Involucionando: La Googlelización de la educación pública.

A menudo, cuando hablamos del tándem educación y digitalización, caemos en la trampa de tratar tan solo aquellas grandes cuestiones de profunda transformación cultural que está acarreando la digitalización, como el pensamiento computacional, la inteligencia artificial, la condición de nativos digitales del alumnado o ese nuevo eufemismo de pobreza al que hemos llamado brecha digital, por poner algunos ejemplos. Y tiene todo el sentido. Cuando hablamos de literatura, en lugar de detenernos en los artefactos con los que se han escrito las grandes obras de la humanidad, nos centramos en la retórica, la estética, las formas e, incluso, el pensamiento literario. ¿Para qué detenernos en herramientas pudiendo tratar cuestiones mucho más profundas y excelsas?

En este artículo, sin embargo, vamos a descender por unos instantes a aquellas materialidades tan básicas de la educación digital que apenas han llamado la atención del mundo educativo: los servidores y los entornos colaborativos de trabajo, es decir, las infraestructuras más básicas de la era educativa digital.

Google, la mayor agencia publicitaria del mundo

Desde el año 2010, las infraestructuras digitales de la educación pública catalana están siendo progresivamente servidas –sin licitaciones ni concursos previos– por la multinacional Google. Volveremos a ello más adelante, pero antes repasemos algunos datos sobre la compañía estadounidense. Google pertenece a Alphabet, empresa que se encuentra en el puesto número 5 entre las compañías más valiosas del mundo en cotización bursátil, después de Apple, Saudi Aramco (petrolera), Amazon y Microsoft. La capitalización bursátil de Alphabet es de 1.120.000 millones de dólares (Lacort, 2020).

Google, que ha sabido combinar la cotización en bolsa de su empresa matriz con un discurso corporativo joven, fresco, puntero y atrevido, es la división de Alphabet dedicada a la publicidad. De hecho, es considerada “la mayor agencia publicitaria del mundo” (Lacort, 2018) con una facturación en publicidad que en el tercer trimestre de 2020 alcanzaba los 31.375 millones de dólares (Cinco Días, 2020).

Google AdWords es el servicio nuclear de la compañía, una plataforma de cotización de publicidad donde los anunciantes pujan por palabras y fórmulas de palabras para que sus anuncios aparezcan bien posicionados en los resultados del buscador de Google. Hay otras plataformas satélites, como Google AdSense, puestas también al servicio del negocio publicitario. Pero ¿qué tiene Google para que todo el mundo quiera anunciarse en él? La respuesta es sencilla: tráfico y datos. Respecto al tráfico, Google ocupa la primera posición del tráfico web mundial y YouTube (perteneciente también a Alphabet) la segunda. Entre los dos suman cientos de miles de millones de visitas mensuales (Galeano, 2021). Y a través del buscador, el Gmail, YouTube, el Maps…, y todos los servicios de la empresa, Google almacena miles de millones de datos que ayudan a segmentar y perfilar los targets destinatarios de la publicidad que los anunciantes invierten en los servicios de Google (Lacort, 2018).

El G Suite for Education no es un lápiz, ni una goma ni un papel

Este es el perfil de empresa con el que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya firmó un convenio en el año 2010 para recibir gratuitamente la tecnología de correo electrónico de todo el profesorado público de Catalunya. Este convenio fue la puerta de entrada de la multinacional estadounidense al sistema escolar público catalán. Luego vendría el G Suite for Education, es decir, el paquete ofimático integral de Google vestido, eso sí, de kit educativo.

Las infraestructuras digitales más básicas necesarias para una escuela en la era de la nube son fáciles de enumerar: correo electrónico, entornos colaborativos de trabajo y comunicación, espacios de almacenaje de trabajo personal, funcionalidades de entrega y evaluación de tareas y, finalmente, servidores donde almacenar los datos de forma segura y soberana. Y, ante la falta de previsión y provisión por parte del Departament d’Educació de un paquete educativo tan obvio y fundamental, los centros públicos han encontrado en el G Suite for Education la respuesta integral a todas sus necesidades más básicas y urgentes. Con ello, el desembarco de Google en el sistema educativo catalán ha sido gradual pero imparable y, desde marzo de 2020, la pandemia lo ha acelerado de forma más que preocupante.

