Más de 245 organizaciones denuncian qué la agenda de permisología beneficia al gran empresariado extractivista.
por Redacción LID Chile.
Más de 245 organizaciones socioambientales y territoriales de todo el país hicieron público este lunes un contundente pronunciamiento contra la política ambiental del gobierno de Gabriel Boric, denunciando que la llamada “agenda de revisión de la permisología” representa una nueva ofensiva del capital sobre los territorios, facilitada esta vez por un gobierno que prometió transformaciones y hoy actúa como garante del extractivismo.
CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE ECONOMÍA NICOLÁS GRAU Y AL PRESIDENTE BORIC SOBRE SU AGENDA DE PERMISOLOGÍA.
30 de junio de 2025, desde todos los territorios de Chile.
Nosotras, las organizaciones firmantes de esta carta, queremos expresar al Ministro Grau y al presidente Boric lo siguiente: Somos organizaciones que luchamos día a día por la dignidad de la vida en nuestros territorios en todos los rincones del país llamado Chile. Dentro de nuestras luchas, la protección de la naturaleza es una cuestión fundamental, sobre todo para la protección de los derechos de las futuras generaciones pero también de las actuales. Hoy ya sufrimos los efectos de la triple crisis planetaria. La crisis de biodiversidad ya nos sometió a una pandemia mundial y nos mantiene en riesgo permanente de que eso vuelva a suceder. La disminución de la vida silvestre y la extinción masiva de especies hace más frágiles los ecosistemas y más propensos a colapsar.
La crisis de contaminación genera nuevas enfermedades, autoinmunes, del espectro autista, infertilidad, endocrinas, afecciones cardíacas, cáncer. La crisis climática está haciendo retroceder nuestras costas y cada año sufrimos más y mayores incendios forestales que a su vez aportan a la crisis de biodiversidad y de contaminación.
Esta situación debería obligar a las instituciones a elevar los estándares de protección del ambiente, al contrario de lo que su agenda de permisología promueve. Es falso que la ley de permisos sectoriales no se relaciona con los estándares ambientales, porque no todo pasa por evaluación ambiental.
De hecho, la recientemente aprobada reforma al reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental dejará fuera de evaluación ambiental un gran número de proyectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, como el reprocesamiento de relaves mineros, las modificaciones de proyectos con RCA cuando correspondan al mismo literal que el proyecto original, la producción, disposición, reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, reactivas o inflamables en hasta 2.499 toneladas, entre muchos otros.
Sabemos que el proyecto de ley de permisos sectoriales no está pensado para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, sino que a grandes proyectos que requieren permisos para sus diferentes partes y obras. Conocemos cómo funcionan las instituciones, probablemente mejor que usted.
Porque hacemos uso de ellas permanentemente en nuestra labor voluntaria de protección del ambiente y nuestros derechos. Sabemos de la casi nula capacidad de fiscalización de las instituciones. Sabemos que el 70% de los tiempos de evaluación se deben a la suspensión de plazos a solicitud de los propios titulares de proyectos, para subsanar los problemas u observaciones que se generan por cientos o miles debido al mal planteamiento de los proyectos desde su inicio. Sabemos de las reuniones privadas entre usted, Ministro Grau, y grandes empresarios, con la Ministra del Medio Ambiente en casa del lobbysta Zalaquet donde deben haber cocinado el Proyecto de Ley de Autorizaciones Sectoriales. Sabemos del acuerdo del Ministro Grau con el diputado Edwards, ex presidente del Partido Republicano y admirador del presidente de Argentina Javier Milei, para que la Declaración Jurada aplique como regla general en reemplazo de los permisos sectoriales. Usted, señor Grau, no debería ser Ministro de Chile. Los ministerios son para el desarrollo de políticas que resguarden y promuevan el bien común por sobre el beneficio privado, y usted no está cumpliendo esa función. Al contrario, está promoviendo políticas en el país que avanzan en la dirección del abandono de deberes del Estado, el deber de proteger a su población y garantizar el derecho a la integridad física y psíquica, al medio ambiente libre de contaminación, mismos derechos que deben ser garantizados para las futuras generaciones.
