Chile urgido: Análisis del paquete neoliberal impulsado por Kast. Parte II.

Análisis del  documento «Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social» y sus  implicancias. Síntesis. Parte II y final.

por Leopoldo Lavín/El Clarín.

IV. Síntesis

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social de abril de 2026 es, en su núcleo, un programa de ajuste estructural neoliberal que combina reducción de la carga tributaria sobre el capital, desregulación ambiental acelerada, contención del gasto social y amnistías para grandes patrimonios. Su presentación como «reconstrucción» tras los incendios es un recurso retórico que canaliza la legitimidad de la emergencia humanitaria hacia una agenda de reformas de largo plazo. Sus implicancias para la sociedad chilena incluyen mayor desigualdad en la distribución de la renta y el patrimonio, menor capacidad del Estado para financiar bienes públicos, debilitamiento de los derechos ambientales de las comunidades y profundización del modelo de desarrollo extractivista. La pregunta central que el proyecto no responde es cómo un país con la distribución del ingreso de Chile —uno de los más desiguales de la OCDE— puede financiar sus necesidades sociales mientras reduce sistemáticamente la tributación sobre el capital.

Análisis político-estructural del proyecto de ley

1. Concentración de riqueza como mecanismo sistémico, no efecto colateral

El proyecto no simplemente «beneficia» al capital de forma accidental: está diseñado para aumentar la tasa de retorno del capital en relación al trabajo. La baja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración total del sistema tributario, la eliminación del impuesto a las ganancias bursátiles y el FUT sustitutivo al 10% actúan en conjunto como un paquete de transferencia de riqueza desde el sector público hacia los propietarios del capital.

En un país donde el 1% más rico concentra aproximadamente el 26% del ingreso nacional (según estimaciones de la World Inequality Database para Chile), estas medidas operan como un mecanismo de acumulación secundaria: el Estado renuncia a recaudar, y esa renuncia se convierte en riqueza privada adicional. No es redistribución inversa solo en el sentido de que «los ricos pagan menos»: es redistribución inversa porque los recursos que el Estado no recauda son recursos que no irán a salud, vivienda o educación pública.

La invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones sobre 50 millones de dólares es la expresión más extrema de este principio: constitucionaliza el privilegio fiscal del gran capital, haciéndolo inmune a cualquier decisión democrática futura durante más de dos décadas.

2. El Estado como instrumento de acumulación privada

Una de las tensiones más reveladoras del proyecto es que no propone menos Estado, sino un Estado diferente: uno puesto al servicio de la acumulación privada.

El Estado aquí garantiza contratos de invariabilidad tributaria, compensa con dinero público a empresarios cuyos proyectos ambientales sean judicialmente anulados, crea cuentas extrapresupuestarias para agilizar trámites sectoriales a costa del interesado, exime de evaluación ambiental a la industria salmonera, limita las medidas cautelares que frenan proyectos privados y cruza datos sociales de los más pobres para optimizar la fiscalización. Al mismo tiempo, se retira de la provisión de bienes públicos: congela la gratuidad, elimina la franquicia de capacitación laboral y achica el empleo público.

Esta es la paradoja clásica del neoliberalismo realmente existente, tal como lo describieron Wendy Brown, Bárbara Stiegler, Quinn Slobodian, David Harvey y Karl Polanyi antes que ellos: no es «Estado mínimo» en sentido abstracto, sino Estado mínimo para los débiles y Estado activo para el capital. El aparato coercitivo y regulatorio se mantiene —y en algunos aspectos se fortalece, como en contrabando y licencias médicas— pero su finalidad cambia: de proteger derechos sociales a proteger derechos de propiedad.

3. La legitimación meritocrática e individualista

El lenguaje del proyecto es un ejercicio de ingeniería semántica. Nunca dice «bajan los impuestos a los ricos»: dice «recuperamos la competitividad tributaria». Nunca dice «debilitamos la protección ambiental»: dice «racionalizamos la permisología». Nunca dice «congelamos la gratuidad»: dice «introducimos criterios de sostenibilidad fiscal». Son elementos de lenguaje del neoliberalismo

La ideología subyacente es la del individuo-emprendedor, calculador racional como motor de la historia social: si se libera al capital de cargas tributarias y regulatorias, él solo generará empleo, riqueza y bienestar. El trabajo asalariado aparece solo como «costo» a reducir o subsidiar para el empleador. Las comunidades afectadas por proyectos industriales no aparecen como sujetos de derechos sino como obstáculos procesales, que dificultan la libertad de emprender. Los estudiantes sin acceso a educación superior no son un problema de justicia distributiva sino de sostenibilidad fiscal y de responsabilidad personal.

Esta cosmología meritocrática tiene una función política precisa: naturaliza la desigualdad como resultado de decisiones individuales y esfuerzos personales, borrando las condiciones estructurales (herencia, acceso al crédito, contactos, capital cultural) que determinan quién acumula y quién no. En ese marco, reducir los impuestos al capital es «justo» porque el capital es el resultado del mérito; exigir más es «penalizar el éxito».

4. Desmantelamiento del Estado social: la estrategia del «déficit permanente»

Existe un mecanismo bien documentado en la economía política comparada que podría llamarse la «trampa del déficit deliberado«: se reducen los ingresos fiscales mediante rebajas tributarias al capital, esto genera o agranda el déficit, y el déficit se usa luego como justificación para recortar el gasto social. El proyecto chileno sigue este patrón con notable coherencia. El Gobierno argentino de Milei es un caso típico.