El problema es que el G Suite for Education no es un mero instrumento de la era digital, sino que se trata de un paquete inteligente que incluye todos aquellos servicios (Gmail, YouTube, Maps…) que mencionábamos más arriba, con algunos añadidos específicos del entorno escolar como el Classroom. Desde el punto de vista del usuario, se trata de funcionalidades óptimas y supereficaces. Pero desde el punto de vista de la empresa tecnológica, son herramientas que generan datos y los almacenan en los servidores de la multinacional. Huelga decir, eso sí, que la adopción en las escuelas del G Suite for Education se hace siempre bajo una política de privacidad que, según se indica, respeta toda la legalidad vigente. Y, por supuesto, nos lo creemos. Pero el impacto de este desembarco tiene derivas que van más allá de este acto de fe en la política de privacidad de Google. Repasémoslas.

En primer lugar, el desembarco del G Suite for Education en las escuelas es una estrategia de marketing perfecta para que un mercado potencial de cerca de 600.000 personas (si tomamos como referencia la cifra de alumnado matriculado en centros públicos catalanes de primaria, secundaria y bachillerato en el curso 2018-2019) adopte todas las tecnologías de Google desde su más tierna infancia y bajo la incuestionable autoridad de la escuela, que lo legitima probablemente sin reparar en ello. Desde el punto de vista empresarial, nada que decir. Pero desde el punto de vista de la Administración pública es incomprensible que el Departament d’Educació no salvaguarde al alumnado de este tipo de campañas ni garantice la independencia de los centros educativos respecto a las empresas y sus agresivas estrategias de posicionamiento del producto.

Las implicaciones pedagógicas son, en segundo lugar, otro de los impactos del desembarco de Google en las escuelas. Cuando G Suite for Education es la infraestructura del centro, los ordenadores ya no son ordenadores, son Chromebooks; internet ya no es internet, es Google, y el pluriverso infinito de la cultura digital ya no es ni plural ni diverso, es único. El monocultivo de Google implica un peligroso reduccionismo de internet y de lo digital que está en las antípodas de la educación plural y crítica que debe proveer la escuela. La decisión de adoptar las tecnologías de Google no es, por tanto, una decisión meramente formal o tecnológica, sino la elección de un marco epistemológico específico y una decisión, por tanto, profundamente pedagógica y de política educativa.

Finalmente, el uso del G Suite for Education en las escuelas significa la datificación, esto es, la conversión en datos de toda una serie de informaciones que antes formaba parte del universo analógico escolar de niños, niñas y adolescentes y que ahora pasa a estar en los servidores privativos de la multinacional estadounidense. La datificación es doble: por un lado, pasan a los servidores todos aquellos trabajos académicos y las evaluaciones que se crean, comparten y almacenan en el Drive, los Site, el Classroom…, y, por otro, también las interacciones personales más privadas como las conversaciones en los chats, el almacenaje de fotos y archivos personales o incluso los estados de ánimo o pensamientos personales que puedan transmitirse por Hangout, Gmail o Google Forms. La datificación que implica un paquete de estas características es además una datificación de alta calidad, no solo por la información que se genera, sino porque esta está estructurada por grupos de afinidad, grupos-clase, centros escolares, barrios…, y porque son datos de unas personas a cuyas tempranas edades les era muy difícil de acceder a Google fuera del marco escolar. Recordemos que precisamente la legislación europea establece una normativa específica para proteger a los menores del tratamiento de sus datos personales (en España, por ejemplo, el tratamiento de datos personales de un menor de 14 años precisa del consentimiento de los padres, tutores o representantes legales) y que, por ello, la introducción de tecnologías como el G Suite for Education en las aulas requiere que las familias firmen una hoja de autorización.

