El Salvador, el país del miedo.

«Alrededor del 60% de las personas detenidas en los últimos dos años son ciudadanos comunes; tan sólo en el 40% de los casos se trata de pandilleros».

por Marleen Bosmans (*)/Rebelion.

Después de 28 años regresé a El Salvador. Este artículo es parte de un reportaje sobre una revolución que descuidó a sus propios hijos y sin quererlo engendró a un monstruo.

El orgullo de Bukele

El país más seguro de América Latina, así pregona Bukele su política en la Asamblea General de la ONU en septiembre del año pasado. El auditorio se ve bastante vacío. No se puede decir que se trata de una reunión familiar, pero la radiante presencia de su esposa y su hija recompensa mucho para el presidente. Que El Salvador tiene derecho a resolver sus problemas a su manera y que para ello no necesita ni ayuda ni críticas del exterior, repite hasta la saciedad. «El país más pequeño del continente ha dado los primeros pasos para lograr su sueño de grandeza,» ostenta con orgullo. En El Salvador ya no hay pandillas.

Recuerdo la grabación de una reunión de Bukele con representantes de la policía nacional en el palacio presidencial un año antes, en octubre de 2022. Detrás de él, un cuadro grande del monseñor Romero, los oficiales de la policía en uniforme impecable, Bukele informal con un polo rojo. El presidente tiene la palabra. Tema: «la ironía de los derechos humanos». Es obvio que no estima mucho las ONG y las organizaciones internacionales y su discurso sobre los derechos humanos. Según Bukele, “su enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de las gente honrada a nadie le importan sus derechos”. Otra manera para decir a sus invitados ‘felicitaciones, que sigan adelante’. Unos meses más tarde, Human Rights Watch y Cristosal, dos organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, publicarán un informe conjunto bajo el título revelador “Podemos detener a quien queramos».

La historia de Ernesto y de tantos otros

Ernesto me llama. Prefiere hablar a solas conmigo. Le hace sentir más seguro. Hace dieciocho meses le detuvieron a él junto con su hijo. Así nomás, de día, en plena calle. Después de cuatro semanas fueron puestos en libertad. Un mes más tarde volvieron a detener a su hijo. Ernesto ya lleva más de un año esperando noticias. Me enseña fotos de su hijo y de su nieto para demostrar que dice la verdad. Su hijo no sólo es inocente sino también está gravemente enfermo. Ya entonces, aquella primera vez, estaba recuperando de una enfermedad que podría haber sido fatal. Y sin la asistencia debida probablemente le será fatal, pero no me atrevo a decírle esto.

Cada mes Ernesto prepara un “paquete” para su hijo con algunos frijoles, harina de maíz, galleticas, cornflakes, papel higiénico y medicamentos. Costo: 80 dólares, una fortuna para un pequeño agricultor que ni siquiera tiene la certeza de que su hijo lo reciba. A veces los guardias retienen algo. Es su hija la que lo lleva a la cárcel. No la dejan nunca ver a su hermano. El propio Ernesto ya no se atreve a salir solo de la casa. Cuando estuvo en la cárcel vio con sus propios ojos como los guardias asesinaron despiadosamente a tres de sus compañeros de prisión. A uno le asfixiaron con un hilo de garrote, a otro le metieron un gas venenoso en la garganta y a un tercero le mataron a golpes. Le prometo contar su historia. Concertamos y decidimos no mencionar sus nombres reales ni publicar las fotos, pero sí insiste en que el mundo sepa lo que está pasando en El Salvador.

Ernesto no es el único. Nunca he visto a tanta gente con tanto miedo. A veces se cierra la puerta con llave y alguien se pone de vigilante de manera discreta, pero por lo general los encuentros suelen organizarse en lugares insospechados. Su voz se les corta más de una vez o toman aliento mientras que corren las lágrimas. La estadía en la cárcel ha dejado graves traumas. Igual se siente la desesperación de los que ya llevan meses, o años, esperando en vano noticias sobre su marido, su esposa o sus hijos. No tienen con que pagar un abogado. Los que no tienen dinero dependen de la Procuradoría. Pero el fiscal se niega a recibirlos. Ni siquiera quiere que le entreguen los documentos que deben probar la inocencia de las víctimas. Todos saben que pueden ser detenidos en cualquier momento.

