La falsa guerra contra las drogas de Trump.

¿Podría explicarme la situación del mercado internacional de cocaína y las rutas por las que se abastece?

El mercado internacional de la cocaína se encuentra en un momento de gran estabilidad. Las cifras generales nos indican que en la región andino-amazónica se producen 2.700 toneladas métricas [una tonelada métrica equivale a 1.000 kilos] de clorhidrato de cocaína cada año. Hay 350.000 hectáreas de coca que se distribuyen a lo largo y ancho de Colombia, Perú y Bolivia, los tres países comprometidos. Eso no cambia. Y en términos de consumo de cocaína hay 23 millones de usuarios de cocaína en el mundo, de los cuales 5 millones son considerados problemáticos. Esas cifras reafirman la convicción de que los mercados internacionales de cocaína hoy en día se encuentran en un grado de estabilidad muy grande. Los mayores consumidores de cocaína, en este orden, siguen siendo Estados Unidos, Europa Occidental y Brasil.

El 70 % de la cocaína llega a EEUU por México y el Pacífico, no por el Caribe

Las autoridades del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA) en Estados Unidos, la Agencia Europea de Control de Drogas, con sede en Lisboa, y la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Delito y el Crimen señalan que el 70 % de la cocaína procedente de la región andino-amazónica que se dirige hacia el principal mercado internacional, en América del Norte, se traslada por el Pacífico y a través del territorio mexicano. Allí se reafirma la importancia del dominio de las rutas de ingreso por las organizaciones criminales mexicanas, y luego el traslado de la cocaína por los tres puntos de entrada en los 3.000 kilómetros de frontera que México tiene con Estados Unidos. A ello debemos de agregar que hay una importante fuerza de distribución y ventas en el interior de Estados Unidos, repartida en las principales 400 ciudades del mercado norteamericano. Ese es el eje fundamental que debería ser objeto de una represión selectiva, focalizada, concentrada.

¿Por qué no el Caribe?

Porque el Caribe está densamente controlado por la tecnología militar de Estados Unidos y Europa. Desde hace más de 15 años las marinas de estos países intervienen en el seguimiento, incautación y decomiso de cargas sospechosas bajo un régimen que es totalmente legal, que consiste en incautar, monitorear, visibilizar, detener y llevar a tribunales en Estados Unidos. Hasta ahí todo bien.

Geográficamente el Caribe es la zona más corta entre dos puntos de América del Sur y América del Norte. Y durante las primeras épocas de crecimiento del narcotráfico de la cocaína en América Latina, lugares como Cuba antes de la revolución, República Dominicana y otras islas caribeñas eran eslabones de la acción del narcotráfico por vía aérea o marítima. Además, los procesos migratorios que empiezan a ocurrir en la década de los noventa por el Darién hacia América del Norte abrieron una ruta terrestre para llevar pequeñas cantidades de droga.

Pero desde 1995 y en adelante, las organizaciones transnacionales de criminales mexicanos, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y otros capos de organizaciones con mucho poder económico y político dentro de México y Estados Unidos comenzaron a operar con mayor facilidad en territorio mexicano y norteamericano por la vía del Pacífico, valiéndose de recursos diversos para evitar las pérdidas que estaba teniendo el narcotráfico por las incautaciones que hacían alemanes, holandeses, franceses, ingleses y estadounidenses en el Caribe.

Con esta distracción Trump facilita que la cocaína llegue por la frontera mexicana a EEUU

Las marinas europeas establecieron mecanismos de vigilancia marítima con apoyo satelital del Comando Sur de EEUU, lo que les permitió un absoluto control de lo que ocurría en el Caribe, aunque siempre bajo un esquema jurisdiccional de respeto a las normas. Nunca había ocurrido lo que está ocurriendo ahora con esos bloqueos totales del comercio, bombardeo de población civil embarcada, acusaciones sin fundamento contra representantes del Estado venezolano, captura de petroleros. Se está destruyendo el derecho internacional como consecuencia de las acciones del gobierno de EEUU. Y ello con la permisividad de varios países de América Latina. Hay que decir que, por el contrario, lo que estaría ocasionando el presidente Trump es una distracción que facilita que la cocaína ingrese a través de la frontera mexicana con Estados Unidos.

Ya hay un largo historial de presencia estadounidense en la lucha contra las drogas en Colombia, Perú y Bolivia, con resultado nulo, ¿no es así?

Así es: nulo. Desde 1989 con la Cumbre de Cartagena, después en 1991 en San Antonio, luego el plan Colombia del 2000 al 2005, la iniciativa Mérida del 2006 al 2010 y así sucesivamente. América Latina conoce detalles y consecuencias de una guerra falsa, como la ha planteado el exagente de la DEA, Michael Levine, en un libro editado en Bolivia y traducido al español, donde señala que la DEA (Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos) cumple un rol simbólico, sus políticas no están orientadas a erradicar el mercado de drogas, sino a administrarlo. Actúa selectivamente, persigue eslabones reemplazables y tolera otros flujos, garantizando que el mercado estadounidense no sufra rupturas que generen inestabilidad política y social. La consecuencia ha sido conocida: Estados debilitados, territorios militarizados y economías criminales intactas. Ese es el núcleo no declarado de las políticas antidrogas impulsadas en la región.

