Estado lumpen: entre el crimen organizado, la represión y la «necesidad de orden».

Fuerzas Armadas, crimen organizado y neoliberalismo: una alianza contra los pueblos.

por Nahuel/EPP.

La idea de que los militares pueden salvar a un país de una crisis social o política es una falacia peligrosa, sostenida por una lógica autoritaria y desmentida por la experiencia histórica latinoamericana más reciente, especialmente la mexicana.

Esas calles se nublaron

Se perdieron en la sombra

Del remordimiento

Que ahora te hace caer

Y yo quiero que te caigas

Y que caigas de rodillas

Te escupan en la cara

Y que sepas morir

La primera vez

(Los TRES)

En tiempos de incertidumbre, las sociedades tienden a buscar respuestas simples a problemas complejos. En Chile y en gran parte de América Latina, una idea ha resurgido con fuerza y con peligrosa insistencia: que las Fuerzas Armadas deben ser llamadas a “salvar” a la nación. Esta narrativa, promovida por sectores políticos y mediáticos defensores del neoliberalismo, propone la militarización de los territorios más pobres y conflictivos —como el Wallmapu o las poblaciones marginadas— como una solución eficaz al crimen organizado, la violencia o incluso a las crisis sociales. Sin embargo, esta tesis no sólo es falaz, sino que representa una amenaza real a las libertades democráticas de los pueblos, los derechos humanos y los pueblos en lucha.

Militarización y crimen organizado: la experiencia mexicana como advertencia

La experiencia chilena reciente demuestra que, lejos de ser una solución efectiva al problema de la seguridad, la militarización del orden público es una política reactiva, sin planificación estratégica, que responde más al miedo que a un diagnóstico certero. Es una respuesta que se articula con rapidez ante situaciones de crisis —ya sea la protesta social, el aumento del narcotráfico o el conflicto territorial en el Wallmapu— pero que no aborda las causas estructurales del problema, y que, como ocurrió en México, comienza a generar efectos colaterales de alto riesgo para las libertades de los pueblos de Nuestramérica.

En la última década, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ha dejado de ser la excepción para convertirse en la norma. Primero fue durante la rebelión de octubre de 2019, cuando el gobierno de Sebastián Piñera declaró estado de emergencia, sacó los militares a las calles y restringió derechos fundamentales como la libre circulación. El resultado fue una represión masiva que dejó 34 muertos, cientos de mutilados oculares y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. La desproporcionalidad del uso de la fuerza quedó registrada ante el país y el mundo. Pero la lección fue ignorada.

En lugar de establecer mecanismos de control, reparación y disolución de los aparatos represivos, la clase política optó por mantener y ampliar las facultades excepcionales. Durante los años siguientes, se ha renovado sistemáticamente el estado de excepción en el Wallmapu, bajo la justificación del combate al “terrorismo” en el Wallmapu. En paralelo, se ha reforzado la doctrina de “orden público” que legitima la presencia militar en espacios civiles, sin fiscalización externa efectiva, sin protocolos adecuados y sin considerar las graves consecuencias que esto implica para las comunidades mapuche, que ya arrastran décadas de violencia estatal, criminalización y despojo.

Más recientemente, el discurso de “mano dura” ha vuelto con fuerza bajo el argumento del combate al narcotráfico y la violencia en las poblaciones populares. Las comunas del Gran Santiago, del Biobío y del norte del país viven un incremento en delitos de alta complejidad, como asesinatos por encargo, control territorial por bandas organizadas y circulación de armamento de guerra. Ante esto, voces del espectro político conservador, junto con medios hegemónicos, claman por más presencia militar en las calles, sin detenerse a analizar que esas mismas instituciones ya están siendo infiltradas por el crimen organizado.

Durante 2024 y 2025, la opinión pública ha sido sacudida por una serie de escándalos que revelan una profunda corrupción y pérdida de control interno en las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Se han reportado robos de armamento militar que han terminado en manos de bandas criminales, redes de narcotráfico dentro de unidades policiales, vínculos entre altos mandos y organizaciones ilícitas, y filtraciones de información sensible. A esto se suma el ya histórico desfalco en Carabineros, el “Pacogate”, que desvió más de 28 mil millones de pesos y sigue sin sanciones ejemplares. Es decir, las instituciones llamadas a combatir el crimen están, en varios casos, funcionando como engranajes de ese mismo crimen.

