La realidad olvidada de los presos de la revuelta.
Por Tiare Becerra, Constanza Montenegro, Diego Yáñez y Benjamín Bravo.
Desde octubre del 2019 Chile fue escenario de la revuelta social más importante desde el retorno a la democracia. La vida, cada vez más costosa, se enfrentaba a un nuevo encarecimiento de su valor: el pasaje de metro subió $30. Los estudiantes secundarios y otros sectores sociales se movilizaron en contra de este reajuste.
El 18 de octubre se desarrollaron manifestaciones en distintos puntos del país. Los estudiantes evadieron cada torniquete con el que se cruzaron y la protesta llegó a la después rebautizada Plaza Dignidad, con una consigna enfática: “Chile despertó”.
Era una crisis estructural. La movilización popular lentamente apuntó al sistema en su conjunto. Pero el levantamiento trajo consigo dos pesadillas: la represión mayoritariamente impune y la prisión política para quienes se alzaron contra el sistema neoliberal.
El 12 de febrero de 2021, Nicolás Piña -actual preso de la revuelta conocido como “el ingeniero”-, fue con su pareja y su madre, Paola Palomera, a manifestarse a Plaza Dignidad. La participación en las marchas, cuenta Paola, era costumbre. Nicolás siempre ha sido un hombre de convicciones políticas firmes. Ese día Paola guardaba un presentimiento; el contingente de Carabineros, las calles revueltas y la represión le generaban intranquilidad.
Tras acercarse a mirar un furgón en llamas se dirigieron a otra calle, donde dos sujetos -pertenecientes a la brigada Intra-marchas, grupo de uniformados infiltrados en las manifestaciones- comenzaron a seguirlos. Los individuos cruzaron, les obstruyeron el paso y lanzaron a Nicolás contra una reja. Aparecieron más y -con amenazas y garabatos – sujetaron a Nicolás y golpearon a Paola. Tras ello, apareció un furgón policial cuyos ocupantes detuvieron a su hijo.
“Fue un secuestro, porque nunca supimos lo que estaba pasando. Quedó con el jockey y la polera con sangre. Yo me quedé en la calle, impávida. No podía gritar porque no me salía el habla”.
Cuando se percató de lo ocurrido, pensó lo peor. “Me dije: mi hijo va a ser un detenido desaparecido”. Ante esa situación, Paola comenzaría una lucha de largo aliento: su hijo se convirtió en un preso de la revuelta. Y al igual que él, hay muchos más.
Según el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, las detenciones ilegales desde octubre de 2019 aumentaron en un 77,7% respecto del mismo periodo en 2018.
Por otro lado, distintas entidades dan cuenta de cifras altas, pero no exactas, de detenidos en el contexto de la revuelta: en enero del 2020, la Corte Suprema informó públicamente de 2.201 personas detenidas entre el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020. Según la Mesa Técnica por el Indulto General a los Presos de la Revuelta, serían 1.048 personas.
Irregularidades en el debido proceso
A Nicolás lo acusaron de incendiar un furgón policial. Según el documento del Ministerio del Interior, la querella es por arrojar un artefacto explosivo y homicidio simple frustrado contra Carabineros.
Además de presentar como evidencia un encendedor, siendo que Nicolás no fuma, y una antiparra negra -la del video del incendio es transparente-, la prueba de hidrocarburos salió negativa. A pesar de eso a Nicolás le dieron 60 días de prisión preventiva. El Estado desplegaba sus herramientas de persecución política.
La Defensoría Penal Pública registró 4.905 casos que terminaron en prisión preventiva entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020. Para el 7 de diciembre de 2020 el catastro era de 1.004 medidas de prisión preventiva vigentes.
El abogado de la Agrupación de Familiares de Presos de la Revuelta, Jaime Fuentes, sostiene que a la fecha “contemplamos 44 personas que se encuentran aún en prisión preventiva. Hay personas en espera de juicio que llevan cerca de dos años y tres meses. Es una problemática que ha sido abusiva y traspasada de acuerdo a los lineamientos del derecho internacional”.
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitido en octubre de 2021, ha habido “uso excesivo de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos cometidos en el marco de las protestas. Las medidas cautelares no pueden ser más gravosas que el eventual resultado de una condena, evitando que la prisión preventiva pudiera ser aplicada como una ‘pena anticipada’ más que como una genuina medida cautelar”.
