Chile, 11 de septiembre: la memoria exige actuar antes que sea demasiado tarde.

Cada 11 de septiembre Chile vuelve inevitablemente sobre su historia.

por Comisión Ética Contra la Tortura, CECT.

Hace 53 años, el golpe de Estado puso término violento al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende y abrió uno de los períodos más dolorosos de nuestra historia. Miles de personas fueron perseguidas, ejecutadas, hechas desaparecer, encarceladas, torturadas y expulsadas del país. Familias completas fueron quebradas y organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales fueron destruidas y perseguidas.

Pero el golpe no tuvo como único propósito derribar un gobierno. Buscó también derrotar una experiencia histórica de transformación social protagonizada por trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, mujeres y organizaciones populares, que habían acumulado durante décadas aspiraciones de igualdad, justicia social y derechos en todas las áreas del quehacer y el desarrollo humano.

Sobre aquella derrota política y sobre el miedo producido por el terrorismo de Estado comenzó a construirse un cambio profundo de la sociedad chilena. El país fue convertido tempranamente en laboratorio de una reorganización neoliberal que posteriormente alcanzaría dimensiones globales: privatización y mercantilización de derechos sociales, debilitamiento de las organizaciones sindicales, concentración económica, reducción de las capacidades sociales del Estado e instalación progresiva de una cultura donde problemas colectivos comenzaron a ser tratados como responsabilidades individuales. A esto se suma la entrega de la soberanía y los bienes comunes naturales a las grandes corporaciones empresariales transnacionales y nacionales. Por eso el 11 de septiembre de 1973 pertenece a nuestra memoria, pero también a nuestro presente por las consecuencias que persisten hoy para las nuevas generaciones.

La historia no se repite de la misma manera

Las sociedades cambian y también se modifican las formas mediante las cuales se ejerce la dominación. En distintos lugares del mundo, los retrocesos democráticos contemporáneos no necesariamente han implicado bombardear palacios presidenciales, ni clausurar los parlamentos de un día para otro. Gobiernos elegidos mediante procedimientos democráticos pueden comenzar, luego de acceder al poder,  a debilitar los mecanismos de control y equilibrio de poderes, reducir los espacios de participación social, hostigar a las organizaciones de la sociedad civil, desacreditar las normas e instituciones fiscalizadoras, restringir las libertades públicas, perseguir a determinadas franjas de la población, normalizar la excepcionalidad jurídica o convertir la seguridad en fundamento suficiente para ampliar arbitrariamente las facultades coercitivas, represivas y regresivas del Estado.

Hoy, el mundo entero ve que las democracias pueden conservar la rutina electoral y, sin embargo, comenzar a perder lentamente su sustancia. Ese es uno de los grandes aprendizajes que debemos incorporar a nuestra memoria histórica. El autoritarismo del siglo XXI puede presentarse vestido de legalidad: aterriza mediante leyes, invocando el orden, utilizando el miedo; puede convertir la inseguridad social en reclamo de leyes e incluso de reformas constitucionales derechamente liberticidas. Busca construir nuevos enemigos internos y convencer a un país entero de que, para supuestamente recuperar la seguridad nacional y personal, debemos renunciar a derechos y libertades civiles que costaron generaciones conquistar.

Un mundo atravesado por una nueva incertidumbre

Se vive una profunda transformación del orden mundial. Guerras, genocidios, bloqueos criminales, intervenciones militares contra gobiernos de otros Estados; desplazamientos forzados, crisis climática, desigualdades crecientes, concentración extraordinaria de la riqueza, disputas geopolíticas entre grandes potencias, debilitamiento del multilateralismo e invento de nuevas tecnologías capaces de intervenir sobre la información y las percepciones colectivas. Lo que configura un escenario de enorme incertidumbre.

Las democracias tampoco han logrado responder en tiempo y forma a las necesidades de grandes sectores de sus poblaciones. Cuando millones de personas trabajan sin seguridad, no acceden adecuadamente a la salud, la educación o la vivienda, y observan cómo aumenta la riqueza de unos pocos y sienten que las instituciones no responden a sus problemas cotidianos, la promesa democrática comienza a perder credibilidad.

