Fin de año, el informe del PC: Estéril, burocrático y continuista de la política progre-burguesa.

El Informe del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile, constituye un esfuerzo sistemático por dotar de épica y respetabilidad política a la derrota electoral de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2025. El documento se presenta con un tono rigurosamente técnico y burocrático, y se inscribe en una tradición larga del PC: explicar las derrotas no como producto inmediato de errores propios, sino como expresión de circunstancias externas, de ciclos históricos más amplios, en este caso caracterizados por una “ola reaccionaria” de alcance mundial, un “nuevo clivaje pueblo-élite” y una profunda despolitización social inducida por el neoliberalismo y amplificada por los medios de comunicación y las redes sociales. El informe afirma, en términos explícitos, que la elección “no puede ser leída de manera aislada ni reducida exclusivamente a factores internos de campaña”, sino como parte de un proceso estructural que excede al propio partido y a la coyuntura nacional.

Esta clave interpretativa, que sitúa la derrota en un marco histórico-global, propone explicaciones psicologistas o puramente tácticas para la contundente derrota. Sin embargo, en el propio desarrollo del texto emergen una serie de paradojas que tensionan y, en cierto punto, vacían de consecuencias políticas el diagnóstico. La primera de ellas es reconocida solo de manera implícita: el informe admite que el mismo fenómeno de votantes “despolitizados”, incorporados masivamente al padrón tras el restablecimiento del voto obligatorio, ya se había expresado con claridad en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, donde triunfó el Rechazo. No obstante, el documento evita explicar por qué ese mismo padrón electoral rechazó posteriormente en diciembre de 2023 el proyecto constitucional explícitamente ultraliberal impulsado por la extrema derecha. La constatación aparece como un dato empírico, pero no es integrada dialécticamente al análisis. En lugar de interrogar las contradicciones materiales y políticas que atraviesan a ese electorado —y que explicarían comportamientos electorales no lineales—, el informe opta por subsumir ambos resultados bajo una misma categoría general de “desafección” y “antipolítica”, clausurando la posibilidad de una explicación de clase más precisa.

Una segunda paradoja recorre el análisis de la campaña presidencial. El informe reconoce que la extrema derecha fue eficaz al instalar la idea de que Jeannette Jara era la candidata de la continuidad gubernamental, sintetizada en la consigna “Boric es Jara, Jara es Boric”, y admite que ese fue el principal motivo declarado para no votar por ella, junto con su militancia comunista. Sin embargo, lejos de extraer de ello una crítica estratégica a la decisión de asumir esa continuidad, el documento reivindica implícitamente dicha opción. El problema no habría sido la continuidad en sí misma, ni la identificación con un gobierno crecientemente impopular, sino la incapacidad de “resignificar positivamente” esa continuidad, los déficits comunicacionales, el carácter defensivo del relato, el antagonismo tardío y la conducción poco eficaz del comando. En otras palabras, el informe transforma una definición política sustantiva en un problema de forma, de relato y de oportunidad, desplazando cualquier cuestionamiento de fondo sobre el carácter del gobierno de Boric y el rol del PC en él.

Esta operación resulta central para comprender el límite del análisis. El documento celebra, con razón desde un punto de vista cuantitativo, el 42 % obtenido por Jara —la que definen como la mayor votación histórica de una candidatura comunista— y el mantenimiento e incluso fortalecimiento de la representación parlamentaria del partido. Sin embargo, esa celebración coexiste con la ausencia total de una crítica política al gobierno saliente. El informe no menciona siquiera, ni retóricamente, el levantamiento popular de octubre de 2019, que constituye el acontecimiento fundante del ciclo político reciente. Tampoco aborda el hecho de que el gobierno de Boric terminó asumiendo un sello inequívocamente contrainsurgente: la ampliación de la legislación represiva (ley antiterrorista, Nain-Retamal, leyes anti-tomas), los estados de excepción en la Araucanía, el fortalecimiento sistemático del aparato coercitivo del Estado y una política económica funcional al gran capital financiero, expresada en la preservación de las AFP, el salvataje a las ISAPRES y una flexibilización laboral encubierta bajo la retórica de la ley de 40 horas. La omisión no es accidental: es la condición para sostener la idea de continuidad como un dato neutro y no como una capitulación programática.

