilmente ese sector se subirá al carro del “A favor”. Sin embargo, las determinaciones finales también están afectadas por temas que son propios de la naturaleza del proceso constitucional.

Por ejemplo, en el ex Congreso aseguran que lo más seguro es que las exenciones a las contribuciones a la primera vivienda termine en la Comisión Mixta y el resultado de esa nueva redacción de la norma se conocerá recién a fin de mes, es decir, a pocos días de que se despache la propuesta constitucional y tendrán que pasar nuevamente por el filtro republicano que impera en el Consejo.

Así ocurrirá, además, con otros temas que sí son claves para las fuerzas oficialistas, como, por ejemplo, el cambio del verbo rector para los derechos políticos de las mujeres. La norma que emanó el Consejo dice: “La ley promoverá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”. Ahora, la Comisión Experta sugiere cambiar el verbo por “asegurará”, como indicaba el anteproyecto.

Otras normas que llegarán a su forma final a fin de mes, luego de pasar por la Comisión Mixta, son: La referida a objeción de conciencia individual e institucional, la incorporación de “proporcionalidad” en los estados de excepción y la norma que permite reelección indefinida de autoridades locales y regionales si se cambian de territorio.

Este espacio de indefinición complica al oficialismo, pues las intenciones del Gobierno y de los partidos están en cerrar el proceso constituyente, pero están frente a una propuesta de la que han dicho que no se sienten parte. Además, esa indefinición se da mientras la campaña del “A favor” está operando a través de redes sociales, medios de comunicación y WhatsApp.

En la mañana del viernes hubo una reunión en la sede del PS con presidentes de partidos oficialistas y consejeros. Alejandro Kohler (PS), Aldo Valle (Indep.-Ps), Paloma Zúñiga (RD), María Pardo (CS) y Christian Suárez fueron los consejeros que asistieron a la casa socialista para reunirse con la dueña de casa, Paulina Vodanovic y el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. 

Luego de la reunión, los consejeros anunciaron que realizarán una cuenta pública ciudadana en la que se daría a conocer cómo fue el trabajo dentro del Consejo Constitucional. Como los tiempos están ajustados, Kohler afirmó que a finales de octubre se daría esta instancia que, además, pretende generar un intercambio entre consejeros y ciudadanos. El anuncio sobre si el oficialismo llamará a votar “A favor” o “En contra”  no será antes de que se de esa actividad. 

Pero el margen en el oficialismo es pequeño y Kohler lo evidenció. Por un lado mostró preocupación porque “la derecha ha avanzado a través de su mayoría circunstancial en un desmontaje de la capacidad del Estado en servir a la ciudadanía. Y por otro lado, ha entregado al real empresariado nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio ambiental. Y por eso es que levantamos la voz de alerta”. Mientras que por otro advierte que el oficialismo no se está perfilando por la opción “En contra”: “Cualquier llamado a votar en contra en estas circunstancias que estamos viviendo, a nosotros nos parece que es políticamente una irresponsabilidad. Porque nuestro compromiso con Chile, con nuestros electores, es que nosotros debemos permanecer en este proceso hasta el último día”.

Un consejero oficialista afirma que la situación con respecto a qué tan dentro o fuera se sienten de este proyecto constitucional no ha cambiado con las últimas votaciones y no cree que vaya a cambiar. Pero advierte que años en política le han enseñado que nada es totalmente definitivo hasta que ocurren las cosas, haciendo referencia a que existe una posibilidad de que el escenario cambie.

Las claves constitucionales de la semana

Comisión Experta no logró acuerdos. El lunes comenzó a trabajar la última mesa de negociación de los expertos del oficialismo y oposición cuyo trabajo terminó el miércoles sin un acuerdo transversal en materias sustantivas. En virtud de lo anterior, ambos bloques llegaron con sus enmiendas por separado. Los integrantes de la mesa fueron Sebastián Soto (Ind.-Evópoli), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI), Carlos Frontaura (Ind.-Republicanos), Verónica Undurraga (Ind.-PPD), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Alejandra Krauss (DC).

