¿Los cambios necesarios son políticamente imposibles?(*)
por Juan González López (**)/OPECH.
Es octubre del año 2023 a 4 años del célebre 18 de Octubre del 2019, día que la historia registró el estallido social en Chile. En este episodio de Alerta Educativa queremos reflexionar sobre el estado de la educación a 4 años del comienzo de la última revuelta popular chilena. Revuelta popular que duró meses, y que nos hizo soñar y pensar que podíamos hacer transformaciones esenciales y urgentes para nuestra sociedad.
Durante esos meses en que las calles desbordaron en descontento, pensamos que era posible terminar con los pilares del modelo neoliberal. Con las AFP, las ISAPRES, con la privatización de los bienes públicos y comunes, por fin íbamos a conquistar derechos y el estado se pondría a favor de las mayorías, y ya no más a favor de los excesivos privilegios de algunos.
Ya sabemos que esto no pasó y que por el contrario, la clase política chilena canalizó y diluyó el descontento en un largo proceso electoral, de sello progresivamente antipopular. Este proceso que llamaremos institucional, prometió cambiar la constitución y con ello dar una salida a la crisis y normalizar la sociedad. ¿Y en qué estamos hoy? En riesgo de aprobar una constitución incluso peor a la anterior.
Hace 4 años, ante la real posibilidad de que todo podía cambiar, escribimos como OPECH, un documento sobre educación, que pretendía aportar al proceso de discusión que se llevaba a cabo en las nacientes asambleas territoriales, sindicatos, organizaciones populares y autogestionadas. Creíamos que la discusión en estos espacios y otros similares serían el fermento desde el cual se desarrollaría la organización de un poder ciudadano y popular que daría una auténtica salida a la crisis, que se venía gestando hace ya más de 30 años.
Señalamos en el documento que habían medidas esenciales y urgentes para poner fin al experimento neoliberal en la educación chilena. Había que hacer conciencia sobre esto y presionar por su implementación, en las calles y con una cada vez mayor organización de los actores educativos, en sus escuelas y organizaciones sectoriales y territoriales. Bueno era lo que estaba pasando durante los meses que duró la revuelta
Lo primero que señalamos en esa ocasión fue que era esencial la reconstrucción de un sistema de educación pública articulado, democrático, no sexista, inclusivo, con infraestructura de calidad. Que además tuviera una significativa participación de su comunidad educativa. Siguiendo a la ACES del año 2011, había que caminar a un sistema educativo con control comunitario.
Para esto era urgente detener el cierre de las escuelas públicas y proponer una nueva institucionalidad para la educación del Estado, con un nuevo sistema de financiamiento basal, poniendo fin al sistema de voucher que en ese entonces buscaba extenderse hasta la educación parvularia, con el llamado proyecto de subvención a los niveles medios y sala cuna universal.
Tras 4 años la clase política poco pudo avanzar en fortalecer lo público. La matrícula en la educación del estado continúa en descenso. Ha disminuido a cerca del 30%. Este año 2023 la prensa ha informado el cierre de varias escuelas municipales, 9 en Til TIl , 6 en Coquimbo, región en la que se informa de 149 establecimientos municipales, principalmente del sector rural, con una matrícula igual o menor a 10 estudiantes. ¡Hay establecimientos que tienen incluso un solo estudiante matriculado! Esta situación se repite en varios lugares del país, con varios establecimientos públicos en receso temporal por falta de matrícula.
Por otra parte la matrícula en el sector particular va llegando casi al 70 % de la población escolar. Situación que se ha naturalizado como irreversible. Tanto así que durante el primer proceso de debate constitucional, como una forma de oponerse a un financiamiento preferencial para la educación pública, la derecha argumentaba que una reforma así discriminaría a la mayoría de la población que hoy está en la educación particular. Es decir, lo público ya no es lo mayoritario.
Hace 4 años el movimiento social de actores educativos había desarrollado una contundente discusión sobre los perjuicios de aplicar pruebas estandarizadas para evaluar el sistema educativo. Por eso se demandaba terminar con el SIMCE, la PSU y todo tipo de estandarización, incluso la evaluación docente, también estandarizada, individualizante y agobiante.
En enero del 2020 los estudiantes secundarios, animados por la fuerza de la revuelta boicotearon la aplicación de la PSU, poniendo en cuestión el carácter discriminatorio del acceso a la educación superior. La respuesta institucional fue reemplazar una prueba estandarizada (PSU), por otra prueba estandarizada (la PAES), y el ingreso a la universidad sigue siendo discriminatorio. El ranking de puntajes lo sigue liderando liceos particulares de elite. Hay un Liceo Público que aparece entre los 10 primeros. el año 2022. El Liceo Augusto D¨halmar de ñuñoa, pero a qué costo. Conocidas ya son las denuncias por parte de los apoderados sobre el mal clima educacional y emocional en este Liceo, la estructura de competencia que sostiene afecta gravemente a la salud mental de sus estudiantes, que constantemente teman la repitencia o ser desvinculados del establecimiento por su mal rendimiento.
En relación al SIMCE, principal herramienta de estandarización de la educación chilena, tras 4 años, se eliminó en algunos niveles y se aplicó en forma muestral el año 2021 y el año 2022, suspendiendo las consecuencias que las escuela tenían al rendir mal en esta prueba. Parece ser sí que esto fue una medida ante la emergencia sanitaria, y no por recepcionar la crítica pedagógica a esta prueba, de hecho este año el Consejo Nacional de Educación ,ya propone reponer la aplicación censal de esta medición. Con los profesores tampoco han habido cambios, con el regreso a las clases presenciales,las condiciones del trabajo docente en las escuelas públicas ha empeorado, solo el 2022 las licencias médicas de profesores en la región metropolitana aumentaron en un 353%. Si bien han habido cambios cosméticos la estandarización sigue organizando el sistema educativo, incluso se extiende homogéneamente a todo el sistema, consagrando la competencia como el motor del desempeño pedagógico.
También en el año 2019 se proponía frenar la criminalización del movimiento estudiantil. Los estudiantes que saltaron el torniquete eran salvajemente reprimidos. Incluso, en noviembre de ese mismo año carabineros entró a un Liceo y disparó contra las estudiantes movilizadas que se congregaron en el patio del establecimiento. Era el colmo, había que frenar esto, intervenir la institución represiva, derogar la Ley Aula Segura, revisar la ley de Violencia Escolar, había que eliminar los instrumentos de penalización y judicialización de la vida escolar.
¿Qué ha pasado? En el año 2022 la superintendencia de educación registró la cifra de estudiantes expulsados más alta desde que se lleva registro. Más de 1200 estudiantes expulsados. Sin embargo, se sabe que en esto hay una cifra obscura. Han habido decenas de decenas de estudiantes expulsados de los liceos emblemáticos durante los últimos años, los Liceos que más se movilizan, sin ir más más lejos, el 26 de septiembre de 2023 se anunció la expulsión de 30 estudiantes de liceos emblemáticos de Santiago por hechos asociados a la protesta. Junto a esto las persecución y agresiones a las y los jóvenes se repiten, incluso involucrando a la delincuencia, como ocurrió en marzo del 2022 cuando traficantes de la estación central golpearon brutalmente a un adolescente mientras se manifestaba . Tras esto, sin duda, las movilizaciones de estudiantes se han vuelto más violentas. Lo que ha servido para criminalizar aún más la protesta estudiantil. Recientemente el ministro de educación señaló que hoy se han traspasado límites por parte de algunos grupos, y agrega que hoy estamos hablando de delitos, y no de manifestaciones políticas. ¿Qué puede ser más criminalizador que este discurso de la autoridad educativa?
Se ve un horizonte oscuro al mirar hacia dónde nos lleva el camino institucional que nos impuso la clase política. El actual debate constitucional parece retroceder en relación al derecho a la educación Hace cuatro años también pensábamos que había que cambiar la constitución. Considerábamos que se necesitaba una constitución que estableciera un estado garante de los derechos educativos (y sociales en general), la educación debía garantizarse a lo largo de la vida, sin ningún tipo de discriminación. El derecho a la educación, es uno de los derechos más relevantes, este derecho habilita para el ejercicio de otros derechos, en consecuencia, no debe ser limitado por ningún tipo de libertad individual, corporativa o empresarial.
Sabemos que esto ya es imposible de defender en la nueva propuesta. Ya se aprobó en la comisión mantener el rol subsidiario del Estado y la libertad de enseñanza mantiene el mismo estatus, definición y estructura que en la constitución de Pinochet. Es decir, hoy más que antes el sistema educativo queda en manos del poder corporativo religioso y empresarial, único grupo social que puede en la práctica implementar su proyecto educativo a nivel nacional. No hay alternativas viables que se le opongan. Sin educación pública preferentemente financiada por el Estado ¿Que diversidad puede tener nuestro sistema educativo? Peligros son estos para la democracia, para la justicia social y, claro que también para la libertad. No la de algunos, sino la de todas y todos.
Tal situación de la educación en Chile es similar a la catástrofe ecológica que estamos viviendo. Catástrofe que hoy parece irreversible. De hecho hace casi un mes Rishi Sunak dio marcha atrás en los compromisos climáticos del Reino Unido, en un cálculo claramente electoralista el ‘premier’ anunció que dejará sin efecto la prohibición de la venta de vehículos diésel y de gasolina, argumentando realismo y mesura en los cambios, según el primer ministro se puede esperar hasta el 2050, apurar las reformas sería “políticamente imposible”.
El pensador inglés Mark Fisher señala que esta postura de la clase política, la de reducir los cambios esenciales y urgentes al ámbito de lo “imposible” es una de las principales estrategias del realismo capitalista para reproducirse. Para esto reduce lo real, lo viable y por lo tanto lo necesario, solo a lo que es políticamente posible aunque esto no concuerde con lo que humana, social y éticamente es necesario.
Hay peligro en seguir únicamente el camino institucional cuando es la clase política quien lo controla, es el desafío entonces inventar nuevos caminos que nos permitan seguir soñando, y no retroceder un centímetro más, a 4 años de la Revuelta Popular.
(*) Transcripción de la intervención en programa «Alerta Educativa», Radio JGM, 22 Octubre del 2023
(**) Juan González: Académico Universidad de Chile e integrante del Foro por el Derecho a la Educación Pública
Fuente: recibido por CT: 25-10-2023.
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