Presidente Boric, su hija nació precontaminada. Los niveles de protección ambiental hoy sin la aprobación del proyecto de ley de permisos sectoriales y sin la reforma al reglamento del SEIA, son insuficientes para proteger ni a las presentes generaciones, menos a las futuras. Su hija no gozará de la estabilidad climática, ni de la abundancia de bosques. No podrá beber agua pura ni maravillarse con una Patagonia salvaje como usted pudo hacerlo en su niñez y juventud, gracias a la agenda de regresión ambiental que usted promovió en su gobierno.
Qué mal legado nos dejará, y qué impresentable es promover una agenda tan acelerada en el último periodo de su gobierno, como si ya no le importara el país porque va de salida. Todavía están a tiempo de quitarle la suma urgencia a la discusión parlamentaria, y dejar de presionar las cámaras del Congreso para la aprobación de este nefasto y regresivo proyecto de ley que borra con el codo todo lo que escribieron con la mano durante la campaña presidencial y a inicios del gobierno, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú que contiene los principios preventivo, de no regresión y de progresividad, que la agenda de permisología transgrede flagrantemente. Dejamos abierta la posibilidad de que enmienden el mal camino andado, antes de que el país se replete de conflictos socioambientales que serán su responsabilidad.
Firman:
Parlamento Ambiental Ciudadano – Coquimbo
Catemu en Movimiento – Catemu
Fundación Wanaku Akunkawa – Valparaíso
RTCH, Red de Titiriter@s de Chile – Nacional
Teatro de Ingenio en Movimiento – Región Metropolitana
Plataforma Chile Mejor sin TLC – Región Metropolitana
Fundación Chile Sin Ecocidio – Nacional
Alianza Basura Cero Chile – Valparaíso
Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) – Araucanía
Favorita Producciones – Región Metropolitana
Agrupación de Defensa y Conservación de la Flora y Fauna de Yungay – Ñuble
Claro, aquí tienes la lista corregida, sin numeración y con espacio entre cada organización para facilitar su lectura:
Listado de Organizaciones Firmantes
ONG Acción Eco Quintay – Valparaíso
Agrupación de Desarrollo Turístico Rural Santa Lucía Bajo – Yungay, Ñuble
Agrupación de Defensa y Conservación de la Flora y Fauna de Yungay 🌿 – Ñuble
Fundación ReVerdes – Biobío
Coopelki – Coquimbo
ACU Chile (Artistas Callejeros Unidos de Chile) – Región Metropolitana
Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento – Coquimbo
Comunidad Mapuche José Manquepillán – Araucanía
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales – Nacional
Reparemos – Región Metropolitana
Diario Digital Werken Rojo – Chile
Fundación SERCAL – Región Metropolitana
Colectiva Artística Medioambiental La Capuchina – Valparaíso
Asamblea Titiritera V Región – Valparaíso
En Defensa de la Precordillera – Región Metropolitana
La Costa Se Defiende – Nacional
Fundación Chile Sin Ecocidio – Todas las regiones
Sindicato Independiente Musical Metropolitano (SIMM) – Región Metropolitana
Somos Más La Ligua – Valparaíso
Agrupación Vecinal La Isla – Llay-Llay, Región de Valparaíso
Comité Ambiental Comunal de Tiltil – Región Metropolitana
Comité Ambiental Comunal de El Tabo – Valparaíso
Defendamos la Patagonia – Los Lagos
Movimiento Ciudadano Rescatepingüino – Valparaíso
Huerta Comunitaria Cerro Yungay – Valparaíso
Junta de Vecinos San Sebastián de Las Tunas – Región del Maule
Fundación Qhapaq Ñan (Camino Inca) – Coquimbo
Modatima Elqui – Coquimbo
Modatima – Territorio de Elqui, Coquimbo
Defensa Ambiental – Coquimbo
2 de julio, 2025.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.cl/Mas-de-245-organizaciones-denuncian-que-la-agenda-de-permisologia-beneficia-al-gran-empresariado
“Permisología”: Cámara da luz verde a ley que agiliza aprobación de proyectos sectoriales en medio de críticas de ambientalistas.
por Nicolás Massai D. y Joaquín Riffo Burdiles/Interferencia.
El sector empresarial celebró una medida que fue promovida por el Gobierno y respaldada por los parlamentarios de derecha. La nueva ley promete bajar los tiempos de espera de aprobación de proyectos hasta en un 70%. Pero grupos ambientalistas y diputados reclamaron contra la regulación, acusando que se favorecen políticas que van contra el medio ambiente mientras evalúan llevar la iniciativa al TC.