Desde el punto de la clase trabajadora, el problema central del informe es su matriz de análisis. El documento examina el escenario político exclusivamente desde una perspectiva electoral e institucional. Aunque invoca reiteradamente al “pueblo”, a la “ciudadanía real” y a los “movimientos sociales”, la clase trabajadora aparece desdibujada como sujeto histórico. La lucha de clases es sustituida por categorías transversales —ciudadanía, masas, electorado— que no permiten explicar ni orientar una estrategia de poder. Esta renuncia tiene consecuencias directas: si la derrota se explica como pérdida de hegemonía electoral en un ciclo reaccionario, la única salida imaginable es la recuperación de esa hegemonía dentro del mismo marco institucional que produjo la derrota. De ahí que el informe insista en la necesidad de “convertir el acumulado electoral, territorial y político en fuerza social organizada” para disputar futuros ciclos electorales, sin cuestionar el terreno mismo sobre el cual se libra esa disputa.

El carácter burgués de esta perspectiva no reside en una supuesta falta de radicalidad discursiva, sino en su concepción del Estado y de la política. El Estado aparece como un espacio neutral a disputar, no como un aparato de dominación de clase; el parlamento como un lugar privilegiado de acumulación, no como una instancia subordinada a la correlación de fuerzas sociales; y la movilización aparece subordinada a los tiempos y necesidades del calendario electoral. Aunque el informe convoca a hitos de movilización como el 8 de marzo o el 1 de mayo, estos son concebidos más como expresiones simbólicas de oposición democrática que como momentos de confrontación social capaces de alterar la relación de fuerzas.

Finalmente, el documento anticipa, sin advertirlo, el fracaso del programa estratégico que propone. La reedición del “gran acuerdo político” que sustentó la candidatura de Jara —una alianza amplia con fuerzas progresistas, incluida la vieja Concertación— nace muerta en el contexto que el propio informe describe. Sectores decisivos del Partido Socialista, del PPD y del Frente Amplio han explicitado su disposición a colaborar con el gobierno de Kast desde el parlamento, promoviendo una “oposición constructiva” y condenando toda iniciativa que implique movilización social, bajo el argumento de la estabilidad y la gobernabilidad. En este escenario, la apuesta por recomponer una mayoría electoral progresista sin ruptura con el orden institucional aparece no solo como insuficiente, sino como una forma de desarme político frente a la ofensiva de la derecha.

El informe del PCCh, en suma, es coherente consigo mismo, pero esa coherencia es también su principal límite. Al analizar la derrota desde una perspectiva predominantemente electoral e institucional, renunciando a una explicación centrada en la lucha de clases y en el rol histórico de la clase trabajadora, el documento queda condenado a proponer como salida aquello mismo que produjo la derrota: la gestión de la política dentro de los márgenes del Estado burgués. En ese sentido, más que un balance crítico, el texto funciona como una racionalización de la propia intervención del partido en el ciclo que se cierra el 14 de diciembre, y como un anticipo de las dificultades estratégicas que enfrentará en el período que se abre.

En este punto final, la esterilidad quirúrgica del documento —su prolijidad analítica desprovista de filo político, su negativa sistemática a extraer conclusiones estratégicas de fondo— anticipa una feroz crisis en el propio Partido Comunista de Chile. La orientación que el informe proyecta —amplia “unidad social” sin delimitación de clase, riguroso accionar institucional elevado a principio y una disciplina burocrática concebida como garantía de eficacia— no es una vía de contención del avance reaccionario, sino el mecanismo concreto por el cual el Partido será empujado a colaborar con el gobierno de Kast en términos sustanciales. No por una decisión explícita, sino porque el arco político que el propio documento propone conduce inevitablemente en esa dirección.

El entusiasmo de Gabriel Boric con el carácter “democrático” del resultado electoral del 14 de diciembre, así como la airada protesta de la Cancillería chilena frente a las críticas de Gustavo Petro al presidente electo José Antonio Kast, constituyen un respaldo político objetivo al gigantesco ataque contra la clase trabajadora que anuncia el próximo gobierno de la extrema derecha. Los coqueteos de Kast con la candidatura de Michelle Bachelet a la presidencia de la ONU, y con la propia Jeannette Jara, a quien llegó a reconocer como una “gran candidata”, no son gestos de cortesía: son expresiones acabadas de un proceso político que triturará cualquier tentativa de colaboración de clases en los términos planteados por el PC.

Lejos de abrir un espacio de contención democrática, ese camino solo puede desembocar en la neutralización de toda resistencia real y en la subordinación de la izquierda al nuevo régimen. En estas condiciones, la única forma efectiva de enfrentar a Kast en defensa de las libertades democráticas y de las conquistas sociales no pasa por la recomposición de acuerdos institucionales ni por la administración responsable del orden existente, sino por la ruptura consciente y explícita con toda forma de colaboración de clases, la construcción de una trinchera política contra el régimen en su conjunto y el levantamiento decidido de la bandera de la clase trabajadora y de la revolución social como única salida histórica frente a la ofensiva reaccionaria.