Cámara despacha al Senado proyecto “Escuelas Protegidas”
por Alexis Polo González/DiarioUChile.
La iniciativa del Gobierno —aprobada con 103 votos a favor— busca reforzar la seguridad en establecimiento educacionales. Contempla la revisión de mochilas a estudiantes y restricciones a la gratuidad para condenados por violencia escolar.
Con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto “Escuelas Protegidas”, para luego avanzar en la discusión de sus indicaciones en particular, varias de ellas ya debatidas previamente en la Comisión de Educación.
La propuesta del Ejecutivo apunta a fortalecer las herramientas de los establecimientos educacionales frente a hechos de violencia, permitiendo, por ejemplo, la revisión de mochilas y bolsos de estudiantes, bajo ciertos resguardos. Asimismo, incorpora la posibilidad de restringir el acceso a la gratuidad en la educación superior para quienes hayan sido condenados por delitos graves vinculados a violencia escolar.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la iniciativa y valoró el avance legislativo, pero reconoció que el debate continuará en el Senado. “Estamos dispuestos a seguir incorporando precisiones o mejoras que permitan lograr los consensos para sacar esta iniciativa adelante”, afirmó.
La secretaria de Estado también abordó uno de los puntos más controvertidos del proyecto: la restricción de la gratuidad. En ese sentido, anunció ajustes a la redacción: “Vamos a acoger una sugerencia de la Democracia Cristiana de poder circunscribir esta inhabilidad a los delitos cometidos en el espacio escolar y en las inmediaciones”.
En la misma línea, subrayó que el Gobierno busca responder a una demanda ciudadana por mayor seguridad en los colegios. “Este es un avance, el trámite continúa y vamos a seguir avanzando, escuchando e incorporando también las aclaraciones que sean necesarias”, sostuvo.
Además, la ministra defendió el diseño de la iniciativa, señalando que evita una sobrerregulación que pueda dificultar su aplicación. “Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle y que permita que los colegios puedan incorporar en sus reglamentos medidas que los ayuden a prevenir hechos de violencia”, indicó.
Desde el oficialismo, el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), destacó el amplio respaldo obtenido en la Sala. “No fue una votación ajustada, fue contundente y eso da cuenta de que la mayoría de los parlamentarios están en la misma línea: entregar herramientas que permitan erradicar la violencia en los establecimientos”, afirmó.
El parlamentario también defendió la restricción de beneficios para estudiantes involucrados en hechos violentos: “Aquí hay una señal potente: ningún beneficio respecto de la gratuidad para quienes van a destruir y no a construir un espacio educativo”.
El tenso debate en la Cámara
La discusión en la Sala estuvo marcada por intervenciones que reflejaron tanto apoyos como profundas diferencias sobre el enfoque del proyecto. La vicepresidenta de la Corporación, Ximena Ossandón (RN), respaldó la idea de legislar, pero advirtió que algunas medidas podrían tener efectos contraproducentes. En particular, cuestionó la restricción de la gratuidad, señalando que “extiende el castigo hacia el futuro” y afecta las posibilidades de reinserción de jóvenes.
En la misma línea, Ossandón planteó que no se puede equiparar la situación de estudiantes escolares con la de adultos en educación superior, subrayando que cerrar el acceso a beneficios educativos “es cerrarles el principal camino de movilidad e integración”. A su juicio, la educación debe ser entendida como una herramienta clave para reducir la reincidencia, más que como un beneficio accesorio.
Desde la oposición, el diputado César Valenzuela (PS) fue más crítico y calificó el proyecto como “incapaz de abordar adecuadamente” la crisis de violencia escolar. Apuntó especialmente al artículo 5, advirtiendo que su redacción permitiría sancionar no solo actos violentos, sino también manifestaciones estudiantiles legítimas. “El Gobierno mete a todos en el mismo saco”, afirmó.
Las críticas también se centraron en la eventual delegación de funciones de seguridad a las comunidades educativas. Parlamentarios cuestionaron que docentes y asistentes deban asumir tareas para las que no fueron formados, como la revisión de mochilas, además de advertir la ausencia de financiamiento y medidas estructurales, como apoyo en salud mental.
En contraste, desde el oficialismo se defendió la iniciativa como una respuesta necesaria ante el aumento de hechos de violencia en los establecimientos. Diputados recalcaron que el proyecto busca proteger a la mayoría de los estudiantes que quieren estudiar, marcando una señal clara frente a quienes alteran el funcionamiento de las comunidades educativas, aunque reconociendo que no resolverá por sí solo el problema de fondo.
Reserva de constitucionalidad
Tras la votación, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA), ambas integrantes de la Comisión de Educación, concretaron lo que ya habían advertido previamente: presentar reservas de constitucionalidad respecto de distintos artículos del proyecto, abriendo la puerta a una eventual revisión en el Tribunal Constitucional.
La diputada Serrano cuestionó el contenido y la forma en que se tramitó la legislación: “Este proyecto tiene vicios de constitucionalidad y lo hemos dicho reiteradamente. No viene a resolver los problemas de fondo”.
Asimismo, defendió la decisión de recurrir a instancias legales. “Vamos a ocupar estas reservas de constitucionalidad para formular requerimientos en el Tribunal Constitucional”, advirtió.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider calificó la iniciativa como insuficiente. “Este es un mal proyecto. Nos preocupa la violencia en los establecimientos educacionales, pero así no vamos a resolver los problemas”, sostuvo.
En cuanto al contenido, la legislación establece que las revisiones a estudiantes no podrán implicar desnudamientos ni contacto físico, resguardando su dignidad. También refuerza las normas de convivencia escolar y define como faltas graves aquellas conductas que interrumpan el desarrollo de las clases, con excepciones en casos involuntarios o de estudiantes con necesidades especiales.
Otro eje relevante es la modificación al sistema de subvención escolar, junto con la incorporación de criterios más estrictos para acceder a beneficios estatales en educación superior.
La iniciativa ya había sido aprobada previamente en la Comisión de Educación por una amplia mayoría, pese a un debate igualmente tensionado. Ahora, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde el Ejecutivo espera introducir ajustes y consolidar apoyos para su eventual aprobación definitiva.
Fuente: https://radio.uchile.cl/2026/04/21/entre-criticas-y-reservas-de-constitucionalidad-camara-despacha-al-senado-proyecto-escuelas-protegidas/
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