A pesar de estas señales de alarma, la clase política —tanto del oficialismo como de la oposición— ha mostrado una alarmante pasividad. En lugar de exigir auditorías profundas, reformas estructurales y un rediseño del sistema de seguridad pública, se insiste en el camino fácil de reforzar el presupuesto militar y ampliar sus competencias, en una suerte de “huida hacia adelante” que termina reproduciendo el mismo error que cometió México.

El peligro de esta pendiente resbaladiza es doble. Por un lado, se normaliza el estado de excepción como régimen de gobierno, debilitando sus propios marcos constitucionales y las mínimas garantías democráticas y libertad de expresión y manifestación de los pueblos. Por otro, se despliega una fuerza armada hacia territorios históricamente empobrecidos y racializados, donde la criminalización de la pobreza se convierte en política de Estado. La seguridad deja de ser un derecho para todos y se transforma en un dispositivo de control para unos pocos.

El punto más grave es que esta estrategia despolitiza la raíz de los conflictos sociales, reduciéndolos a problemas de orden, de conducta individual, de moral o de “enemigos internos”. Así, en lugar de enfrentar las causas estructurales del narcotráfico —desigualdad, exclusión, abandono estatal, falta de oportunidades—, se reprime a las comunidades que lo sufren. En lugar de dialogar con los pueblos originarios sobre autonomía, reparación y desmilitarización, se les trata como amenazas.

En este contexto, militarizar no es proteger, es someter. No es garantizar paz, es asegurar control. No es construir seguridad democrática, es blindar el modelo neoliberal con ropaje autoritario. Lo que está en juego no es solo la eficacia de una política pública, sino la orientación del proyecto país: o avanzamos hacia una sociedad democratizada, con instituciones populares, transparentes y comprometidas con los derechos humanos, o nos seguimos deslizando por esta pendiente, donde el poder de las armas reemplaza al poder de la ley, y donde la represión se impone como sustituto de la justicia.

Nostalgia autoritaria y el fetichismo del orden neoliberal

En el centro del discurso militarista que se ha instalado en Chile y otros países latinoamericanos subyace una noción mítica y profundamente ideológica: la idea de “orden” como un valor supremo, absoluto y no negociable. Este “fetiche del orden” no se presenta como una construcción política —sujeta a debate, contexto o intereses sociales—, sino como una necesidad natural, casi biológica, que debe imponerse frente al caos, la delincuencia o la desobediencia. Es precisamente este fetiche el que opera como el eje emocional y simbólico de la nostalgia autoritaria que impulsa el retorno de los militares al espacio público.

En esta narrativa, la democracia, con sus formas lentas, sus deliberaciones, su pluralismo, sus mecanismos de control, aparece como un obstáculo para la eficiencia, la seguridad y la paz. La solución, entonces, no es fortalecer las libertades democráticas para el pueblo que dicen proteger, sino suspenderlas parcialmente en nombre de un supuesto bien superior: el orden. Se invoca el miedo, se apelan las emociones más básicas —el temor al otro, al joven pobre, al migrante, al mapuche, al disidente— para justificar políticas represivas que concentran poder en manos de agentes armados, muchas veces sin contrapesos ni rendición de cuentas.

No es casual que esta nostalgia autoritaria resurja precisamente en contextos de crisis del neoliberalismo. Cuando el modelo económico deja de garantizar bienestar mínimo para las mayorías; cuando la desigualdad se torna visible en la calle; cuando la protesta se vuelve generalizada y legítima; el Estado neoliberal entra en pánico. Y su única respuesta es la fuerza. Allí donde el mercado ya no puede integrar, entra el fusil a disciplinar. Así, el llamado al “orden” no es un llamado a la convivencia o al respeto mutuo, sino un eufemismo para la represión selectiva, la contención de la protesta y la protección de los privilegios de clase.

En Chile, este discurso ha sido funcional a los sectores políticos y económicos que buscan preservar un modelo de sociedad jerarquizado y excluyente. Se instala la idea de que la violencia está en la periferia, en las poblaciones, en las tomas, en los liceos en paro, en las comunidades mapuche que recuperan tierras. Mientras tanto, se oculta la violencia estructural que emana de las élites económicas y de las instituciones del Estado: el abandono sistemático de territorios, la precarización de la vida, la corrupción institucional, la represión estatal. El “orden” se convierte así en un relato que invisibiliza la violencia de los de arriba mientras criminaliza la resistencia de los de abajo.

Esta nostalgia autoritaria no es sólo discursiva; se traduce en prácticas concretas. Se legisla para aumentar penas y restringir libertades. Se endurecen los protocolos de uso de la fuerza. Se militarizan las fronteras y las calles. Se levantan muros jurídicos frente a la migración. Se trata a la infancia pobre como problema de seguridad más que de derechos. Se normaliza el uso de la vigilancia digital, la inteligencia preventiva, el control de la protesta. Se construye, lentamente, un Estado punitivo que sustituye el rol social del supuesto Estado democrático que ya no le sirve al empresariado.

Lo más alarmante es que esta nostalgia del autoritarismo no solo habita en los partidos de derecha tradicional, sino que ha permeado sectores amplios del espectro político, incluso en aquellos que antaño levantaban banderas progresistas. La lógica del “hay que hacer algo ya” ha llevado a muchas autoridades a adoptar el lenguaje y la estética del orden militarizado, como si fuera la única forma de gobernar frente al desborde. Esta aceptación transversal del discurso de la seguridad por sobre los derechos es uno de los signos más preocupantes del momento político actual.

Recordar el pasado no es una cuestión de melancolía ni de moralismo. Es una necesidad política. Chile ya vivió un experimento autoritario bajo la dictadura cívico-militar. Ese régimen también prometió orden, disciplina y progreso. Lo que trajo fue represión, desapariciones, exilio, censura, desmantelamiento del tejido social y la implantación de un modelo neoliberal brutal. La historia enseña que cuando se sacrifica la democracia en nombre del orden, el resultado es un Estado blindado para unos pocos y hostil para las mayorías.

Los altos mandos de instituciones verticales y jerarquizadas como las Fuerzas Armadas, Carabineros o la Policía de Investigaciones gozan de impunidad porque operan bajo una lógica de autonomía corporativa y blindaje institucional, heredada de la dictadura y consolidada por más de 30 años por una clase política pusilánime hasta hoy día, de confrontar sus privilegios.

Estas estructuras se construyen sobre el principio de obediencia sin cuestionamiento, donde la jerarquía no sólo ordena, sino también protege. En este contexto, la responsabilidad se diluye hacia abajo y se encubre hacia arriba. La impunidad se refuerza por una débil fiscalización civil, la ausencia de mecanismos de control independientes, y la complicidad de un sistema judicial que históricamente ha mostrado deferencia hacia el poder uniformado. Además, el discurso de “garantes del orden” les otorga una legitimidad simbólica que inhibe las sanciones, aún cuando estén involucrados en corrupción, violaciones a los derechos humanos o colusión con el crimen organizado. Así, la impunidad no es un accidente, sino una condición estructural del poder militar y policial en regímenes que, aunque se dicen democráticos, aún temen democratizar sus pilares coercitivos y no lo harán.

Hoy, volver a poner a los militares en la calle no es un gesto de protección, sino un retroceso. El fetiche del orden es, en realidad, una renuncia al conflicto democrático, una claudicación ante la complejidad del país real.

¿Qué ocurriría si los pueblos les siguiera haciendo caso?

Si los pueblos de nuestramérica aceptaran de manera ciega el consejo de quienes claman por más policías y militares como única respuesta a los conflictos sociales, las consecuencias serían tan previsibles como devastadoras. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos para anticipar los efectos de una política que, bajo el pretexto de restaurar el orden, acaba por destruir las libertades y los derechos sociales y hundir a las sociedades en ciclos de violencia, autoritarismo e impunidad.

En Chile, por ejemplo, lo que ocurriría sería la consolidación de un Estado de excepción permanente, donde las garantías constitucionales se verían sistemáticamente suspendidas para ciertos territorios y ciertas poblaciones. El Wallmapu, hoy militarizada bajo el discurso de la “pacificación y el terrorismo”, se transformaría en un laboratorio de represión expandido. La extensión de estados de emergencia, toques de queda, control militar de caminos y patrullajes armados en zonas urbanas y rurales pasaría a ser parte de la normalidad. El país se acostumbraría, como ya ocurrió durante la dictadura, a la presencia de soldados donde antes había escuelas, centros comunitarios o plazas.

La vida cotidiana de comunidades enteras se vería atravesada por el miedo, la vigilancia y la sospecha. La convivencia se transformaría en control, y el tejido social —ya erosionado por la desigualdad y el abandono estatal— se descompondría aún más. Las poblaciones pobres, los barrios populares, los campamentos, las comunidades mapuche, serían tratados “institucionalmente” como “zonas rojas”, no como parte del cuerpo social que merece políticas públicas integrales, inversión social, participación ciudadana y justicia territorial.

En segundo lugar, si la militarización avanza, la corrupción institucional no solo se profundizaría: se volvería estructural. Las denuncias recientes de infiltración del narcotráfico en Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea no son anomalías, sino síntomas de un proceso de descomposición que se acelerará mientras se mantenga sin reformas ni controles. Como ocurrió en México, el despliegue militar en funciones policiales sin mecanismos de fiscalización civil ni transparencia solo facilita el contacto directo entre las instituciones armadas y las redes criminales.

Las armas que hoy se pierden “accidentalmente” terminarán masivamente en manos de bandas organizadas. Los jefes militares que hoy callan frente a los escándalos podrían mañana (acaso ya lo son) convertirse en aliados estratégicos del crimen organizado. Se hará estructural el socavamiento de la cadena de mando por la lógica de la lealtad al mejor postor, y los pueblos —lejos de sentirse más seguros— re- aprenderá que el uniforme no es garantía de legalidad ni protección, sino, de amenaza.

Tercero, y de manera aún más grave, la protesta social y la organización popular serán criminalizadas sistemáticamente. Quienes hoy exigen mejoras en salud, educación, vivienda, justicia ambiental o reconocimiento de derechos indígenas serán rápidamente etiquetados como “grupos radicales”, “enemigos internos” o “agentes del caos”. El conflicto político se tratará como problema de seguridad. Las marchas serán disueltas por blindados, las huelgas escolares reprimidas con gases, las recuperaciones de tierras mapuche respondidas con allanamientos militares. El disenso será reprimido, no escuchado. El desacuerdo será castigado, no canalizado. La democracia formal (ésta, la de “cartón”) dará paso a la dictadura sin camuflajes.

En paralelo, las élites económicas y políticas que impulsan este modelo encontrarán en la militarización un aliado silencioso pero eficaz para sostener sus privilegios. La represión dirigida hacia abajo permite mantener la estabilidad macroeconómica, proteger las inversiones y garantizar el libre flujo del capital en un país donde los derechos sociales siguen siendo concebidos como un gasto, no como una inversión. El Estado, en vez de ser garante de derechos, se transforma en gendarme del orden neoliberal.

Finalmente, si se consolida esta política de militarización y miedo, lo que ocurrirá es un empobrecimiento generalizado del horizonte político del país. La imaginación colectiva será capturada por el miedo, la ciudadanía será habituada a la obediencia y la política se reducirá al arte de gestionar la represión con eficiencia. Desaparecerán los lenguajes de la justicia, del cuidado, de la solidaridad. La juventud crecerá viendo tanquetas en sus calles y helicópteros y drones militares sobre sus techos. Se instalará la idea de que “las libertades democráticas no sirven” porque no pueden resolver los problemas con rapidez, cuando en realidad se la habrá vaciado por dentro.

Lo que está en juego no es solo la forma de enfrentar la criminalidad, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Si seguimos el camino de la militarización, naturalizaremos la violencia institucional, aceptaremos la desigualdad como paisaje y permitiremos que el miedo gobierne. Pero si rechazamos esta falsa solución, si apostamos por una seguridad construida democráticamente por los pueblos y comunidades, por la reconstrucción del tejido popular y de los territorios abandonados y por la disolución de los aparatos represivos y de control, aún estaremos a tiempo de construir un país donde no se necesite el orden burgués sino la paz de las comunidades y de los pueblos.

17 de julio, 2025.

Fuente: https://escuelapopularpermanente.cl/fuerzas-armadas-crimen-organizado-y-neoliberalismo-una-alianza-contra-los-pueblos/