Chile impunidad: el proyecto de indulto encubierto aprobado por el Senado.

Abogada de reos de Punta Peuco confirma que colaboró con proyecto de conmutación de penas de Chahuán.

La abogada Carla Fernández Montero, quien representa a condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco y Colina I, aseguró que colaboró en la redacción del polémico proyecto impulsado por el senador de RN Francisco Chahuán, que propone permitir el cumplimiento alternativo de penas para reos geriátricos.

En conversación con BioBioChile, la jurista afirmó que la iniciativa surgió tras ser contactada por asesores del parlamentario, quienes le pidieron apoyo técnico para elaborar el texto.

“Colaboré con la redacción de este proyecto”, señaló Fernández, agregando que la idea no provino de sus representados. “No surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”, afirmó.

BioBioChile se contactó con el equipo del senador Chahuán para intentar tener su versión respecto del origen de su proyecto, sin obtener respuesta hasta el momento.

Contacto con asesores del senador Chahuán

La abogada detalló que el acercamiento inicial no fue directo con el senador. “No me lo pidió directamente. Creo que fue un grupo de asesores de parte de él, y obviamente tenía que estar enfocado netamente en el punto de vista humanitario”, explicó.

Posteriormente, relató que sí sostuvo encuentros con el legislador y que incluso expuso en el Congreso sobre la situación penitenciaria.

“Yo tuve contacto directo con el senador Chahuán… después me reuní con él un par de veces y me tocó exponer en el Congreso”, afirmó Fernández.

Según explicó, el texto se construyó en base a antecedentes jurídicos y experiencias de litigación. “El proyecto son extractos de sentencias mías, algunas cosas que he escrito y que solamente muestran la realidad carcelaria del país”, sostuvo.

Defensa del proyecto y críticas a su interpretación

Fernández también cuestionó algunas críticas que han surgido contra la iniciativa, que según detractores podría permitir la liberación de delincuentes condenados por delitos graves.

“Es falso que 12 mil personas quedarían libres apenas se apruebe este proyecto”, afirmó, señalando que cualquier eventual beneficio debería ser solicitado caso a caso ante un tribunal.

“La persona condenada tiene que solicitarlo al Juzgado de Garantía y demostrar que cumple con ciertos requisitos. No operaría de pleno derecho”, añadió.

En ese sentido, la abogada Fernández insistió en que la iniciativa busca regular un mecanismo alternativo de cumplimiento de penas para personas de edad avanzada.

“Esto no es un indulto y tampoco es un indulto camuflado. Esto es un cumplimiento alternativo de pena para una población penal vulnerable”, indicó.

Krassnoff y Corbalán: “Prefieren morir con las botas puestas”

Durante la entrevista con BBCL, Fernández también se refirió a dos de los internos más emblemáticos del penal, el exagente de la DINA Miguel Krassnoff y el exjefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán.

Según la abogada, ambos le manifestaron que no solicitarían el beneficio, incluso si el proyecto llegara a convertirse en ley.

“Ni Álvaro Corbalán ni Miguel Krassnoff solicitarían el beneficio en caso de que se aprobara este proyecto”, afirmó.

Consultada sobre las razones, explicó que en algunos casos no cumplen con los requisitos y en otros se trata de una decisión personal. “Ellos no quieren migajas del poder político”, aseguró.

Incluso, la defensora fue más allá al describir la postura que le habrían transmitido los exuniformados.

“Ellos prefieren morir con las botas puestas en Punta Peuco que solicitar algún tipo de beneficio carcelario”, sostuvo. Esto, a pesar de la llegada a La Moneda de José Antonio Kast, quien se ha mostrado favorable al polémico proyecto.

“No lo van a hacer. Ellos no van a solicitar nada, ellos no van a pedir indulto. Ellos lo único que quieren es cumplir su castigo penal, cumplir sus penas privadas de libertad, pero que se respeten sus derechos fundamentales, porque Gendarmería en estos momentos los está hostigando y está tomando represalias contra ellos”, sentenció.

Finalmente, Fernández defendió que el debate abierto por la iniciativa al menos ha permitido discutir la situación de los reos de avanzada edad en el sistema penitenciario.

“Aunque este proyecto ha sido muy criticado, al menos ha puesto en discusión las condiciones indignas y el sufrimiento de los presos”, concluyó.

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/03/09/abogada-de-reos-de-punta-peuco-confirma-que-colaboro-con-proyecto-de-conmutacion-de-penas-de-chahuan.shtml

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4 de marzo de 2026 en el Senado.

Senado aprueba polémico proyecto que permitiría a reos por causas de DD.HH. conmutar penas.