Allí encuentra terreno fértil el autoritarismo. No necesariamente porque los pueblos hayan dejado de valorar la libertad, sino porque una parte de ellos comienza a sentir que la democracia realmente existente dejó de ofrecer respuestas a sus vidas. Ese fenómeno debería preocupar profundamente a quienes defendemos los derechos humanos. Porque no basta defender las instituciones cuando las condiciones materiales de millones de personas deterioran diariamente su confianza en ellas. Defender la democracia exige también transformarla.

América Latina ante una vieja tentación imperial con nuevos instrumentos

Nuestra región conoce demasiado bien la relación entre concentración económica, desigualdad, violencia política y autoritarismo.Pero hoy esa relación adopta nuevas formas. El crimen organizado, la inseguridad, las migraciones, las crisis económicas y el temor social pueden ser utilizados para justificar políticas que amplían las facultades coercitivas del Estado y reducen las garantías de las personas.

La palabra seguridad comienza entonces a ocupar el espacio que deberían compartir también la justicia social, la igualdad, la participación y los derechos.

Este es un dilema que las fuerzas democráticas deben enfrentar con inteligencia.

La inseguridad existe y afecta especialmente a los sectores populares. El crimen organizado constituye una amenaza real para las comunidades y para las propias instituciones democráticas.

Y precisamente por ello debemos rechazar la falsa disyuntiva entre seguridad y derechos humanos.

Una sociedad democrática necesita seguridad.

Pero necesita seguridad con derechos humanos, con justicia independiente, con debido proceso, con control democrático de las policías y con instituciones capaces de fiscalizar al poder.

Cuando para defender la democracia comenzamos a debilitar sus garantías, podemos terminar destruyendo aquello que pretendíamos proteger.

Chile: reconocer las señales antes que el autoritarismo consagre su diseño represivo

Aquí, adquiere especial importancia la situación que atraviesa nuestro país.

Las propuestas destinadas a ampliar las facultades estatales en materia de seguridad, extender las posibilidades de ampliar los estados de excepción, restringir derechos y modificar instituciones fundamentales de protección de los derechos humanos no pueden ser examinadas como discusiones legislativas, independientes unas de otras.

Debemos observar el conjunto.

La experiencia histórica nos obliga a preguntar qué arquitectura institucional comienza a configurarse cuando distintas reformas, aparentemente separadas, producen, acumulativamente, una ampliación del poder coercitivo del Estado y, al mismo tiempo, un debilitamiento de sus contrapesos.

Particular preocupación merece cualquier transformación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que pueda afectar su autonomía, independencia, pluralismo o capacidad efectiva de fiscalizar al Estado.

El INDH no fue creado para acompañar políticamente a los gobiernos.

Tampoco para representar a una mayoría parlamentaria.

La razón de su existencia consiste precisamente en mantener una capacidad institucional independiente para promover y proteger los derechos humanos, especialmente cuando estos puedan ser vulnerados por quienes ejercen poder.

Por eso modificar su carácter no constituye un simple problema administrativo.

Si una institución nacional de derechos humanos pierde autonomía frente a los poderes que debe fiscalizar, se debilita una garantía democrática para toda la sociedad. Hoy puede tratarse de migrantes. Mañana, de pueblos indígenas. Después de estudiantes, sindicalistas, periodistas, organizaciones ambientales, pobladores o manifestantes. Y posteriormente, puede tratarse de cualquier ciudadano

Los derechos humanos tienen precisamente la función de establecer límites que ningún gobierno pueda atravesar, independientemente de su mayoría electoral, su popularidad o la gravedad de los problemas que invoque.

La memoria también exige autocrítica

Pero recordar el 11 de septiembre no puede significar solo enumerar las responsabilidades de quienes destruyeron la democracia. Si queremos verdaderamente aprender de la historia, debemos interrogarnos también a nosotros mismos.

¿Por qué las fuerzas democráticas y transformadoras pierden capacidad para construir mayorías duraderas?

¿Por qué se fragmentan las organizaciones sociales?

¿Por qué tantos trabajadores dejaron de sentirse representados por los proyectos políticos de carácter social?

¿Por qué los sectores populares pueden encontrar respuestas a sus frustraciones en propuestas autoritarias?

¿Por qué nuestras organizaciones envejecen y muchas veces no logran dialogar con las nuevas generaciones?

¿Por qué nos cuesta construir un lenguaje común entre trabajadores, feminismos, organizaciones territoriales, pueblos indígenas, movimientos ambientales, migrantes, juventudes y organizaciones de derechos humanos?