“Tengo miedo”, dice un hombre, un exfuncionario político. Tiembla su voz. Tiembla su cuerpo. Todo el tiempo se levanta para volver a sentarse mientras que seca el sudor de su frente. Le acusaron de enriquecimiento ilícito. Nos muestra el informe judicial que concluye que es inocente. Cincuenta y cuatro días después de esta notificación, la policía se asoma a la puerta de su casa. Pasa dos años y tres meses en la cárcel. La orden judicial de ponerle en libertad es simplemente ignorada. Su experiencia carcelaria fue peor que los 12 años de guerra, dice. “Tener miedo es humano”, se disculpa. “San Romero, Roque Dalton y Nelson Mandela me enseñaron que ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente es aprender a superar ese miedo”. Es posible que aún se rinda y admita que es culpable y “devuelva” el dinero para por fin poder estar tranquilo. Todavía no le cabe en la cabeza lo que le está pasando. Siempre ha sabido trabajar bien con Bukele, le ayudó a crecer. Hasta que se hizo presidente.

Cárceles desbordadas

Nadie sabe exactamente cuántas personas están encarceladas. El embargo sobre la información pública hace que las autoridades no publican cifras desde hace el 2020. En septiembre del año pasado Gustavo Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, descorre el velo. En año y medio, desde que comenzó el régimen de excepción en marzo de 2022, la población carcelaria se ha triplicado. Más de 72.600 personas ya han sido detenidas, por lo que el número total de presos supera los 100.000, o sea el 1,6% de la población total. En la megacárcel de Tecoluca, que todos conocemos por las imágenes en los medios de comunicación, todavía queda mucho espacio. La cárcel está diseñada para 40.000 reclusos y equipada con celdas hacinadas para cien personas sin la más mínima privacidad, 24 horas al día, 7 días a la semana.

El hecho de que Bukele nombrara a Villatoro ministro de Justicia en marzo de 2021 extrañó a muchos. La trayectoria del hombre no es intachable. En su anterior calidad de director de la Superintendencia del Sistema Financiero – también designado por Bukele – prohibió a los bancos romper los vínculos comerciales con clientes sospechados de crímenes financieros. Esta medida es una clara violación de la ley salvadoreña contra el lavado de dinero del narcotráfico.

En su lucha contra la violencia de las pandillas, Villatoro se fija en un solo objetivo: encarcelar a 80.000 pandilleros. A la policía se le impusieron cuotas. Tiene que alcanzar al menos 1.000 detenciones diarias. Es de por sí que esto abre la puerta a todo tipo de abusos. No se conocen las cifras exactas sobre el número de pandilleros. El hecho de que el ejército y la policía hayan podido detener a decenas de miles de personas en un tiempo récord sin la menor resistencia por parte de las pandillas, bien que operen en más del 90% del país, suscita dudas entre algunos. No hay quien sepa cual es el plan. Los documentos políticos con respecto a la seguridad nacional también están bajo embargo.

Se estima que alrededor del 60% de las personas detenidas en los últimos dos años son ciudadanos comunes; que tan sólo en el 40% de los casos se trata de pandilleros. La inmensa mayoría de los presos todavía está a la espera de que su caso sea llevado al tribunal. El exrector de la UCA, el padre Andreu Oliva, también sabe de unos 200 casos de detenidos muertos bajo custodia. Muchos murieron porque se les negó la atención médica necesaria. A veces los cuerpos muestran signos de tortura. Es probable que el número de muertos sea mucho más elevado. Incluso hay informes de la existencia de fosas comunes dentro de los muros de las cárceles. No siempre se informa a las familias de los detenidos fallecidos.