Tras un tenso debate que se extendió por tres sesiones de Sala, el Senado aprobó en general el polémico proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, presentada por un grupo de senadores de derecha, fue respaldada por una estrecha mayoría de 23 votos a favor y 22 en contra, permitiría a reos por causas de Derechos Humanos a conmutar sus condenas.

La votación se concretó este miércoles, luego de que en la sesión del pasado martes se solicitara el aplazamiento de la misma.

Previo a la votación, la senadora Claudia Pascual, solicitó que se abriera un plazo para presentar indicaciones al proyecto. Tras acogerse la petición, se estableció como fecha límite el lunes 16 de marzo a las 12 horas para que los legisladores puedan ingresar modificaciones.

Tras conocerse el resultado, la senadora Yasna Provoste anunció que hará reserva de constitucionalidad. La parlamentaria argumentó que la iniciativa incumple tratados internacionales suscritos por Chile. Mientras que el senador Fidel Espinoza adhirió a esa propuesta, marcando una de las primeras acciones de la futura oposición.

El debate en la Sala estuvo marcado por argumentos cruzados. En total, intervinieron los senadores Daniel Núñez; José Miguel Insulza; Francisco Chahuán; Yasna Provoste; Ximena Ordenes; Juan Ignacio Latorre; Fidel Espinoza; Alfonso De Urresti; Fabiola Campillai; Claudia Pascual y Esteban Velásquez.

 

Argumentos a favor y en contra del proyecto

Quienes se manifestaron a favor de la moción, argumentaron que con ella se busca “humanizar” la situación de algunos reclusos que sufren graves enfermedades y tienen una edad avanzada. Los defensores de la iniciativa señalaron que no se busca impunidad, ya que no se extinguen las penas ni se anulan las condenas, sino que se busca establecer un régimen que permita el cumplimiento de una pena privativa de libertad mediante reclusión domiciliaria total, en circunstancias específicas.

En tal sentido, indicaron que cuando el Estado no está en condiciones de responder a las necesidades que enfrentan reclusos gravemente enfermos, se debe buscar la forma de resguardar lo anterior, lo cual se posibilitaría al permitir que cumplan sus condenas en reclusión domiciliaria total.

En tanto, quienes se mostraron en contra, señalaron que este proyecto contiene requisitos “laxos”, que dejarían “la puerta abierta a la impunidad” para que condenados por delitos de lesa humanidad y delitos con pena de crimen, tales como homicidio, parricidio y violación, entre otros, sean beneficiados.

Asimismo, se indicó que esta iniciativa va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile como el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y que además no consideró las observaciones que hizo la Corte Suprema al responder la consulta respectiva hecha por la Comisión de Derechos Humanos. Del mismo modo, señalaron que es necesario que un proyecto de este tipo sea analizado también por la Comisión de Constitución.

Contenido de la ley

La iniciativa consta de cuatro artículos, el primero de los cuales establece 5 principios que deben seguirse en el cumplimiento de la pena penal. El segundo artículo define que la reclusión domiciliaria total consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado, durante las veinticuatro horas del día y que en ningún caso podrá fijarse como domicilio aquel en el que actualmente resida la víctima del delito.

El tercer artículo establece las hipótesis en que el tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena en una modalidad de reclusión domiciliaria total, por el tiempo que reste de condena. Entre los casos se contempla al interno enfermo cuando la privación de la libertad le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica, y a quienes padezcan una enfermedad incurable en período terminal.

La normativa también considera a los internos discapacitados cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Finalmente, se incluye al interno mayor que haya cumplido 80 años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años.

¿Quiénes podrían acceder al beneficio?

Con los criterios del proyecto, que no distingue por tipo de delito, desde el Gobierno han expuesto varios casos altamente conocidos que podrían solicitar la sustitución de su condena. Uno de ellos es Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años de cárcel por dos violaciones, quien por su edad y su deterioro físico podría optar al beneficio.

También podría calificar María del Pilar Pérez, conocida como La Quintrala, de 73 años y condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios y delitos planificados. Otro caso posible es Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de ser homicida reincidente, quien al alcanzar la edad requerida en los próximos años quedaría en condiciones de pedir la sustitución de la pena si cumple los requisitos médicos.

A ellos se suma Miguel Krassnoff, exagente de la DINA, condenado en más de cien causas por delitos de secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura. Por edad y deterioro físico podría solicitar el beneficio, al igual que la mayoría de los internos del ex penal Punta Peuco.

Por ahora, el polémico proyecto continúa su tramitación en general en el Senado y la Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe al respecto. De avanzar en el Senado, pasará a la Cámara, a segundo trámite.

Revisa aquí el detalle de la votación: