Chile escudero: Kast cede ante Trump e ingresa al Escudo de las Américas.

Chile cruza la línea del observador y adhiere al Escudo de las Américas de Trump

por El Mostrador.
La definición despeja meses de cautela del Ejecutivo, pero abre preguntas sobre las obligaciones concretas asumidas por Chile y sobre el alcance político, operativo y militar de una iniciativa cuya arquitectura sigue generando reparos en el Congreso.

Ocho días después de que el propio Presidente José Antonio Kast asegurara que Chile seguía “en calidad de observadores”, La Moneda cruzó la línea. Este martes, tras participar en Nueva York en una reunión encabezada por Donald Trump, el Gobierno anunció la adhesión formal de Chile al Escudo de las Américas, la iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado transnacional. Hasta antes de la cita, la incorporación seguía públicamente bajo evaluación.

La definición cerró una jornada que Chile comenzó todavía oficialmente como observador. En la cita participaron también el vicepresidente estadounidense J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Horas después, el Ejecutivo confirmó que el país pasaba a integrar el mecanismo.

Cancillería lo describió como un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos” y aseguró que la incorporación tendrá beneficios operacionales inmediatos: acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación para Carabineros y la PDI y una mayor coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú. El comunicado añade que cada Estado actuará conforme a sus obligaciones legales nacionales e internacionales.

Ese último resguardo es clave porque la formulación chilena es más acotada que el lenguaje empleado por Washington. Kast salió posteriormente a precisar que la adhesión no constituye un tratado internacional y que el mecanismo apunta a la coordinación y al intercambio de información entre los países participantes. También descartó que habilite operaciones militares estadounidenses en territorio chileno. La aclaración contrasta con el lenguaje utilizado por Trump al lanzar la iniciativa en marzo, cuando anunció una “nueva coalición militar” y llamó a los países participantes a utilizar sus fuerzas armadas contra los carteles.

La controversia tampoco parte desde cero. El 12 de marzo, apenas un día después de asumir, el ministro de Defensa, Fernando Barros, firmó una declaración conjunta de seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles. El documento expresaba la intención de ampliar la cooperación contra el narcotráfico y el “narcoterrorismo” y hablaba de trabajar en coalición, aunque el propio Gobierno sostuvo posteriormente que se trataba de una declaración de intenciones y no de un tratado con obligaciones militares específicas.

“Es necesario dar claridad, sobre todo en política internacional”

Ese historial volvió inmediatamente al Congreso. El diputado Marcos Ilabaca (PS) —miembro de la comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado— acusó falta de claridad sobre lo que acaba de comprometer el Ejecutivo y adelantó que el asunto será parte de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna.

“¿De qué se trata realmente? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Cuáles van a ser las obligaciones de nuestro país respecto a este tratado? O a este convenio, porque tampoco tenemos conocimiento respecto a qué tipo de instrumento internacional se va a utilizar”, cuestionó Ilabaca.

El diputado pidió que Cancillería y Defensa entreguen el contenido íntegro de los compromisos asumidos y planteó dudas sobre una eventual dimensión militar de la cooperación. Ese es precisamente uno de los puntos que Kast buscó despejar posteriormente, al asegurar que la adhesión no constituye un tratado y que el mecanismo no contempla operaciones militares estadounidenses en Chile.

El socialista fue más duro al cuestionar el manejo de la política exterior del Gobierno, al que acusó de estar dirigido por “amateurs”, y sostuvo que existe una “nebulosa” respecto de los efectos de la adhesión. “Es necesario dar claridad, sobre todo en política internacional”, afirmó, agregando que espera que Pérez Mackenna responda sobre este punto durante su interpelación.

El senador Iván Flores (DC) también puso el foco en la autonomía chilena. “La soberanía de los países es una línea que debería ser muy nítida y con esto yo creo que empezamos a ser parte de un club, y ya sabemos quién lo dirige”, afirmó. Flores calificó la determinación como “delicada”.

El legislador cuestionó además la distinción comunicacional entre ingresar al Escudo y participar de las acciones concretas contra el crimen organizado que se articulen dentro de él. “Ya estamos dentro”, sostuvo. Y agregó: “No confundamos a la ciudadanía, por favor. Digámosle la verdad de lo que acaba de hacer el Gobierno”.

“Tenemos que tener de aliados a quienes nos beneficien como país”

En la vereda contraria, la diputada del Partido Nacional Libertario Paulina Muñoz valoró la adhesión y la vinculó tanto con la necesidad de reforzar la inteligencia frente al crimen organizado transnacional como con un acercamiento a Washington. “No es un crimen convencional. Las medidas convencionales no sirven en este caso”, sostuvo. La parlamentaria afirmó además que Chile debe reconstruir su relación con Estados Unidos tras el Gobierno de Gabriel Boric —una crítica política de Muñoz— y defendió abandonar el rol de observador: “Tenemos que tener de aliados a quienes nos beneficien como país”.

Pero los cuestionamientos se suman a los expresados previamente por los presidentes del PPD y la DC, Raúl Soto y Álvaro Ortiz, quienes acompañan a Kast en Nueva York. Soto habló de un riesgo de “subordinación y de sometimiento” frente a Washington, mientras Ortiz cuestionó el componente político e ideológico de la convocatoria. Se trata de críticas opositoras que el Ejecutivo rebate con su tesis de que el mecanismo no afecta la soberanía y de que cualquier actuación chilena quedará sometida al ordenamiento nacional.

Para La Moneda, el argumento central es operativo. El Gobierno menciona amenazas como el Tren de Aragua, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa y sostiene que organizaciones de esa naturaleza obligan a compartir información y capacidades entre países. El Escudo identifica 25 organizaciones criminales o armadas y reúne, junto a Chile y Estados Unidos, a gobiernos de América Latina y el Caribe.

La discusión, por tanto, cambió de etapa. Chile ya no está evaluando si entrar al Escudo de las Américas: entró. Lo que todavía no está desarrollado en los comunicados públicos es hasta dónde llegará esa participación y cuáles serán, más allá del intercambio de inteligencia, capacitación y coordinación fronteriza anunciados, las obligaciones concretas que asumirá el país dentro de una iniciativa que Santiago presenta como voluntaria y que Washington ha definido desde su origen también en términos militares.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/09/22/chile-cruza-la-linea-del-observador-y-adhiere-al-escudo-de-las-americas-de-trump/


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