• Si bien el plazo original para presentar las enmiendas vencía el martes, con el propósito de conseguir acuerdos los expertos acordaron por unanimidad postergarlo para las 14 horas del día siguiente, lo que fue prorrogado por 2 horas. Finalmente, se presentaron 622 indicaciones al texto del Consejo, las que se votaron el jueves y viernes por la Comisión Experta.
• A pesar de que no se presentaron enmiendas conjuntas hubo muchas iguales, lo que según la izquierda fue un gesto para cumplir con la obligación de mejorar la propuesta del Consejo, pero dejando en claro que ésta no los representa. La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (Ind.-PPD), explicó que el texto tal como estaba no los incluye, sino que los excluye. Mientras que en la oposición lamentaron que se presentaran indicaciones por separado, la comisionada Natalia González (UDI), indicó que, no obstante, los consensos en temas técnicos y políticos, había muchas duplicadas. En la misma línea, el comisionado Jaime Arancibia (Ind- RN) señaló que el principal desacuerdo fue no firmar en conjunto las decenas de materias donde estuvieron de acuerdo.

Apoyos cruzados entre bloques. Finalmente, el jueves comenzó la votación de las enmiendas, la que estuvo marcada por votaciones cruzadas entre los expertos del oficialismo y oposición.

• Se aprobó la indicación de Chile Vamos que devolvió al artículo 1 la norma que señala que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho”, con los votos de Paz Anastasiadis (DC) y Alejandra Krauss (DC).
• Asimismo, los consejeros de oposición Hernán Larraín (UDI), Katherine Martorell (RN), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI) y Sebastián Soto (Ind-Evópoli) votaron a favor de la enmienda oficialista que elimina la objeción de conciencia personal e institucional con miras que se pueda corregir en la Comisión Mixta.

Qué se necesitaba. Para aprobar una enmienda y, por consiguiente, poder modificar las normas del Consejo se requerían los 3/5 en el pleno, es decir, 14 votos. Las materias que no obtuvieron ese respaldo se rechazaron, con lo que queda ratificada la respectiva propuesta del Consejo Constitucional sin que se pueda modificar. Esto es lo que ocurrió con las 3 enmiendas que buscaban reemplazar la disposición que establece que “la ley protege la vida de quién está por nacer”, que como no alcanzaron los 3/5 fueron rechazadas, manteniéndose la redacción del Consejo. El oficialismo apuntaba a suprimirla y Chile Vamos presentó dos alternativas: una que la reemplazaba por “la ley protege la vida del ser humano antes de nacer”, que contaba con el respaldo de Amarillos y Demócratas; y la segunda volvía a la Constitución vigente.

Últimas normas aprobadas por la Comisión Experta

Además de las iniciativas mencionadas, la Comisión Experta aprobó, entre otras, las siguientes observaciones que deberán ser votadas por el Consejo Constitucional:

• En materia de participación femenina, se establece que la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. La propuesta del Consejo señalaba que “la ley promoverá”.
• Se repuso la paridad transitoria de salida.
• En relación con el valor de los cuidados se incorporó que “el Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado”.
• Se eliminó la norma que señala que los extranjeros que ingresen al territorio nacional clandestinamente serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia.
• La propuesta de eximir la vivienda principal del pago de contribuciones fue suprimida.
• En educación, se reemplazó el financiamiento por estudiante, por el deber del Estado de financiar y coordinar un sistema gratuito para asegurar el acceso a la educación básica y media, a través de establecimientos estatales y privados.
• En medio ambiente, se agregó el concepto “sano”, con lo que el texto asegura el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo.
• Se sustituyó la consagración del derecho al acceso al agua por el derecho al agua.
• En las causales para declarar estado de sitio se eliminó la “grave amenaza terrorista”. En consecuencia, solo puede invocarse en caso de guerra interna o grave conmoción interior, con acuerdo del Presidente de la República y el Congreso Nacional.
• Se suprimió la norma que señalaba que las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar.
• Se fortalece la descentralización, incluyendo que los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos, y que la ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas.
• Se eliminó la excepción para que los alcaldes, consejeros regionales, concejales y gobernadores puedan ser reelectos sucesivamente.
• En materia de partidos políticos, a la norma que establece que sus ingresos solo podrán ser de origen nacional, se agregó por unanimidad que solo podrán recibir financiamiento privado, proveniente de personas naturales, y público que autorice la ley institucional.
• Se especificó que las iniciativas ciudadanas de ley no podrán tener como objeto derogar una ley.
• Se indicó que la distribución de los escaños entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población del territorio electoral.
• En materia de formación de ley, se establece que los proyectos de tramitación periódica serán informados por una comisión bicameral. Igual tramitación podrán seguir los mensajes de fácil despacho o de urgencia manifiesta cuando así lo acuerden los dos tercios de la Cámara de origen.
• Se eliminó el epígrafe sobre reemplazo constitucional.
• Eliminó el reconocimiento constitucional de los Cuerpos de Bomberos, que habían sido incorporados sobre la base de una iniciativa popular de norma.