No podremos responder al autoritarismo solo denunciándolo. Necesitamos comprender las condiciones sociales que posibilitan su crecimiento. Y construir la fuerza para aventarlo

Unidad ante los nuevos autoritarismos

Tal vez esta sea una de las principales enseñanzas que debemos rescatar, 53 años después del golpe de Estado.

Debemos aprender a avanzar con unidad:

Antes de que la excepcionalidad sea una normalidad.

Antes de que determinados grupos sean transformados en enemigos.

Antes de que la vigilancia y el control parezcan naturales.

Antes de que protestar sea entendido como una amenaza.

Antes de que disentir sea objeto de sospecha.

Antes de que las instituciones destinadas a controlar el poder sean debilitadas.

Antes de que la desigualdad destruya definitivamente la confianza en la democracia.

Unidad implica también construir – reconstruir.

Reconstruir el tejido social.

Recuperar los territorios como espacios de participación.

Fortalecer sindicatos y organizaciones comunitarias.

Crear redes de solidaridad y cuidado.

Formar nuevas generaciones en derechos humanos y democracia.

Construir medios y formas de comunicación capaces de enfrentar la desinformación.

Defender a quienes defienden derechos.

Vigilar democráticamente las instituciones.

Significa crear amplias alianzas entre organizaciones sociales, culturales, sindicales, feministas, ambientales, territoriales y de derechos humanos.

Y, sobre todo, volver a construir una esperanza política. Porque el miedo no se derrota solo denunciándolo. Se derrota cuando una sociedad vuelve a imaginar colectivamente un futuro posible.

La democracia que necesitamos defender

El 11 de septiembre nos recuerda hasta dónde puede llegar una sociedad cuando desaparecen los límites al poder.

Pero también recuerda algo igualmente importante: hubo miles de personas que, incluso en las circunstancias más difíciles, fueron capaces de organizar solidaridad, defender a perseguidos, denunciar la tortura, esconder a quienes eran buscados, reconstruir sindicatos, crear organizaciones de derechos humanos, recuperar espacios culturales y mantener viva la esperanza democrática.

Esa memoria también nos pertenece. No heredamos solamente el dolor. Heredamos las resistencias.

Por eso nuestra tarea no puede consistir en reconstruir nostálgicamente la memoria sobre el pasado; es necesario entender la memoria como una herramienta transformadora porque las nuevas generaciones necesitan otro horizonte.

Una democracia donde votar sea importante, pero insuficiente.

Una democracia que alcance la economía, el trabajo, los territorios, los cuidados y la vida cotidiana con sentido de justicia social, sustentable con toda vida, cuidadosa y respetuosa de los bienes comunes naturales, especialmente el agua, el mar, la tierra, los bosques, los alimentos…

Una democracia capaz de distribuir poder y no solamente administrar desigualdades.

Una democracia donde la seguridad proteja derechos en lugar de suspenderlos.

Una democracia donde ninguna persona pueda ser considerada prescindible.

Una democracia donde los derechos humanos sean el límite infranqueable del poder.

A 53 años del golpe de Estado que abrió la puerta a la dictadura, rendimos homenaje a quienes fueron asesinados, desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados y perseguidos; a quienes sobrevivieron y opusieron resistencia; a sus familias y todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, de defensa de los derechos humanos y a la solidaridad internacional de otros pueblos que sostuvieron la resistencia y denunciaron la opresión.

Pero rendirles homenaje exige algo más que recordar.

Exige aprender.

Exige organizarnos.

Exige construir nuevas mayorías.

Exige defender cada espacio democrático conquistado y, al mismo tiempo, transformar una democracia que todavía mantiene demasiadas desigualdades.

La historia no nos pide repetirla. Nos pide comprenderla. Y quizás su advertencia más profunda sea precisamente ésta:

Cuando los derechos comienzan a retroceder, cuando el miedo comienza a gobernar y cuando los límites al poder comienzan a desaparecer, no podemos esperar hasta que sea demasiado tarde.

Hay que avanzar antes. En organización, unidad y solidaridad.

11 de Septiembre de 2026 

Fuente: https://notascect.wordpress.com/2026/09/10/11-de-septiembre-la-memoria-nos-exige-actuar-antes-de-que-sea-demasiado-tarde/