Justicia colonial: Cúmulo de mentiras contra hijos de Julia Chuñil.

Mientras se desarrolla la audiencia de formalización encabezada por la cuestionada fiscal Tatiana Esquivel contra los hijos de Julia Chuñil (Pablo, Jeannette y Javier) bajo el testimonio de un exyerno coimputado, el caso vuelve a exponer una ofensiva represiva del aparato judicial contra quienes se organizan y luchan por derechos básicos y humanos: el derecho al territorio, al medioambiente, a la vivienda y los derechos de los pueblos originarios.

La desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental mapuche, se ha transformado en una demostración brutal de cómo el Estado chileno abandona a quienes defienden el territorio y luego criminaliza a las propias víctimas, combinando persecución judicial, aval del Poder Judicial y una operación mediática sistemática para deslegitimar su lucha y justificar la represión.

Mientras la Fiscalía sostiene una investigación plagada de vacíos probatorios, contradicciones y sesgo político, los grandes medios actúan como correa de transmisión del montaje, preparando el terreno para criminalizar a la familia y desviar la atención del conflicto territorial y de las responsabilidades estatales. En contraste, el principal sospechoso, el empresario y colono Juan Carlos Morstadt Anwandter, goza de total impunidad y ha utilizado incluso la prensa para atacar a la familia. En una interceptación telefónica autorizada, Morstadt le dijo a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”, antecedente gravísimo que no ha sido investigado con la misma diligencia.

Fiscalía sin pruebas y con sesgo político

Desde el inicio, el Ministerio Público ha omitido deliberadamente el contexto de conflicto territorial, las amenazas previas que recibía Julia Chuñil y las obligaciones internacionales del Estado en la protección de defensoras ambientales (Acuerdo de Escazú). En lugar de profundizar esas líneas, la Fiscalía desplegó allanamientos y operativos desproporcionados contra la familia, sin exhibir pruebas contundentes, llegando incluso a sostener que serían los hijos quienes ocultan el cuerpo.

La orientación de la investigación no apunta a la verdad, sino a cerrar el caso rápidamente y disciplinar políticamente, protegiendo intereses económicos y evitando indagar en redes de poder y posibles tramas de corrupción asociadas al conflicto territorial.

La familia: querellante, buscadora y hoy perseguida

La narrativa fiscal y mediática choca con los hechos. La familia es querellante, activó la investigación y sostuvo la búsqueda cuando el Estado no lo hizo. Así lo explicó Sebastián Benfeld, vocero de Escazú Ahora:

“Aquí la familia primero, es querellante del caso de Julia. Pablo San Martín es quien se querelló para dar con el paradero de su madre, es quien activó la investigación”.

La familia lideró además una articulación con más de 700 organizaciones, impulsó llamados internacionales y hoy litiga ante la CIDH y el mecanismo de Escazú para exigir verdad y justicia.

Más de un año de búsqueda ante la inacción del Estado

Uno de los antecedentes más graves —y sistemáticamente ocultados— es que durante más de un año la búsqueda fue sostenida por la familia y organizaciones sociales, no por el Estado.

“Hay que ser súper claros, estuvimos más de un año trabajando para dar el paradero de Julia”, señaló Benfeld.

Ante la inacción institucional, Escazú Ahora y la familia debieron asumir tareas que corresponden al Estado:

“Contratamos por nuestros medios una brigada especializada en búsqueda en zona agreste”.

Quienes hoy son criminalizados fueron quienes buscaron a Julia cuando el Estado no lo hizo.

Abandono primero, represión después

La secuencia es clara: no hubo protección pese a las amenazas, no hubo búsqueda diligente, y hoy se reprime a la familia que exigió verdad y justicia. Esta inversión perversa del rol de víctimas y responsables es una decisión política, ejecutada por la Fiscalía, avalada por el Poder Judicial y tolerada por el gobierno de Gabriel Boric, que ha profundizado una agenda represiva contra el pueblo mapuche y las luchas territoriales.

Operación mediática: manipulación, racismo y montaje

En paralelo, los grandes medios cumplieron un rol central. CHV tituló: “Buscan a Julia Chuñil en patio de su casa: quiebre de supuesto pacto”, instalando sin pruebas la idea de conflictos familiares. MEGA y Canal 13 difundieron: “Carabineros encuentra carnet de Julia Chuñil en el domicilio de uno de sus hijos”, insinuando responsabilidad penal inexistente.

La abogada defensora Karina Riquelme fue categórica:

“La cédula de identidad de una madre cualquier hijo la puede tener; eso no incrimina absolutamente a nadie… a no ser que haya una interpretación racista”.

Y agregó:

“Él nunca la escondió, no da prueba absolutamente de nada”.

Estos titulares no informan: estigmatizan, refuerzan prejuicios racistas y legitiman la represión.

La defensa desarma el montaje: dos “pruebas” sin sustento

La acusación fiscal se reduce a dos elementos, ambos profundamente cuestionables.

1. Declaración del exyerno: sin abogado y bajo coacción

El principal pilar es la declaración del exyerno, coimputado, tomada sin abogado defensor y bajo amenaza de que sus hijos fueran enviados al Sename. No existe peritaje ni evidencia material que la respalde.

2. La “testigo protegida”: identidad conocida y vulnerabilidad cognitiva

La supuesta testigo protegida tiene identidad conocida, presenta problemas cognitivos y no declaró en el momento de los hechos. Aun así, su relato es utilizado sin corroboración independiente.

La Fiscalía incluso incorporó como “antecedente” el testimonio de una persona de un grupo de WhatsApp familiar que participó solo el primer mes en las búsquedas, para sostener una versión rebuscada: que Jeannette habría enviado “por error” un audio del hijo diciendo que “la habría dañado”. No hay peritaje ni contexto, solo especulación.

Evidencia material que contradice a Fiscalía

Karina Riquelme fue clara:

“Esta es una larga investigación… aquí no se ha escuchado ningún informe policial, solo dichos”.

Y subrayó:

“LABOCAR ingresó al domicilio para buscar a Julia y no hay ninguna evidencia de parricidio”.

Un dato clave: el único lugar donde se encontró sangre de Julia Chuñil fue en la casa donde los hijos denunciaron su desaparición, no en el domicilio donde viven ellos. La única persona que dice haberla visto allí es precisamente la supuesta testigo protegida.

Además, Jeannette Troncoso entregó voluntariamente su sangre, desmintiendo cualquier intento de ocultamiento.

Exposición y violencia institucional

Riquelme denunció además la exposición de un menor de edad y la utilización de personas vulnerables:

“El Ministerio Público expuso a un menor y a un coimputado protegido… Tenemos una persona alcohólica, con demencia senil. La Fiscalía no conoce su historial. Si él amanece así es porque sus cuidadores están detenidos”.

Se trata de violencia institucional y uso instrumental de personas en situación de vulnerabilidad para sostener una hipótesis política.

La maniobra de Fiscalía: convertir la búsqueda en un caso de VIF

Un elemento central del montaje impulsado por la Fiscalía es el intento de reconvertir la desaparición de Julia Chuñil en un supuesto caso de violencia intrafamiliar (VIF), con el objetivo de despolitizar el conflicto territorial, borrar el carácter de defensora ambiental de Julia y criminalizar a su entorno familiar.

Sin embargo, este intento se derrumba frente a un dato clave que la Fiscalía omite deliberadamente: todas las denuncias y demandas por VIF vinculadas a la familia de Julia Chuñil se refieren exclusivamente a un hijo que actualmente se encuentra privado de libertad, y no involucran al conjunto de los hijos hoy formalizados, ni constituyen antecedentes nuevos que permitan sostener la hipótesis que hoy intenta instalar el Ministerio Público.

Lejos de tratarse de hechos probatorios vinculados a la desaparición de Julia Chuñil, la Fiscalía instrumentaliza antecedentes descontextualizados y ajenos a la causa, utilizándolos para construir una narrativa de violencia familiar que no tiene respaldo en pruebas materiales, peritajes ni informes policiales, pero que resulta funcional a la criminalización mediática y judicial de la familia.

Esta operación no busca esclarecer la desaparición, sino desviar la investigación desde las amenazas previas, el conflicto territorial y los intereses empresariales involucrados, reforzando un relato estigmatizante que legitime la persecución judicial y el abandono de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Empresarios impunes, familia criminalizada

El contraste es brutal: una familia mapuche perseguida sin pruebas y un empresario señalado, con antecedentes gravísimos, protegido por la impunidad. No es un error: es una definición de clase y colonial.

Un Estado que viola Escazú y persigue a las víctimas

La inacción y la posterior criminalización violan el Acuerdo de Escazú. Escazú Ahora anunció acciones legales contra el Estado por falta de protección, comprometiendo al gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Cerrar filas por Julia Chuñil: verdad, justicia y libertad a su familia

El caso de Julia Chuñil Catricura no es un “error” ni una investigación fallida: es la expresión de una impunidad estructural que opera cuando están en juego intereses empresariales, conflicto territorial y defensa del medioambiente. Un Estado que no protegió a Julia pese a las amenazas, que no la buscó durante más de un año, y que hoy criminaliza a su familia sin pruebas, es un Estado que incumple deliberadamente sus obligaciones y viola derechos humanos fundamentales.

La Fiscalía, con el aval del Poder Judicial y la tolerancia del gobierno, ha optado por perseguir a una familia mapuche antes que investigar seriamente a los responsables reales, mientras los grandes medios construyen un relato de sospecha, racismo y violencia intrafamiliar que no resiste ningún contraste con los antecedentes del propio proceso. Frente a esto, la defensa ha demostrado con claridad que no hay pruebas materiales, que las “evidencias” se reducen a declaraciones obtenidas bajo coacción y a testigos vulnerables instrumentalizados, y que los informes técnicos desmienten la tesis acusatoria.

Defender a la familia de Julia Chuñil es defender el derecho a buscar a una madre desaparecida sin ser perseguidos, es defender el derecho a organizarse frente al abandono estatal, y es defender a quienes luchan por el territorio, el agua y la vida frente a la criminalización.

Por eso, exigir la libertad inmediata de los hijos de Julia Chuñil, una investigación real, independiente y con enfoque de derechos humanos, y el fin del montaje judicial y mediático, es una tarea urgente para las organizaciones de derechos humanos, el movimiento ambiental, estudiantil, de trabajadores y para toda la izquierda.

16 de enero, 2026.

Fuente: https://elporteno.cl/montaje-mediatico-politico-defensa-de-la-familia-de-julia-chunil-cuestiona-argumentos-y-el-rol-del-ministerio-publico

---

Declaraciones de Karina Riquelme, abogada de Familia Chuñil.