Por lo mismo, fue celebrado por actores del gran empresariado, quienes consideraron como un paso fundamental para acortar los plazos de evaluación.
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, dijo que la iniciativa “permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento”, según consignó Emol, que también recogió las palabras de otros dirigentes gremiales como Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien aseguró que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país, que en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años”.
En 2023, ya el concepto era comentado por expertos, analistas y pasó a ser parte del imaginario colectivo en negocios y política.
Haciendo referencia a una supuesta complejización del contexto regulatorio y a los cambios de criterio de la autoridad que han afectado numerosos planes y obras, el uso del término “permisología” hace referencia a los procesos burocráticos para obtener los permisos que acreditan el desarrollo de un proceso de inversión.
Para quienes lo esgrimen en ese tono, este problema ha generado constante debate en la discusión público-privada, debido a que sería conocido por generar problemas en los plazos de otorgamiento de permisos (e incumplimiento de estos), además de problemas de coordinación entre diferentes servicios.
En la práctica, entre sus principales ejes se encuentra la armonización normativa, mediante la creación de un conjunto de normas comunes para todos los permisos.
Estas son el uso obligatorio de formularios digitales, plazos máximos, exámenes de admisibilidad, informes interinstitucionales y la implementación del silencio administrativo positivo como mecanismo de garantía para el solicitante.
Otro de los aspectos que aparecen como innovadores que incorpora la ley es la posibilidad de reemplazar autorizaciones de bajo riesgo por Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), como declaraciones juradas o simples avisos.
Estas herramientas permitirán acelerar procesos en casos donde no se comprometan riesgos relevantes. Sin embargo, estarían sujetas a fiscalización expost con severas sanciones ante cualquier tipo de fraude o falsificación.
Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo, hicieron una reserva de constitucionalidad durante la aprobación del proyecto, lo que significa que, en caso de contar con el apoyo de un cuarto de los diputados y diputadas, podrán tratar de impugnar ante el Tribunal Constitucional los apartados de la ley que, según ellos, amenazan derechos como la salud y vivir en un medioambiente libre de contaminación.
En la antesala a la votación, un grupo de 245 organizaciones ambientales ya había manifestado sus críticas al ministro de Economía, Nicolás Grau y al Presidente Gabriel Boric por su respaldo al proyecto de ley de permisos sectoriales y la reforma al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Según las organizaciones, estas medidas representan un retroceso en la protección ambiental, favoreciendo grandes intereses económicos a costa del bienestar ciudadano.
El documento acusa que “la recientemente aprobada reforma al reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental dejará fuera de evaluación ambiental un gran número de proyectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, como el reprocesamiento de relaves mineros, las modificaciones de proyectos con RCA cuando correspondan al mismo literal que el proyecto original, la producción, disposición, reutilización o almacenamiento de sustancias tóxicas, corrosivas, reactivas o inflamables en hasta 2.499 toneladas, entre muchos otros”.
Junto a ello, apuntan que el proyecto de ley de permisos sectoriales no beneficiará a pequeñas empresas, sino a grandes proyectos: “Sabemos que el proyecto de ley de permisos sectoriales no está pensado para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, sino que a grandes proyectos que requieren permisos para sus diferentes partes y obras”.
Entre los firmantes se encontraban organizaciones como el Parlamento Ambiental Ciudadano, Modatima, la Fundación Wanaku, la Red de Humedales de Chile y más de 200 colectivos locales y nacionales.
Grupos ambientalistas ya están en conversaciones con parlamentarios del sector oficialista para juntar las firmas necesarias para recurrir al Tribunal Constitucional ante la aprobación de la ley.
Para que una reserva de constitucionalidad presentada desde la Cámara de Diputados pueda ser admitida ante esa instancia, es necesario que cuente con el respaldo de al menos un cuarto de los diputados en ejercicio, es decir, con la firma de 39 parlamentarios. Este requisito garantiza que la impugnación tenga un respaldo suficiente dentro del Congreso.
Además, la reserva debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley, generalmente en un máximo de 30 días desde la publicación de la norma cuestionada, para que el Tribunal evalúe su admisibilidad y, eventualmente, su fondo.
2 de julio, 2025.
Fuente: https://interferencia.cl/articulos/permisologia-camara-da-luz-verde-ley-que-agiliza-aprobacion-de-proyectos-sectoriales-en
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