El propio texto reconoce que la deuda pública subió de 5% a 42% del PIB en 17 años. Su respuesta es reducir más los ingresos tributarios. La única forma en que eso no resulte en mayor déficit es recortando gasto social, que es exactamente lo que el eje de «reconstrucción fiscal» propone: congelar la gratuidad, eliminar el SENCE, aumentar los retiros de funcionarios. El argumento de la «responsabilidad fiscal» funciona aquí como legitimador del desmantelamiento: no es que el Estado no quiera proveer, es que «no puede». Pero «no puede» porque «eligió» no recaudar.

El resultado, de consolidarse, sería una transición desde un Estado social incipiente —que Chile estaba construyendo con dificultades desde 2006— hacia lo que los politólogos llaman un Estado residual: uno que provee solo para quienes no pueden valerse de ninguna forma por el mercado, mientras la provisión de salud, educación y previsión de calidad queda reservada para quienes pueden pagarla.

5. La probabilidad de conflicto social: antecedentes y condiciones actuales

El estallido social de octubre de 2019 en Chile no surgió de la nada: fue el resultado acumulado de décadas de promesas incumplidas, de una brecha creciente entre el discurso del «milagro chileno» y la experiencia cotidiana de precarización, endeudamiento y exclusión. Ese proceso mostró que la desigualdad tiene un umbral político: pasado cierto punto, deja de ser tolerada como «el precio del progreso» y se convierte en agravio colectivo.

El proyecto de ley que se analiza opera en un contexto social ya tenso: desempleo juvenil del 22%, 120 mil familias en campamentos, deuda habitacional de 800 mil unidades, y los propios incendios que dejaron miles de damnificados. Implementar en ese contexto medidas que reducen la tributación del gran capital, debilitan la protección ambiental y congelan el acceso a educación superior es una fórmula que históricamente ha generado reacciones sociales intensas, porque la percepción de injusticia distributiva se vuelve palmaria e irrebatible.

La diferencia con 2019 es que ahora existe el antecedente de lo que fue una auténtica Rebelión Social, lo que implica que tanto la capacidad de movilización social como la disposición represiva del Estado están condicionadas por esa memoria. El riesgo de conflicto social no es solo probable en términos abstractos: está inscrito en la propia lógica del proyecto, que profundiza las condiciones estructurales que produjeron el estallido.

6. El Estado represor como horizonte implícito

El orden neoliberal requiere coerción cuando la legitimidad y el consenso se erosionan. El proyecto ofrece algunas señales en esa dirección que merecen atención: el endurecimiento de las sanciones de contrabando, el control cruzado de datos sociales, las sanciones a funcionarios públicos por licencias médicas (un mecanismo de disciplinamiento laboral del sector público), y —sobre todo— el sistema de limitación de medidas cautelares y de restricción de impugnaciones ambientales, que protege la ejecución de proyectos frente a la resistencia comunitaria.

No se trata de medidas abiertamente represivas en el sentido clásico. Pero configuran lo que el jurista Roberto Gargarella llamaría un «constitucionalismo de las élites»: un andamiaje legal que hace muy difícil, oneroso y técnicamente complejo el ejercicio de derechos colectivos (ambientales, laborales, educacionales), mientras protege con precisión los derechos de propiedad y los intereses del capital. La represión, en este modelo, no siempre es policial: es frecuentemente procedimental.

7. La crisis ecológica como contradicción terminal

Quizás la dimensión más inquietante del proyecto es su relación con la crisis climática y ecológica. Chile ya sufre: la megasequía en la zona central, los incendios récord de 2024 y 2026, la acidificación costera, la crisis del sector frutícola. Son fenómenos directamente vinculados al cambio climático y a décadas de sobreexplotación de recursos naturales.

El proyecto responde a esta realidad debilitando el SEIA, limitando las cautelares ambientales, desregulando la acuicultura y ofreciendo invariabilidad tributaria a proyectos mineros, energéticos y forestales por 25 años. Es decir, hace exactamente lo contrario de lo que la ciencia climática indica: en lugar de acelerar la transición ecológica y fortalecer la institucionalidad ambiental, acelera el extractivismo y debilita los mecanismos de control.

Hay aquí una contradicción que no es solo política sino civilizatoria: los modelos de crecimiento basados en la atracción de capital extractivo con incentivos fiscales y regulatorios debilitados generaron las condiciones de vulnerabilidad que los incendios aprovecharon. Usar esos incendios como justificación para profundizar ese modelo es, en un sentido preciso, una forma de acumulación por desposesión sobre el desastre: lo que Naomi Klein llamó «capitalismo del desastre».

Síntesis conceptual

Lo que el documento revela, leído en su conjunto, no es simplemente una reforma económica conservadora, sino un proyecto de reconfiguración del contrato social chileno: del Estado como garante de derechos universales hacia el Estado como garante de contratos privados y seguridad para el capital. Las implicancias no son solo distributivas —aunque lo son— sino también democráticas, ecológicas y de largo plazo civilizatorio.

La pregunta que deja abierta la historia comparada es si ese tipo de proyecto puede implementarse sin producir las contradicciones sociales que lo terminen desbordando. En Chile, esa pregunta ya fue respondida parcialmente en 2019. El proyecto de ley de 2026 parece apostar a que la respuesta puede ser diferente esta vez. Esa apuesta tiene, desde una perspectiva sociológica e histórica, bases muy frágiles.

Fin de parte II y del documento.

Fuente: https://www.elclarin.cl/2026/04/26/analisis-punto-por-punto-del-paquete-neoliberal-de-kast-e-implicancias/