México: La violencia mafiosa continua.

Foto: Padre Marcelo Pérez Pérez, fue un reconocido defensor de derechos humanos, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, ha realizado innumerables acciones de defensa de derechos humanos. Las agresiones en su contra se habían intensificado desde el 2015. El 20 de octubre fue asesinado.

El padre Marcelo, constructor de paz.

por Simón Vargas Aguilar/La Jornada.

El padre Marcelo Pérez Pérez afirmó el pasado 13 de septiembre, cuando con ahínco y valentía participó en la marcha por la paz, en la cual las diócesis de Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez exigieron un alto a la violencia, dar visibilidad a las víctimas y recuperar el territorio para las familias que han sido desplazadas: “No esperemos que nos toque la violencia para que participemos […]. Si no nos organizamos, si no nos levantamos, el crimen organizado entrará a los pueblos y entonces ya no podríamos sacarlos”.

Nadie se imaginaría que a poco más de un mes, el pasado domingo 20 de octubre, un hombre le arrebataría la vida. El crimen fue, como la inmensa mayoría, despiadado, inhumano, violento y doloroso; lo acribillaron a escasos metros de la iglesia en la que acababa de oficiar misa, a plena luz del día y con feligreses aún saliendo del recinto.

Los disparos asustaron y a la vez alertaron a pobladores, quienes se encontraban cerca, al darse cuenta de quién había sido la víctima, corrieron a auxiliarlo, pero fue en vano. A pesar de que el padre Marcelo logró arrancar su camioneta y hacerla avanzar, alrededor de las 9 de la mañana del pasado domingo, las amenazas que le habían proclamado desde hace nueve años se cumplieron.

De origen tsotsil, el padre Marcelo se convirtió en uno de los primeros sacerdotes indígenas; fue ordenado por su amigo y mentor el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, en 2022; y aunque se le acusó infamemente en diversas ocasiones de ser el promotor del levantamiento del grupo armado Los Machetes y de la desaparición de 19 personas, las aseveraciones fueron rechazadas de manera rotunda por la comunidad, colaboradores y compañeros de la Iglesia.

Fue bien sabido que desde 2015 se encontraba amenazado; sin embargo, aludió que, a pesar de que su vida podía tener precio, jamás dejaría de luchar y cumplió su promesa, jamás dejó su ministerio, su fe se afianzó en un ideal de paz que no llegó a ver.

Hoy, aun cuando el dolor embarga a Chiapas y la impotencia colma al pueblo de México, su valentía debe convertirse en un pilar que nos impulse a seguir luchando por una cultura de paz, sobre todo ante un país afectado por las constantes violaciones a los derechos humanos, angustiado por la crueldad de las acciones del narcotráfico y dividido ante la cuestionada incapacidad de las instituciones de seguridad.

El padre Marcelo fue, desafortunadamente, siempre consciente de la incomodidad que causaba entre los grupos de poder y las bandas criminales, pero durante más de 20 años se dedicó con ahínco, compromiso y lealtad a defender los derechos humanos, a buscar detener la violencia y a ser mediador y promotor de la paz; durante su funeral uno de los catequistas mencionó: “Lo mataron por haber denunciado las injusticias en los pueblos, por haber alzado la voz por la violencia perpetrada por el crimen organizado y por el Estado mexicano, por denunciar los desplazamientos forzados y los encarcelamientos injustos y los asesinatos”.

Este crimen se ha convertido en un punto de inflexión, el cual nos recuerda lo sucedido en 2022, cuando asesinaron a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en Cerocahui, Chihuahua, lo que nos habla de un incesante tratar de silenciar a quienes han levantado la voz, quienes han sido un ejemplo vivo de compromiso con los más necesitados y quienes han practicado un verdadero amor al prójimo.

No se puede perder de vista que estados del país se encuentran acribillados por el narcotráfico y el crimen; sin embargo, el caso de algunos en particular como Guanajuato, Chiapas, Sinaloa y Guerrero merecen análisis puntuales. No olvidemos que la muerte del padre Marcelo quizá incentive significativamente la cada vez más evidente presencia de confrontaciones que desde 2021 vienen configurándose como una posibilidad que costará miles de vidas.

La indignación ha sido evidente. Instituciones en México, como la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, el Congreso Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas realizaron pronunciamientos que condenaron el abandono en que se encuentra Chiapas y la manera descarada en que el crimen se ha incrustado en la entidad, todo bajo la inacción del Estado.

Pero, además, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó el asesinato, así como la delegación de la Unión Europea, Noruega y Suiza expresaron sus condolencias e instaron a las autoridades a llevar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz; en una reunión del Sínodo de la Sinodalidad, el martes 22 se realizó una oración por el espíritu del padre Marcelo; en ésta se encontraba el Papa Francisco, enterado del terrible crimen.

El día 22 también se realizó una misa de cuerpo presente ante unas 3 mil personas, quienes con evidente dolor caminaron por las calles de San Andrés Larráinzar, el pueblo natal del sacerdote. Este día, como una endeble respuesta a la indignación, las autoridades informaron sobre la detención del presunto autor material del crimen.

El tema sobre la situación de Chiapas es amplio, pero hoy basemos nuestra búsqueda de una realidad que parece alejarse cada vez más en las palabras del padre Marcelo: “Lo que busco es la paz para el pueblo. Y la paz es más grande que la muerte, que las amenazas, que la vida”.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/10/25/opinion/el-padre-marcelo-constructor-de-paz-5125


«Preocupa de manera alarmante la falta de atención y respuesta efectiva» frente a la violencia: Espacio OSC*.

por desinformemonos. org.