Ha sido usted director de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), ente encargado de articular la política nacional de lucha contra las drogas en Perú. ¿Qué nos puede decir a partir de esa experiencia?

En 2011 ocupé la dirección de DEVIDA durante cuatro meses, pero del 2021 al 2022 estuve un año y cuatro meses con esa responsabilidad y me pude dar cuenta del servilismo con el que la policía nacional –y particularmente su División de Prevención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIRANDRO)– trata al personal de la DEA. Es una relación de dependencia total, incluso en el trato personal. Pensemos solo en el CORAH (el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga), que funcionó desde 1979 hasta 2002 con dinero proveniente esencialmente de la embajada norteamericana, y desde el 2002 con fondos del presupuesto nacional peruano. A través de DEVIDA se habían entregado 80 millones de soles [20 millones de euros] para el proyecto. El general a cargo del CORAH no estaba dispuesto a entregarnos ningún informe. Yo lo amenacé con denunciarlo a la contraloría, pues nosotros no íbamos a entregar ningún dinero adicional si previamente no teníamos certeza de cómo se gastaba. Al final hicieron un reporte muy débil. Nunca ha habido una actitud de cooperación del CORAH para poder determinar los lugares donde se debe intervenir, que, a nuestro juicio, deben ser los lugares donde se aplica el programa de desarrollo alternativo. Es así como deberían funcionar las cosas en términos de política pública: yo erradico donde sé que hay acciones del programa de desarrollo alternativo concertado con los agricultores. Eso nunca lo entendieron.

¿Subordinación a la DEA?

La DEA ha pagado a oficiales peruanos para que trabajen para ellos

Con la DEA era algo grave, porque todo se manejaba bajo absoluto secretismo. Es el caso del manejo del sistema de escucha Constellation para aproximadamente 200 teléfonos particulares individuales, instalado en el último piso del edificio de la DIRANDRO. Sirve –supuestamente– para rastrear conversaciones sospechosas, pero ha sido objeto de un manoseo tremendo por parte de malos elementos de la policía nacional, que lo usaban para hacer inteligencia al servicio de otros actores e intereses. Lo mismo podemos señalar, en otro plano, sobre la relación entre la DEA y la DIRANDRO. La DEA ha pagado a oficiales de la DIRANDRO para que trabajen para ellos. Son gente que ellos preparan y en los que confían para que les den información privilegiada. Sólo a ellos, no a sus jefes. La DEA, así como la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, son conscientes de los profundos niveles de corrupción que hay en la policía nacional y por eso se aseguran con mecanismos de este tipo.

¿Esto ha funcionado de manera similar en Bolivia y en Colombia?

Sí, cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, en Colombia, en 2008, gran parte de los hechos que devinieron en el “Proceso 8.000” contra el presidente Daniel Samper, al que acusaban de financiar su campaña con fondos del narcotráfico, fueron dirigidos por el embajador norteamericano en Bogotá; fue un proceso de seguimiento y control de llamadas llevado a cabo con mecanismos de la DEA. En Bolivia ha ocurrido otro tanto, mediante operaciones encubiertas con agentes dobles.

Es decir, hay una absoluta dependencia de parte de las autoridades locales, en los tres países, con la embajada norteamericana. Yo lo he visto hasta cuando saludan a un diplomático norteamericano: lo hacen con el mismo rigor con que se saluda a un superior jerárquico de la policía nacional, inclinando la cabeza. Ocurre en todos los niveles y es terrible la forma en que otros funcionarios, como, por ejemplo, el actual presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y todos los que han pasado por DEVIDA, lo han hecho presumiendo de que el enfoque que maneja la DEA –el que maneja el Departamento de Estado– sobre la reducción de la oferta de drogas es exitoso. Las cifras del 2024 y el 2025 nos indican lo contrario: es un fracaso completo.

Es cierto que se avanza en la erradicación de cultivos en Colombia, por iniciativa del Gobierno, pero la producción de cocaína parece multiplicarse.

Del total de producción de 2.700 toneladas métricas de cocaína, las policías del mundo capturan 2.000 toneladas anuales, es decir que 700 toneladas llegan a los mercados finales. Una reacción efectiva de las organizaciones criminales es la de cortar esa droga, adulterar esas 700 toneladas hasta convertirlas nuevamente en 2.700, agregándoles otros productos que no son capaces de quitarle el 100 % del contenido de alcaloide, con lo que se mantiene un nivel promedio de cocaína que se puede vender en el mercado internacional. Eso es lo que consumen los 23 millones de usuarios de cocaína en el mundo. Y esto ocurre porque los narcos colombianos optan por distraer la atención de los que incautan la droga con capturas donde pierden mercancía, para poder coronar con éxito operaciones de tráfico más importantes bajo circunstancias que les son más favorables en otros puntos. Así, las acciones acometidas desde septiembre por el comando sur en el Caribe y en el Pacífico no han sido eficaces para detener la exportación de cocaína procedente de puertos del Pacífico como Guayaquil, Buenaventura, Paita. Es más, hace pocas semanas han sido descubiertas tres toneladas de cocaína procedentes del VRAEM [la región peruana del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro] en el puerto de Paita, así que no hay ninguna duda de que el mercado internacional de cocaína reacciona positivamente frente a estas supuestas acciones de lucha antidroga del señor Trump.