Pero la prisión preventiva no ha sido el único elemento irregular en el proceso judicial de Nicolás. Según Paola, Fiscalía ha ocultado antecedentes en la carpeta investigativa. Esto ha supuesto una extensión de la prisión preventiva, pues la investigación se ha dilatado hasta 97 días. La situación ha obligado a la defensa de Nicolás a operar a partir de suposiciones.
“Fiscalía tiene que presentar evidencias. En el caso de Nicolás tienen que mostrar videos, supuestos seguimientos y muchas cosas. Pero no lo han presentado. Nos tenemos que quedar en el tiempo en que ellos lo determinen”. No obstante, Paola asegura que esto ocurre “no solamente a Nicolás, a otros chicos también. Es una condena anticipada que van cumpliendo”.
Los procesos extensivos no son aislados en los presos de la revuelta. Según E.C., joven detenido el 18 de octubre de 2021, “los querellantes usan todas las herramientas disponibles legalmente para entorpecer el asunto: ocupan los procesos para castigar a las personas”.
Por otro lado, el informe de la ONU afirma que hay “duración excesiva y no justificada de los procesos penales, y esto puede constituir una violación a los derechos a la libertad individual y a ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
Rol de los Poderes Ejecutivo y Judicial
Jaime Fuentes identifica la colaboración activa entre tres órganos estatales: Gobierno, tribunales de justicia y Fiscalía. El primero, según Fuentes, actúa culpando directamente a los manifestantes, “en muchos casos sin tener las pruebas necesarias” y transgrediendo la presunción de inocencia. Los tribunales de justicia, coaccionados por el poder político y creando “prisiones preventivas extensivas y, en muchos casos, sin siquiera escuchar a la defensa”. Fiscalía, por último, ya que “no está actuando de manera objetiva”.
La extensión de los procesos judiciales se contrapone a la decisión de no perseverar en casos de violaciones de derechos humanos durante la revuelta. Según un informe de Fiscalía, inicialmente se abrieron 8.521 causas por violencia estatal, de las cuales 2.013 fueron reagrupadas en otros procesos. De las 6.568 que quedaron, el Estado decidió no perseverar en 3.050 causas, que representan un 46% del total. Solo un caso se cerró con condena.
Si se contrastan estas cifras con las de los presos de la revuelta se puede ver que, según el catastro de la Mesa técnica del Indulto General, en tan solo un 2% de los casos el Estado decidió no perseverar y en un 66% de los casos los presos de la revuelta se encuentran en calidad de imputados y no condenados.
“La Ley de Seguridad Interior del Estado es de carácter ideológico”
La fiscal de la república, Ximena Chong, estuvo al frente del caso del puente Pío Nono, donde un manifestante fue lanzado al río Mapocho por un carabinero. La agrupación de extrema derecha “La Vanguardia” amenazó de muerte a la abogada. En la investigación se descubrió que el grupo tenía armamento de guerra. A pesar de eso, no se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE).
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró en el juicio contra los imputados que las armas contenidas en el domicilio eran “utensilios”. Solo uno de los ocho involucrados quedó con prisión preventiva, el resto solo con firma mensual.
La Ley de Seguridad Interior del Estado declara ilegal a quienes “inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ella”, con el fin de reemplazar la fuerza pública.
En un informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregado en 2020 se señaló que existen 1.054 querellas que invocan dicho cuerpo legal. Por ejemplo, en un 93% de los casos de robo en lugar no habitado durante la revuelta la cartera ministerial se querelló por LSE, incluso cuando la misma tienda o supermercado afectado no presentaba acción criminal.
Según Jaime Fuentes, “la Ley de Seguridad Interior del Estado es aplicada por el mismo Estado, por medio de querellas”, quedando una ley de carácter ideológico. Agrega que “en muchos casos no tenemos más que declaraciones de Carabineros como pruebas”.
De acuerdo a Fuentes, casos como el de “La Vanguardia” esclarecen las diferencias entre quienes amenazaron a la fiscal Chong y las personas que “fueron detenidas en un contexto de manifestaciones sociales, y donde se les aplica (la LSE) sin siquiera haber encontrado armamento”, aplicando una ley sin objetividad y que “no está respondiendo a los parámetros legales del derecho penal”.
