Chile sin derechos: Otro desalojo bajo el gobierno de Boric.

Con un amplio despliegue policial y municipal, se llevó a cabo este jueves el desalojo de la toma Dignidad en la comuna de La Florida. A primera hora llegaron al lugar los equipos de uniformados mientras un grupo de pobladores se rehusaba a salir del lugar, clamando por soluciones habitacionales.

194 familias son las que conformaban este campamento ubicado en el borde norte de la Quebrada de Macul. La medida se basa en un decreto del Serviu Metropolitano que declaró inhabitable una franja de 30 metros a ambos lados del Zanjón de La Aguada por riesgo de inundación.

Previamente varias familias, 52 en específico, dejaron el lugar para acoger uno de los subsidios de arriendo que otorgó la Municipalidad de La Florida a modo de solución. Sin embargo, María Carimán, dirigenta de la toma Dignidad, denunció que la promesa de subsidios de la municipalidad no se otorgó como habían anunciado.

“La primera lista son 192 y son 50 personas que tiene subsidio, porque el subsidio no lo hemos visto. El subsidio de arriendo nadie lo tiene”, aclaró a los medios de comunicación.

Consultada por Radio y Diario Universidad de Chile, Eloísa González, asesora comunicacional de la mesa de dirigentas del Campamento Dignidad, confirmó que “lo que denuncian es que se habían comprometido una serie de subsidios de arriendo para las familias afectadas por el desalojo, tanto para esta etapa como las siguientes”.

“Sin embargo, a pesar de que el alcalde dijo que hay 50 subsidios entregados, no se ha entregado ninguno. Ninguna de las familias está con subsidio de arriendo, por lo que no están condiciones de salir del campamento para tener un lugar al que llegar”, expresó.

Por otro lado, también cuestionó las garantías dadas a los vecinos respecto del cuidado de sus derechos humanos. “Se cortó el insumo eléctrico y además se cortó el agua. Por lo tanto, las familias hoy con niños, adultos mayores, están sin agua y sin luz. Eso ya lo denunciamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos”, declaró González.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, sostuvo que: “Hay un grupo de personas que por distintas razones no cumplen los requisitos de vulnerabilidad o incluso se encuentran en situación migratoria irregular, y malamente podrían acceder a esta solución”.

Desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana defendieron que este proceso se ha hecho de manera “responsable” y que se viene trabajando en ello hace más de un año con las familias del sector.

“Esto no es un operativo improvisado. Es el resultado de un proceso planificado, interinstitucional y con importante acompañamiento social”, expresaron a través de una publicación en X.

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por Izquierda Diario.