La agenda educativa de las GAFAM

Ante estos impactos, resulta difícil olvidar que Google es “la mayor agencia publicitaria del mundo”. Como comunidad educativa se nos pide dar un voto de confianza a la multinacional, pero las noticias sobre los escándalos de Google no invitan a hacerlo. Recordemos, por ejemplo, la multa multimillonaria a Google por violar la privacidad de los niños en YouTube (Guimón, 2019) o el escándalo de su acceso sin permiso a datos médicos de miles de pacientes (Molins, 2019). De hecho, el propio Govern de la Generalitat de Catalunya pareció alertar de forma ambigua sobre ello en octubre de 2020 a través de una resolución interna de recomendaciones, sin ir más allá, eso sí, de meras declaraciones (Jorro, 2020).

A nivel internacional, una doble dinámica general dirigida por las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) enmarca esta situación: por un lado, el denominado capitalismo digital, con el que aparece una nueva forma de acumulación basada en la captura masiva de datos –el nuevo petróleo– y el desarrollo de algoritmos para exprimirlos con diferentes usos; y, por otro, el filantrocapitalismo a través del cual las multinacionales donan gratuitamente tecnologías a la sociedad, al tiempo que crean políticas y extraen beneficios de todo ello.

En el ámbito educativo, tal como ha investigado Geo Saura (Saura, 2020), todo esto se ha materializado en la creación, a raíz de la pandemia, de la Global Education Coalition de la Unesco, donde Google, Facebook, Microsoft, la Unesco, EduCaixa y Fundación Telefónica, entre otras corporaciones, han unido fuerzas para trazar y proveer políticas educativas. La macropolítica educativa de emergencia ha dado lugar a una compleja red de entidades e intereses donde toman protagonismo las empresas tecnológicas, no solo para ejercer de proveedoras de tecnologías y almacenadoras de datos, sino también para trazar políticas educativas. Respecto a Google, Saura (2020:164) señala:

“Google lleva ya un tiempo interesada en modificar sus roles de negocios por lo que ha encontrado en el ámbito educativo, a través de sus plataformas educativas, informaciones muy valiosas de datos que procesar. Las donaciones de Google for Education han ido ocupando protagonismo a través de iniciativas que generan nuevos procesos de gobernanza educativa digital mediante la generación, recopilación y procesamiento de datos. Con el uso de las aplicaciones educativas de Google se ofrecen una cantidad de datos digitales que recoge la corporación tecnológica como informaciones de gran valor para las lógicas del capitalismo digital. De este modo, a través de la pandemia Google se consolida como actor político de la gobernanza educativa digital global a través de discursos y software que dirigen los procesos de enseñanza-aprendizaje contemporáneos”.

Así, la instantánea del papel de Google en el sistema educativo catalán es tan clara como preocupante: Google ejerce de herramienta y universo digital, Google monopoliza la tecnología educativa, Google influye en la forma de impartir la enseñanza y el aprendizaje a través de su mediación digital, Google almacena todos los datos generados por el alumnado en sus servidores y Google, “la mayor agencia publicitaria del mundo”, tiene una agenda educativa propia.

El colaboracionismo necesario del Departament d’Educació

Ante este panorama, ¿cuáles han sido las reacciones de la comunidad educativa? En primer lugar, la mayor parte del profesorado, sobrepasado por el trabajo, por la pandemia y por unos recortes que se arrastran desde 2010 y que ya son estructurales, valora con cierta ingenuidad la facilidad de los servicios prestados por Google, que les quita de golpe y gratuitamente un problema de infraestructura básica sin tener que mendigarle ni al Departament ni a las familias. Aquel docente que le arañaba tiempo a las horas lectivas y de preparación de clases para dar de alta usuarios, controlar servidores y solucionar problemas de hardware y software, ya no tiene que preocuparse de nada.

