Verdad y Justicia: ¡Siempre!
por CODEPU.
Un reportaje televisivo difundido recientemente, no concluyente e interesado en causar impresión, conmocionó a los organismos de defensa de los derechos humanos y especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos al referirse al caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo, calificada como de detenida desaparecida. De ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que alguien que pudo ser una víctima vive. Enhorabuena. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.
CODEPU está convencido que siempre es mejor la Verdad y la Justicia
El 11 de septiembre de 1973 fue la respuesta del poder al proceso popular que representaba justicia social y esperanzas para los postergados de siempre.
Ese día fue el inicio del espanto y la crueldad sistemática. Desde ese día se vivieron los momentos más traumatizantes y horrorosos que la historia y la memoria recuerde. Los crímenes cometidos en todo el territorio nacional fueron realidades dolorosas. Ese es el tiempo que se corresponde con los acontecimientos que derivan, tras 52 años, en la información que intenta recoger el reportaje.
Los hechos se originan en Neltume, una localidad cordillerana que se convirtió en territorio de sucesos profundamente expresivos de las luchas sociales que marcaron esos años. Neltume también a partir del mismo 11 de septiembre se convirtió en sinónimo del horror del terrorismo de estado y la violencia patronal en contra de los trabajadores forestales, sus organizaciones y sus familias. Allanamientos inmisericordes, vejaciones, humillaciones, torturas, prisión política y decenas de fusilamientos cayeron sobre los poblados para sembrar el horror. Ahí están los crímenes de Liquiñe, Chihuio, Caravana de la Muerte y otros muchos.
Insistimos, de ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror.
Por lo que se sabe, Bernarda Vera era portadora de un alto compromiso social y político con su pueblo y los pueblos de nuestro continente. CODEPU no juzgará las razones que pudo y puede tener para guardar silencio durante tantos años. Desconocemos sus eventuales intentos por retomar contacto con los suyos. Sabemos sí, que las secuelas del horror se expresan aún hoy y pese al tiempo transcurrido en una amplia problemática psicosocial como consecuencia traumática de la violencia estatal y patronal y cuyos efectos individuales y colectivos adquieren diversas dimensiones en nuestros pueblos y países que debieron soportar dictaduras oprobiosas. Ella, su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la Verdad y toda la Justicia.
Los hechos nos revelan que la Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo informe se entregó en 1991 fue solo un paso tras el objetivo de alcanzar la Verdad y la Justicia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Si bien es cierto que, lentamente se lograron algunos avances, fruto de la labor y perseverancia de familiares, paulatinamente la Verdad y la Justicia se fue diluyendo en medio de pactos de silencio, medias prescripciones, fallos tardíos y protección al dictador, entre otras tantas dilaciones, todo a la espera de que el paso del tiempo abra paso al olvido y a la impunidad. Una muestra de lo anterior es que hoy el Estado debate acerca del otorgamiento de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y algunos personeros se atreven a decir que las muertes provocadas por la dictadura fueron justificadas o que si fuera necesario repetirían el golpe de estado.
En nuestra opinión, el Estado de Chile tiene la obligación de investigar cada uno de los casos recogidos en los informes oficiales. El Estado tenía y tiene la obligación de realizar todas las gestiones para aclarar toda duda razonable en la calificación de una víctima. Desconocemos si se ejecutaron todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron. Estamos convencidos que ésta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes y que fuera el resultado de la acción del propio Estado.
En relación al Plan Nacional de Búsqueda -instrumento creado precisamente para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas por razones políticas durante la dictadura- hemos sostenido que los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece.
CODEPU reafirma su convicción que un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron la condena internacional durante los 17 años de su existencia.
En lo inmediato, solidarizamos con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista. Tenemos la certeza que la perseverancia y entrega de los familiares constituyen ejemplos de dignidad.
Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia. El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia.
Condenamos y condenaremos todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales.
Condenamos y condenaremos el negacionismo que a partir de este hecho intentará recobrar fuerzas en los sectores políticos que respaldaron la dictadura y que nunca se hicieron cargo de lo que propiciaron, silenciaron y justificaron.
Fuente: https://codepu.cl/wp/2025/09/29/verdad-y-justicia-siempre/
Gobierno y caso de DDDD encontrada viva en Argentina: fue detectado por el Plan Nacional de Búsqueda.
por El Mostrador.
Vera, alias “Anita”, desapareció en octubre de 1973 tras ser detenida a los 27 años. Sin embargo, un reportaje emitido por Chilevisión reveló la existencia de una mujer en Argentina que sería ella.
Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, explicó que las inconsistencias del caso fueron identificadas por la periodista y académica Pascale Bonnefoy, en el marco del plan impulsado por el Gobierno de Gabriel Boric.
Cordero relató que, durante su paso por el Ministerio de Justicia en 2024, conoció los primeros antecedentes y que el proceso de chequeo incluyó gestiones con Suecia, país al que Vera habría viajado tras escapar de Chile. “El equipo del Plan Nacional de Búsqueda (…) tomó la decisión de comunicarle a la única hija que se encuentra en el país de las indagaciones que estaba haciendo en el contexto del Plan”, señaló. Según dijo, los antecedentes oficiales desde Suecia llegaron recién en mayo de este año y fueron entregados al juez que investiga el caso.
El ministro subrayó que el Ejecutivo estudia presentar una querella, aunque recalcó que la familia en Chile “ha actuado de buena fe y con total desconocimiento” de la situación. También descartó que Sandro Gaete, exfuncionario del Plan de Búsqueda, lo hubiera informado directamente.
Agregó que “el Gobierno está estudiando una querella” respecto a este caso, pero puntualizó que “la hija de Bernarda Vera y su familia (en Chile) han actuado de buena fe y con total desconocimiento” de la irregularidad, por lo que hizo un llamado a la prudencia y al respeto en las opiniones.
El ministro de Seguridad también señaló que es “falso” que Sandro Gaete, exfuncionario del Plan de Búsqueda, le hubiera informado a él directamente sobre la situación de Bernarda Vera.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2025/09/29/gobierno-y-caso-de-dddd-encontrada-viva-en-argentina-fue-detectado-por-el-plan-nacional-de-busqueda/
Rendón exige responsabilidad política de ministro Cordero por caso de detenida desaparecida hallada con vida en Argentina.
por Clarín Chile.
El hallazgo con vida en Argentina de Bernarda Vera, quien durante décadas fue considerada detenida desaparecida en Chile, abrió una fuerte controversia política y judicial. Tras el reportaje emitido por Chilevisión que confirmó la situación de Vera, el abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón cuestionó duramente la responsabilidad del actual ministro de Seguridad, Luis Cordero Vega.
Rendón señaló que, de comprobarse que Cordero —en su rol previo como Ministro de Justicia— tuvo antecedentes sobre la sobrevivencia de Vera y no los puso de inmediato en conocimiento de los tribunales, debería ser removido de su actual cargo.
“Si se confirma que el actual Ministro de Seguridad, Luis Cordero Vega, como Ministro de Justicia, tuvo antecedentes acerca de la sobrevivencia de esta persona y no los puso de inmediato en conocimiento de los tribunales, debiese ser removido de su cargo actual por su responsabilidad política pasada”, declaró Rendón.
El abogado advirtió que esta omisión reviste una gravedad mayor, ya que pone en entredicho la credibilidad de la acción del Estado en la búsqueda de verdad y justicia respecto de los detenidos desaparecidos.
“Esta grave omisión lanza una sombra de duda sobre toda la labor del Estado en materia de detenidos desaparecidos, uno de los mayores dramas de Chile. Los responsables de provocar este tremendo daño, del cual sin duda algunos se aprovecharán, no pueden quedar impunes”, enfatizó.
En una declaración más extensa, Rendón añadió:
“Lo concreto es que el gobierno debió haber transparentado esta situación en cuanto tomó conocimiento. No es aceptable que un medio de comunicación haya logrado establecer la verdad y el Estado de Chile no lo haya hecho con anticipación. Y además, es una torpeza sin nombre que, cuando ya el Ministerio de Justicia estaba en conocimiento de que Chilevisión estaba haciendo el reportaje, no se hayan adelantado, no hayan sacado un comunicado y se hayan dejado arrinconar como está ocurriendo en estos momentos. Es falta de transparencia en primer lugar, pero aún cuando se asumiese que no son transparentes, es una torpeza política sin nombre no transparentar cuando ya la prensa estaba en conocimiento”.
El caso de Bernarda Vera reabre así un debate histórico sobre las deudas del Estado en materia de verdad y justicia, y coloca al ministro Cordero en el centro de las críticas por su eventual responsabilidad política en un episodio que toca una de las heridas más profundas del país.
Fuente: https://www.elclarin.cl/2025/09/29/abogado-de-derechos-humanos-exige-responsabilidad-politica-de-ministro-cordero-por-caso-de-detenida-desaparecida-hallada-con-vida-en-argentina/
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