Frente al asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas, la desaparición de la defensora mixe Sandra Domínguez en Oaxaca y la desaparición del colaborador del periódico El Debate Sergio Cárdenas, en Sinaloa, «preocupa de manera alarmante la falta de atención y respuesta efectiva por parte de las instancias de gobierno ante su deber de proteger a quienes arriesgan sus vidas en la defensa de estos derechos fundamentales», señaló el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).

«Estos acontecimientos evidencian la grave crisis de seguridad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país», destacaron las organizaciones que conforman el Espacio OSC, que condenaron «los recientes hechos de violencia que han vulnerado los derechos, e inclusive la vida de personas».

Las organizaciones calificaron de «alarmante» que México sea uno de los países más violentos para la defensa de derechos humanos en América Latina y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global, lo que revela «la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado».

Tras los últimos hechos de violencia, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, el Espacio OSC exigió que las autoridades avancen en las investigaciones del padre Marcelo Pérez, garanticen la seguridad de los defensores y comunidades en riesgo en Chiapas, investiguen los ataques al periódico El Debate y coordinen la búsqueda para localizar al colaborador Sergio Cárdenas; y finalmente que intensifiquen la búsqueda de la defensora y abogada mixe Sandra Domínguez.

El asesinato del padre y defensor Marcelo Pérez en Chiapas fue perpetrado el domingo 20 de octubre, mientras que la desaparición de la defensora Sandra Domínguez en Oaxaca se registró el 4 de octubre y los ataques al periódico El Debate, incluida la desaparición de Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa, sucedieron el 17 de octubre.

A continuación el comunicado completo:

Las organizaciones que conforman el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra más enérgica condena ante los recientes hechos de violencia que han vulnerado los derechos, e inclusive cobrado la vida de personas defensoras y periodistas en México. En particular, lamentamos profundamente el asesinato del padre y defensor Marcelo Pérez en Chiapas, ocurrido el domingo 20 de octubre; la desaparición de la defensora Sandra Domínguez en Oaxaca, el 4 de octubre; y los ataques al periódico El Debate, incluyendo la desaparición de uno de sus colaboradores, Sergio Cárdenas Hernández, en Sinaloa, que tuvieron lugar el 17 de octubre.

Estos acontecimientos evidencian la grave crisis de seguridad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país. Nos preocupa de manera alarmante la falta de atención y respuesta efectiva por parte de las instancias de gobierno ante su deber de proteger a quienes arriesgan sus vidas en la defensa de estos derechos fundamentales.

Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), en 2024, al menos 7 personas defensoras han sido asesinadas por presuntos motivos relacionados con su labor. Desde 2017, al menos 134 defensores han perdido la vida en circunstancias similares. En el ámbito periodístico, según Article 19, este año se han registrado 3 asesinatos de periodistas por presunta relación con su trabajo, mientras que desde 2017 se han contabilizado 67 asesinatos.

Es alarmante que México continúe siendo uno de los países más violentos para la defensa de derechos humanos en América Latina y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel global. Estos datos subrayan la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que se comprometa a fortalecer la protección y búsqueda de las y los defensores y periodistas en riesgo, a través de la creación de políticas públicas efectivas que garanticen su seguridad. Es imperativo robustecer el Mecanismo de Protección y el rol de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, asegurando que cumplan con sus objetivos de salvaguardar a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. 

Asimismo, instamos a dar continuidad al Grupo de Trabajo creado en conjunto con instancias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que tiene como finalidad fortalecer el Mecanismo de Protección y de impulsar e implementar una política pública integral dirigida a garantizar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico. Es fundamental reconocer y valorar la labor pública de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, garantizando que puedan desempeñar su trabajo sin temor a represalias.

Por ello, exigimos:

  1. Avanzar en las investigaciones del asesinato del padre Marcelo Pérez, garantizando que se esclarezcan los hechos y se lleve a las personas responsables ante la justicia.
  2. Garantizar la seguridad de las personas defensoras y comunidades en riesgo en Chiapas, asegurando que se implementen medidas efectivas de protección.
  3. Investigar los ataques contra el periódico El Debate, coordinar la búsqueda efectiva de su colaborador, Sergio Cárdenas, para localizarlo con vida y robustecer su protección en un contexto de extrema violencia, como el que se ha vivido en las últimas semanas en Culiacán, Sinaloa.
  4. Intensificar la búsqueda coordinada y eficaz de la defensora de los derechos de las mujeres en Oaxaca, Sandra Domínguez, quien permanece desaparecida con el fin de garantizar su presentación inmediata.

La defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión son pilares fundamentales de una sociedad democrática. No podemos permitir que la violencia y la impunidad sigan arrebatando vidas y silenciando voces. Es hora de que el Estado mexicano actúe con determinación y responsabilidad en la protección de quienes defienden estos derechos.

¡Nunca más!

*Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – Espacio OSC (México) Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

26 de octubre, 2024.

Fuente: https://desinformemonos.org/preocupa-de-manera-alarmante-la-falta-de-atencion-y-respuesta-efectiva-frente-a-la-violencia-espacio-osc/

 

 

 

 

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