Por parte de las familias, las reacciones son diversas. Unas aceptan pragmáticamente y con despreocupación el uso del paquete Google. Y otras sí han alzado la voz ante los impactos ya mencionados más arriba. En cualquier caso, a todas ellas se les ha trasladado la responsabilidad de decidir sobre el uso de Google a través de la firma de un documento de autorización para menores de 14 años que no suele llevar la información detallada de lo que implica la firma. Se trata de una petición de consentimiento viciado, pues las familias no disponen de información adecuada para firmar, y limitado, puesto que en realidad el margen de decisión no es real ya que, si se niegan a firmar, sus hijos no podrán realizar las actividades de clase con normalidad.

Pero si hay alguien de la comunidad educativa que tiene el deber y la responsabilidad de proveer infraestructuras educativas básicas, garantizar la privacidad y la soberanía de datos y abogar por una educación digital crítica, ese es el Departament d’Educació. Lamentablemente, su política se acerca más al colaboracionismo con la multinacional de la publicidad que a una política educativa hecha para la gente. De entrada, el Departament se ampara en la figura de la autonomía de centro recogida por la Llei d’Educació de Catalunya para pasar a los centros educativos la responsabilidad (y la culpa) de la decisión de adoptar un entorno digital u otro (y estos, a su vez, pasan la responsabilidad a las familias con la hoja de autorización).

Por otro lado, el Departament presume de practicar el neutralismo tecnológico mientras firma convenios con Google, incentiva la formación en el G Suite for Education a través de los Centros de Recursos Pedagógicos, y no habilita directamente infraestructuras propias necesarias para el día a día educativo digital. De sobra es sabido que, ante la falta de alternativas públicas, lo que se impone siempre es el mercado. ¿Cómo es posible que en la capital mundial del World Mobile Congress nuestros políticos sean incapaces de promover el desarrollo de una infraestructura educativa digital puntera, soberana y democrática?

Finalmente, el Departament ha hecho una serie de escenificaciones mediáticas para simular una política educativa responsable y a la altura de los tiempos. Pero la realidad se ha encargado de desmentirlo. Por ejemplo, en julio de 2020 firmaba un acuerdo con Xnet para la digitalización democrática de los centros educativos que, por parte del Departament, ha quedado en papel mojado. Sobre este plan de Xnet, acogido posteriormente por el Ajuntament de Barcelona, hablaremos más abajo, pero antes quisiéramos mencionar la gran perla mediática del Departament: el Pla d’Educació Digital de Catalunya, un proyecto de país, y supuestamente de largo recorrido, que fue anunciado a bombo y platillo en verano de 2020. A principios de verano parecía que el gobierno entendía y compartía la problemática, pero la publicación el 21 de julio de 2020 del Pla d’Educació Digital (Departament d’Educació, 2020) ha demostrado que no hay ninguna intención de hacer una política digital democrática. Más allá de los grandes titulares (300.000 ordenadores portátiles, 1.230 redes Lan Wifi que ¡no estaban antes!, 110.000 paquetes de conectividad para el alumnado vulnerable que ¡tampoco estaban antes!…) y de las cifras básicas (800.000 alumnos, 100.000 docentes, 3.300 centros, 3 ejes de trabajo, 13 objetivos, 25 líneas de acción, 58 actuaciones…), la primera cuestión a destacar es que el plan prevé datificarlo todo: dosieres personales de aprendizaje, portafolios, contenidos, materiales didácticos…, hasta el punto que podría haberse titulado Plan de Mineria de Dades Educatives de Catalunya y habría sido más fiel a la realidad. Se huele, pues, la cultura de la datificación googleiana y su política educativa.

La publicidad destaca, por otro lado, tres ejes de actuación –Alumnado, Profesorado y Centros– y, como discreto anexo, aparece un cuarto eje semiescondido: el de Infraestructura y ciberseguridad, que ni siquiera es considerado como eje central. Y allí, en el Eix Insfraestructura. Objectiu 2. Línia d’acció 2.2. Actuació 2.2.2. Creació i manteniment d’una suite ofimàtica que permeti el treball col·laboratiu, se presenta lo que parece la alternativa al desembarco de Google en el sistema educativo escolar catalán. Y ya. No se especifica ninguna actuación para proveer de servidores seguros que garanticen la soberanía de datos. Se habla de privacidad y ciberseguridad solo para decir que se asesorará a los centros (la responsabilidad nuevamente en su tejado) e incluir un enlace que redirige a unas orientaciones sobre el tema. Esta es la ciberseguridad del Departament.

