Chile carcelero: maltratar hasta dónde se pueda. El caso de Mauricio Hernández Norambuena.

por Claudia Molina B./Factos Denuncia.

La familia de Mauricio Hernández Norambuena —preso político recluido en un hospital penitenciario de la Región Metropolitana— emitió una nueva declaración pública alertando sobre la grave situación de salud que enfrenta el exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, así como sobre una serie de tratos vejatorios sufridos en los últimos días al interior del recinto carcelario.

Pese a presentar síntomas persistentes de malestar general, fiebre intermitente y alzas de presión arterial, Hernández permanece sin diagnóstico claro, a pesar de haber sido sometido a diversos exámenes médicos. La situación no sólo es alarmante por su condición médica, sino también por los elementos de violencia institucional que comienzan a emerger detrás de su atención negligente.

Silencio, ruido y tortura: el entorno insalubre del hospital penitenciario

Según la denuncia de sus familiares, durante la noche del sábado 28 de junio, personal de Gendarmería sometió a Mauricio Hernández a condiciones incompatibles con su estado de salud: ruidos innecesarios, radio a alto volumen, golpes de objetos, burlas y risas por parte del personal, así como la mantención forzada de la luz encendida en su celda, todo ello en contra de su voluntad.

Pese a que Hernández solicitó detener esta situación, los funcionarios respondieron con displicencia, ignorando completamente sus requerimientos. Estos actos no sólo perturbaron su descanso, sino que provocaron ansiedad, angustia y reactivaron recuerdos de tortura y aislamiento vividos durante más de 20 años.

Negligencia médica o tortura encubierta

La negación de atención médica y la falta de condiciones mínimas para el descanso, especialmente en un hospital penitenciario, no son meros actos de descuido: pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano y degradante, de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos.

En este contexto, varios principios fundamentales se ven vulnerados:

• Instrumentalización de la salud: Si la falta de atención médica se utiliza como una forma de coerción, intimidación o castigo, puede constituir un acto de tortura en sí mismo.
• Impacto en la salud: La privación de sueño, el estrés prolongado y la negligencia médica pueden agravar patologías preexistentes y generar nuevos problemas de salud física y mental.
• Obligación del Estado: El Estado de Chile tiene el deber jurídico y ético de asegurar el acceso a atención médica oportuna y de calidad a todas las personas bajo su custodia, incluidas aquellas consideradas “peligrosas” o “subversivas”. Esto se extiende tanto a emergencias como a tratamientos especializados.
• Trato digno: La denegación sistemática de atención médica constituye violencia institucional y vulnera directamente la integridad física y psicológica de la persona privada de libertad.

Responsabilidad política e institucional

A la luz de los hechos, la responsabilidad no recae únicamente sobre los funcionarios que ejecutan actos de abuso, sino también —y sobre todo— en quienes tienen la autoridad para evitarlos. La omisión también es violencia.

En este sentido, resulta imperativo señalar la responsabilidad directa del ministro de Justicia, quien supervisa el sistema penitenciario; de la ministra de Salud, como garante de la salud pública y del control sanitario en recintos hospitalarios, independientemente de que la red pública de salud no tenga presencia directa en los hospitales penitenciarios concesionados. Esta situación, que por años ha quedado fuera del debate público, podría ser una oportunidad urgente para revisar el rol de la autoridad sanitaria frente a las acciones u omisiones de los concesionarios penitenciarios, quienes —según lo expuesto— parecen no tener una comprensión adecuada sobre los derechos fundamentales ni sobre los estándares mínimos de trato digno a personas bajo custodia estatal.

A esto se suma la actuación de Gendarmería de Chile, responsable directa del resguardo y trato de las personas privadas de libertad, así como la de todos los organismos e instituciones que participan en la definición, supervisión y fiscalización de los protocolos de seguridad y salud en contextos penitenciarios.

El caso de Mauricio Hernández Norambuena no puede ser visto como un hecho aislado. Lo ocurrido en el hospital penitenciario de Rancagua es reflejo de una estructura que permite —y a veces alienta— el deterioro físico y mental de ciertas personas por razones políticas o ideológicas. La violencia institucional no siempre lleva uniforme ni deja marcas visibles: a veces toma la forma del abandono, la indiferencia y el silencio.

“No hay derechos humanos selectivos. El silencio del Estado frente al sufrimiento de un preso político es también una forma de violencia”, señaló un cercano de Hernández Norambuena consultado por Factos.

La pregunta que queda abierta es contundente:

¿Hasta cuándo se tolerará que las instituciones públicas y sus autoridades hagan de la salud un instrumento de castigo o abandono?

29 de Junio de 2025.

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