Tras más de una década, los trabajadores portugueses volvieron a la huelga general contra la reforma laboral del gobierno.
Por Claudia Navarro/Nueva Revolución.
El detonante de esta movilización es la controvertida reforma laboral que impulsa el gobierno de Luís Montenegro y que altera más de un centenar de artículos del Código del Trabajo.
Por primera vez en 12 años, Portugal se ha detenido en seco. Miles de trabajadores y estudiantes secundaron una jornada de huelga general y tomaron las calles convocados por las centrales sindicales mayoritarias, la CGTP y la UGT, en una movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno liberal de Luís Montenegro. Esta huelga, no solo supone un rechazo rotundo a medidas que atentan directamente contra los intereses de los trabajadores, sino que significa también un punto de inflexión en la lucha obrera del país, adormecida por una década de pactos y concesiones sindicales.
La huelga general irrumpió en el país a la medianoche del 10 de diciembre, extendiéndose durante 24 horas y paralizando los engranajes esenciales de la economía portuguesa. Según estimaciones sindicales, más de tres millones de trabajadores se unieron al paro, un seguimiento que el gobierno ha intentado minimizar, pero que ha dejado una huella indeleble en el pulso diario de la nación.
En Lisboa, la capital amaneció envuelta en un silencio inusual, similar al de un sábado matutino, pero sin el bullicio habitual del metro ni el zumbido de los trenes. Los servicios ferroviarios se detuvieron por completo, cientos de vuelos fueron cancelados y el transporte público urbano colapsó. La educación se vio gravemente afectada: sindicatos como FENPROF y SINDEP cerraron escuelas y universidades y sacando a las calles a miles de alumnos, quienes se unieron a las manifestaciones.
La sanidad operó con servicios mínimos, priorizando emergencias, mientras que la recogida de basuras y la función pública sufrieron interrupciones notables. Grandes industrias, como la planta de Autoeuropa en Palmela –con cerca de 5.000 empleados–, se sumaron al paro, deteniendo cadenas de montaje clave para la exportación automovilística. Incluso sectores como la hostelería y el comercio minorista, aunque con menor impacto, registraron ausencias significativas, con supermercados y tiendas de lujo abriéndose a media mañana entre el escepticismo de limpiadoras que perciben apenas 8 euros por hora.
La jornada transcurrió sin incidentes mayores, marcada por concentraciones y piquetes informativos en plazas emblemáticas como el Rossio y el Terreiro do Paço. Líderes sindicales como Tiago Oliveira, de la CGTP, arengaron a los manifestantes: «Haremos una gran huelga general. Nuestro llamamiento es que todos los trabajadores utilicen este día como medio para rechazar la reforma laboral». Al atardecer, las manifestaciones culminaron en marchas multitudinarias, evocando los espíritus combativos de la era post-troika, y dejando un mensaje claro: la clase trabajadora no tolerará retrocesos.
La reforma laboral: un ataque directo a los trabajadores
El detonante de esta explosión social es el controvertido paquete «Trabalho XXI», una revisión que altera más de un centenar de artículos del Código del Trabajo. Presentado por la ministra de Trabajo, Rosário Palma Ramalho, como una «modernización» para adaptar el mercado a las demandas del siglo XXI, el gobierno argumenta que impulsará el crecimiento económico. Sin embargo, para los sindicatos no es más que un regreso al modelo de precarización impuesto por la troika en 2011, priorizando los intereses empresariales.
Entre las medidas más lesivas destacan, por ejemplo, la facilitación de despidos. Se reduce drásticamente las garantías procesales, especialmente en pymes, eliminando la necesidad de pruebas, testigos o motivaciones detalladas para rescindir contratos. Esto abre la puerta a despidos arbitrarios, dejando a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad extrema.
Esta nueva legislación laboral también promueve la temporalidad. Se amplía el uso de contratos a plazo fijo, particularmente para jóvenes sin experiencia, perpetuando la inestabilidad laboral que ya afecta al 20% de la fuerza de trabajo portuguesa. Además, se introduce un banco de horas individual. Esta propuesta permite acumular hasta 150 horas extras anuales –equivalentes a dos horas diarias adicionales– sin compensación inmediata en pago, elevando jornadas a 50 horas semanales. Los sindicatos lo ven como un eufemismo para el trabajo gratuito.
Otro punto polémico tiene que ver con los recortes en los derechos parentales y de conciliación. El derecho a horarios flexibles para madres lactantes se limita a dos años, y pasa a depender de la «organización empresarial». Similarmente, se restringen permisos por discapacidad infantil o enfermedad crónica, así como bajas por aborto o duelo, ignorando la realidad de un país donde el 80% de los salarios no superan los 1.500 euros mensuales.
La reforma laboral que impulsa el ejecutivo luso también fomenta la desregulación de la subcontratación. Se eliminan límites a esta práctica, facilitando la externalización de servicios y la erosión de condiciones laborales en sectores clave como la construcción y los servicios.
Estas disposiciones, según la UGT y la CGTP, no solo precarizan el empleo, sino que revierten conquistas sociales históricas, alineándose con una agenda liberal que beneficia a las élites empresariales a costa de la clase trabajadora.
Doce años de silencio sindical
Portugal no convocaba una huelga general desde el 27 de junio de 2013, cuando el país aún gemía bajo el yugo de la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI–, que impuso recortes salariales y aumentos fiscales como condición para el rescate financiero. Aquella paralización fue un grito de auxilio colectivo; desde entonces, el panorama sindical ha estado marcado por una postura pactista de las centrales mayoritarias. La CGTP, de raíz comunista, y la UGT, con lazos históricos al Partido Socialista (PS) y al PSD, optaron por la concertación social en lugar de la confrontación, negociando reformas menores durante los gobiernos de António Costa (PS) y priorizando la estabilidad económica post-pandemia.
Esta docena de años de relativa quietud se explica por un contexto de recuperación gradual –con un PIB creciendo al 2% anual– y la influencia bipartidista de la UGT, que ha evitado rupturas con el poder establecido. Sin embargo, la llegada de Montenegro y su Alianza Democrática (AD) al gobierno en minoría ha roto el delicado equilibrio, forzando a los sindicatos a un cambio de rumbo.
La huelga del 11 de diciembre podría reavivar la resistencia obrera en Portugal. Al unir a la izquierda sindical en un frente común, ha recordado a generaciones jóvenes –muchas nacidas tras la troika– el poder transformador de la movilización colectiva.
12 de diciembre, 2025.
Fuente: https://nuevarevolucion.es/tras-mas-de-una-decada-los-trabajadores-portugueses-volvieron-a-la-huelga-general-contra-la-reforma-laboral-del-gobierno/
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