Condiciones sanitarias y violencia sistemática
La mayoría de las prisiones preventivas de la revuelta derivan al módulo 14 del centro penitenciario Santiago 1. Al ser una cárcel concesionada, la condición de los presos es crítica.
Paola Palomera explica que su hijo optó por el veganismo, sin embargo, la concesión “les provee una alimentación que no se condice para nada con su dieta”.
Fuentes respalda esta información al asegurar que los presos “constantemente están en condiciones de desnutrición debido a la gesta alimenticia que se les está administrando de parte de los recintos penitenciarios”. Sin embargo, en salubridad las deficiencias son más claras.
En enero de 2020, Guillermo -nombre ficticio de un preso de la revuelta que mantiene en resguardo su identidad- fue detenido por Carabineros y derivado a Santiago 1. Cuenta que, durante su permanencia, vio personas heridas con perdigones en los brazos y en la espalda.
Una persona cercana a Guillermo, aún privada de libertad, perdió el hígado por una bala que disparó la Policía de Investigaciones. Dada la gravedad, el herido necesitaba limpieza, pero la asistencia médica en Gendarmería “es mala y nula”.
Según un informe entregado por el Colegio Médico (Colmed) a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en mayo de 2021, los presos de la revuelta sufren incumplimientos en cuidados básicos de salud, pues “estos deben recibir una atención similar a la que recibirían en libertad”.
En algunos casos específicos, indica el Colmed, los presos de la revuelta con enfermedades catastróficas no han podido tener garantías de acceso, oportunidad, calidad ni protección financiera ante patologías cubiertas por las Garantías Explícitas en Salud (GES).
“Si te duele algo, si no tenís sueño, te dan una pastilla, y no hablamos de paracetamol, hablamos de pastillas más fuertes: zopiclona y pastillas que te hagan sentir que estás bien”, relata Guillermo.
También existe una fuerte situación de hacinamiento. En una celda habilitada para dos personas pueden llegar a convivir cinco reos. Muchas veces no hay colchones y frazadas disponibles para todos. Además de plagas de chinches que invaden las celdas, con la llegada de la pandemia se les negó el alcohol gel, mascarillas u otras medidas sanitarias.
Estos factores generan un estado crítico de salud. Sin embargo, la situación sanitaria no era el único problema. La violencia también forma parte de la prisión.
La vida dentro del centro penitenciario era dura: “La cárcel es una selva. Saber las jergas, los líderes y quién es el paco que está comprado es de vida o muerte”.
Guillermo estaba en prisión durante el motín del 19 de marzo. Los rumores eran fuertes. Todos los prisioneros estaban al tanto. Durante la mañana de un día de visita, se desató una batalla entre gendarmes y reos: “Empiezan a escucharse sirenas del fin del mundo y empieza la revolotera de lacrimógenas, perdigones, balines, ratis y gendarmes por los techos. Nosotros sin saber qué pasaba”.
Para hacer el motín los reos fingieron que alguien había sido apuñalado. Cuando los gendarmes se acercaron, Guillermo vio “al paco abriendo la reja y cómo dos encapuchados lo agarran del cuello y se lo llevan para dentro. Le sacan las llaves y las tiran para nuestro módulo. Nadie las agarró porque sabíamos que si nos metíamos en eso sería mucho peor para nosotros”.
La situación para los presos tras el fallido motín fue crítica. Se les encerró en celdas más pequeñas -en espacios de cuatro metros cuadrados, recluyeron a siete personas-, se les prohibió el acceso al patio y se les quitó el almuerzo.
No obstante, el hostigamiento de Carabineros a los presos políticos escapa de la realidad carcelaria. Durante su arresto domiciliario total, Guillermo fue víctima de visitas reglamentarias en plena madrugada. Esto no solo repercutió en él, sino en su vida familiar: “Esos meses fueron duros. Estar tranquilamente en la pieza y que lleguen (carabineros) a las 4 de la mañana”, relata Guillermo. Desde el segundo semestre de 2020, Guillermo se encuentra con libertad vigilada. Las repercusiones psicológicas tras ocho meses de encarcelamiento son evidentes. “La gente me quería tender una mano, pero yo estaba tan mal que no podía aceptarla. Independiente de que se me borren los antecedentes y la condena, no se va a borrar lo que viví. Esa es la condena definitiva de tu vida”.
27 de diciembre, 2021.
Fuente: https://www.primeralineaprensa.cl/?p=5978
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