Finalmente, estando como estamos ante un plan de educación digital de país, sorprendentemente no se hace ninguna referencia a conocimientos sustantivos sobre los actores, los grandes temas y los hechos de la tecnocultura y la tecnología digital. Lo que en el currículum llamaríamos contenidos, con nombres propios (Google, Microsoft, Facebook, Redes Sociales, Big Data, Cambridge Analytica, Inteligencia Artificial, Software Libre, Democracia Digital, Julian Assange, Mark Zuckerberg…), brilla por su ausencia. Es decir, el enfoque es meramente instrumental-competencial, aséptico, neutral, como si la educación digital fuera una mera cuestión formal y procedimental. En prácticamente todas las introducciones a los ejes de actuación se habla de ciudadanía crítica, pero no existe ningún objetivo, línea ni actuación dirigidos a una educación digital crítica y, en consecuencia, sustantiva. El simplismo educativo digital servido en bandeja.

El plan piloto de Xnet como iniciativa de la sociedad civil organizada

Bajo la apariencia de un mero instrumento digital, el caso del G Suite for Education plantea en realidad la necesidad de una infraestructura educativa fundamental y compleja que funciona como: entorno virtual de aprendizaje, comunicación, socialización, almacenaje, creación, información e instrucción, por mencionar solo algunos usos. Y una herramienta que además genera datos muy preciados y nos mediatiza, nada más y nada menos, el acceso al mundo educativo digital.

Esta es la razón por la que un grupo de madres y padres (del que forma parte quien firma este artículo) se aliaron con el colectivo activista digital Xnet para desarrollar un plan a la altura de los tiempos. Presentado en junio de 2020 bajo el título de Propuesta para la excelencia en la privacidad de datos y la digitalización democrática de los centros educativos (Xnet, 2020), el plan parte de la idea básica que son las Administraciones públicas quienes tienen la responsabilidad y el deber de desarrollar una infraestructura educativa digital. A partir de esta premisa, desarrollamos una propuesta basada en tres ejes: servidores seguros y soberanos que respeten la privacidad y los derechos humanos; un paquete educativo integral con herramientas de código auditable (como pueden ser Moodle y NextCloud); formación y capacitación digital del profesorado a través de una red de mantenimiento y apoyo que acompañe siempre a los centros. Ante el abandono del Departament d’Educació, el grupo de madres y padres aliados con Xnet hemos acudido con nuestro plan a otras Administraciones públicas y en estos momentos, bajo el impulso financiero del Ajuntament de Barcelona, ya se está desarrollando un plan piloto de la propuesta de digitalización democrática de Xnet para aplicarla a los primeros centros educativos.

Al hablar de educación y digitalización, el caso de Catalunya y sus infraestructuras educativas digitales básicas son un buen ejemplo de las tensiones entre los intereses de las multinacionales tecnológicas, los juegos de las políticas públicas y el papel imprescindible de la sociedad civil para ejercer presión sobre las instituciones ante los grandes retos de la sociedad digital. La lucha por los derechos digitales tiene en la educación uno de sus principales campos de batalla y el Departament d’Educació no ha mostrado la talla política, humana ni técnica para abordar una cuestión tan crucial como esta. Tomemos pues conciencia de ello, pongamos el tema sobre la mesa, luchemos por una tecnocultura democrática y una educación digital crítica, y exijamos una política educativa responsable y rigurosa a la altura de nuestros tiempos.

18 junio 2021

 

(*) Cecilia Bayo es miembro del grupo de madres y padres aliados con Xnet para la democratización digital de las escuelas

Referencias

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