Régimen de excepción y leyes draconianas

Todo esto no hubiera sido posible sin que la Asamblea aprobara la declaración del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. Éste implica, entre otras cosas, las suspensión de las libertades constitucionales y la detención de presuntos integrantes de pandillas sin necesidad de orden judicial. La decisión de la Asamblea se dio un día después de una explosión sin precedentes en el número de homicidios, 92 en total en sólo tres días. Los hay quienes dicen que la causa de este estallido de violencia brutal radica en la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y las pandillas. Otros me confían que es todo lo contrario y que los homicidios son el resultado de un acuerdo entre el gobierno y los jefes de las pandillas con el fin de darle a Bukele una justificación para declarar el régimen de excepción. Las víctimas aún no estaban enterradas cuando el ejército y la policía ya habían detenido a 633 personas. No está claro si alguien ya fue llevado ante la justicia por esos homicidios.

La Asamblea también se puso a reformar y endurecer la legislación penal a un ritmo rápido. Los familiares, abogados, periodistas y miembros de organizaciones sociales que se benefician de manera “directa o indirecta” de sus relaciones con las pandillas ahora arriesgan una pena máxima de 30 años en lugar de seis. La imputabilidad ya no se aplica a menores de 12 a 16 años para los cuales se estableció una pena de diez años por pertenencia pandillera; para los menores de 16 a 18 años, la pena máxima se elevó a 20 años. Para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, los tribunales ahora pueden organizar audiencias masivas con la participación de entre 200 y 600 detenidos que ​​deben comparecer ante un juez anónimo y “sin rostro”. A menudo estas audiencias se hacen de forma virtual. Regularmente los detenidos no encuentran a su abogado sino al comienzo de la audiencia y por no más de algunos minutos.

La Constitución estipula que el régimen de excepción se puede declarar por una duración máxima de de 30 días y puede extenderse no más de una vez por otros 30 días. Hasta la fecha ha sido extendido una y otra vez cada mes. La excepción se hizo la regla, lo que también fue la promesa electoral de Bukele. Según algunos observadores, ya hay 200 «expedientes fabricados» con acusaciones falsas para ser activados inmediatamente después del inicio del segundo mandato presidencial de Bukele.

De vuelta a los tiempos de antes de la guerra

MOVIR (Movimiento de Víctimas del Régimen) es una organización salvadoreña que representa los intereses de los detenidos inocentes y sus hijos. Estos son abandonados por las autoridades y privados de su derecho a la educación y la salud. MOVIR se empeña a conseguir la lista con los nombres de todos los detenidos, pero lo logra solamente poquito a poquito. En su grupo de WhatsApp tiene a unos 3.000 miembros, pero cada vez que se espera otro operativo de la policía la gente tiende a retirarse. El Representante Permanente de las Naciones Unidas se muestra reacio a recibirlos con el argumento que ocupa una función diplomática y quiere evitar problemas. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Cruz Roja Internacional también prefieren guardar distancia. El nuncio apostólico los recibe sólo después de mucha insistencia y trata de sosegarlos: “Ustedes hacen lo que ustedes tienen que hacer. Nosotros hacemos lo que nostros tenemos que hacer”. Y eso en el país de Romero.

Todos están alerta, incluso los representantes extranjeros. Nunca se sabe quién está escuchando, se dice. Les parece mejor cooperar que contrariar. Aunque a algunos les cuesta disimular su admiración por los logros «únicos» de Bukele. Le consideran SMART (Specific/Específico – Measurable/Medible – Achievable/Alcanzable – Realistic/Realista – Timely/Acotado en el tiempo), un término utilizado en los manuales de la cooperación al desarrollo.

La coyuntura actual se parece en mucho a los años siniestros de los 70 en vísperas de la guerra. Pero en aquel entonces los cadáveres mutilados estaban expuestos al intemperie en las calles. Ahora la represión opera de manera más bien invisible. La mayoría de los circunstantes prefieren cuidarse adheriéndose al discurso oficial sobre “los delincuentes”. Pero todos con quienes hablo saben: la situación se va a empeorar.

(*) Marleen Bosmans es politóloga y trabajó durante más de 40 años como experta de derechos humanos en distintas áreas de la cooperación internacional de Bélgica en América Latina y el Caribe, Africa y Asia.

Traducción hecha por la autora. Versión original publicada en De Wereld Morgen, Bélgica, 26 de marzo de 2024 bajo el sistema de Creative Commons: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2024/03/26/el-salvador-waar-de-mensen-bang-zijn/.

Fuente: https://rebelion.org/el-salvador-el-pais-del-miedo/


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