Ecuador se ha convertido en una ruta privilegiada del narcotráfico, en parte por la dolarización del país y en parte por su presidente, Noboa, al que se le ha descubierto un embarque de cocaína entre las exportaciones de banano de su empresa. Hoy es un país decisivo para el proceso de exportación de cocaína, y sin embargo Trump ni lo toca.

Hasta 2008, Ecuador fue un remanso de paz y tranquilidad en medio de la vorágine de Colombia y Perú, pero ocurrieron varias cosas. Primero, la caída del correísmo y el advenimiento de regímenes frágiles, conservadores, sin un norte político. Luego, los cambios producidos en la geopolítica del narcotráfico con México y con Colombia que ya mencionamos. Todo esto llevó a la instauración en el Ecuador de un escenario muy potente de exportación de cocaína colombiana y peruana a cargo de agrupaciones criminales, particularmente las conocidas como Los Lobos, Los Choneros y otras que surgieron de las crisis penitenciarias que ocurrieron en el Ecuador entre 2012 y 2015. Parece inexplicable que pasara de ser una isla de paz a ser el país con mayor índice de violencia procedente del narcotráfico y del enfrentamiento entre bandas en Sudamérica, pero hay una explicación para ello. Además de los antecedentes anteriores, tengamos en cuenta que es en los puertos ecuatorianos, peruanos y colombianos donde la cocaína alcanza su mayor nivel de precio internacional. Y sumemos que es en nuestros territorios donde ocurren, sin problemas, enfrentamientos entre organizaciones de la región, que se baten a balazos en medio de la población civil para poder maniobrar y conducir operaciones de embarque de cocaína de alta calidad. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador.

Yo estoy trabajando estos días en una matriz que me permita identificar los acercamientos que están ocurriendo entre tres formas de criminalidad: la colombiana, la mexicana y la brasileña. Las tres están confluyendo en el trapecio amazónico [área con triple frontera al sur de Colombia] impulsadas por varias economías ilícitas, principalmente el oro y la cocaína, pero todas ellas motivadas por conseguir un nivel de gobernanza criminal en nuestros países, en reemplazo de los Estados nacionales. Y los presidentes Noboa en Ecuador, Jeri en Perú, Paz en Bolivia y, potencialmente, si hubiera un presidente conservador en Colombia el próximo año, constituyen el escenario perfecto para este tipo de gobernanza criminal regional, que pueda reemplazar a nuestros Estados nacionales en el hinterland, en el centro de nuestra Amazonía.

Además de la ruta del Pacífico existe la amazónica, por donde se traslada la cocaína hacia Brasil. Incluso supe de jóvenes indígenas que contratan como mochileros para transportar la droga. Supongo que eso debe estar encaminado también a Europa.

Hay un encuentro definitivo y definitorio entre los mercados del oro y la cocaína en medio de la Amazonía

Hoy uno de los mayores centros de distribución de la cocaína y el oro está en la Amazonía. En Ucayali, en Madre de Dios, en Condorcanqui, en el río Nanay y en el trapecio amazónico de Leticia. Son cuatro espacios que tienen características sociales, políticas y económicas que permiten la expansión de las dragas [maquinaria ilegal] para la extracción de oro, la expansión de los cultivos de coca, la expansión de las plantas de procesamiento de droga y la expansión de las pistas de aeropuertos clandestinos, todas casi simultáneamente. Pero hay, además, un encuentro definitivo y definitorio entre los mercados del oro y la cocaína en medio de la Amazonía. Si uno analiza las políticas públicas de lucha contra la minería ilegal en el Perú, en el 10 % del proceso declaran ilegal la extracción de oro por el uso de mercurio, pero el 90 % restante es absolutamente legal. Cuando consiguen que la pepita sea lavada y comercializada en localidades como Caravelí, Chala o Acarí, el oro ya está a salvo. Eso no es cualquier cosa, pues estamos hablando de la materia prima más líquida de las que existen en el sistema económico mundial, la que se transforma más fácilmente en dinero. Cosa inversa sucede con el narcotráfico, donde el 10 % de la actividad es legal, su cultivo es legal, y en cambio el 90 % siguiente está ilegalizado. Esa dicotomía, esa asimetría entre oro y cocaína resulta muy conveniente para lo que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía sudamericana, porque permite que el oro opere como mecanismo de lavado de capitales del narcotráfico, mientras que la infraestructura y el control territorial, asociados a la cocaína, facilitan la expansión de la minería ilegal.

7 de enero, 2026.